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En qué quedó una promesa electoral de 2019: con los intereses de las Leliq del BCRA las jubilaciones podrían haber subido un 40% más
ABC Mercado de Cambios S.C. comunica sobre la fuente de la siguiente nota:
Texto informativo: 13/09 - 07:42 Infobae.com
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Por Juan Gasalla - Dos años atrás, Alberto Fernández prometió que si era electo Presidente incrementaría las jubilaciones un 20%, costo que cubriría al “dejar de pagar los intereses de Leliq”. Pero la realidad se impuso a las proyecciones: no solo el Banco Central debió emitir más bonos de deuda (Letras de Liquidez o Leliq, y Pases pasivos), sino que el pago de intereses se fue espiralizando al alza, mientras que el deterioro del poder adquisitivo de los haberes se extendió por cuarto año consecutivo.

Hay que tener en cuenta que la pandemia del coronavirus profundizó la crisis económica, recortó los ingresos tributarios y obligó a un asistencia monetaria récord del déficit fiscal, lo que es lo mismo que decir que se apeló a la “maquinita” del Banco Central para cubrir el rojo de las finanzas públicas.

Por este motivo, el BCRA no solo no pudo dejar de pagar intereses de Leliq, sino que incrementó la emisión de pasivos remunerados para absorber el excedente de pesos emitidos y reprimir su efecto inflacionario.

Traducido en números, mientras que en 20 meses de administración de Alberto Fernández el Tesoro destinó unos $3,9 billones para el pago de jubilaciones y pensiones contributivas -según estimaciones en base a Anses y al Ministerio de Economía-, en el mismo lapso, el Banco Central pagó por intereses de Leliq y Pases unos $1,54 billones.

De haberse cumplido aquella promesa de campaña de Alberto Fernández, se le podría haber pagado a cada jubilado y pensionado un 39% más que el haber presente. La masa de pesos por los intereses de Leliq y Pases podría haber aportado unos $11.250 extra por mes para cada jubilado y pensionado en los últimos 20 meses. O visto de otro modo, con poco más de 6,8 millones de beneficiarios (5.159.630 jubilados y otros 1.666.655 perceptores de pensiones contributivas a marzo pasado), se podría haber pagado un bono de $225.000 por persona.

 “Los mercados se preguntan, cómo el Gobierno desarmará la montaña de pesos y emisión, deuda y pasivos remunerados del BCRA, que conlleva a una inercia inflacionaria de difícil contención. Si bien no hay certezas de cuáles serán las medidas, todos concuerdan que serán entre las elecciones generales e iniciado el 2022. Muchas de las medidas posibles son las solicitadas por el FMI para avanzar con el Acuerdo”, destacó el economista Joaquín Marque, director UG valores.

“Si bien no hay posibilidad de eliminar el cepo cambiario en los próximos meses, para poder lograr un aumento de inversiones y una mayor recuperación económica, será necesaria una mayor flexibilización del mismo. Por otro lado, los inversores temen que la búsqueda de un mayor equilibrio fiscal continúe siendo a través de subas de impuestos a Bienes personales y aumento de retenciones a las exportaciones”, describió Joaquín Marque.

Un informe del Iaraf (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) explicó que “el gasto público requiere ser financiado. Se lo puede hacer con impuestos legislados, con impuesto inflacionario -vía emisión monetaria- o con endeudamiento. Concretamente, el déficit fiscal, que es la diferencia entre gastos e ingresos, cuando se financia con endeudamiento genera un aumento equivalente del stock de deuda del sector público”.

En este aspecto, hay que considerar que las prestaciones sociales representan poco más del 50% del gasto corriente primario, y de este item, uno de cada seis pesos es destinado al pago de jubilaciones y pensiones contributivas. Por lo tanto, en un marco de alto déficit fiscal, hay que subrayar que este gasto social es inelástico y difícil de reducir dado que crece al ritmo de la inflación, aún con la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria.

El Iaraf remarcó que “el endeudamiento debe hacerse para cubrir el déficit primario y los intereses de la deuda. Estos últimos en parte son consecuencia del stock de deuda con el que se inicia una gestión, y en parte del déficit fiscal que se sigue generando. Dado esto, si en el primer año de gestión se toma deuda para financiar el déficit, en el segundo año el gasto devengado en intereses debe reflejar ese incremento de deuda del primer año”.

Y acotó que “la continuidad del déficit fiscal da continuidad a sus consecuencias. La discusión de la sociedad no debería ser cómo financiar el déficit sino cómo solucionar el problema del déficit, y así evitar las consecuencias permanentes sobre los indicadores socioeconómicos -pobreza, desempleo, desigualdad- que traen los brotes inflacionarios, las devaluaciones y los default”.

Desde Ecolatina recordaron que “en 2020, la irrupción de la pandemia alteró los planes de todos los agentes de la economía. El Estado nacional no quedó exento de este impacto, ya que se vio obligado a asistir a familias, empresas y otras entidades del sector público frente al desplome de sus ingresos. En simultáneo, su propia recaudación también se veía fuertemente deteriorada por la magnitud de la crisis”.

“De esta manera, el déficit de las cuentas públicas se disparó, alcanzando récords negativos de 6,4% del PBI -sin considerar el pago de intereses- y 8,3% incluyendo las rentas de la deuda”, agregó Ecolatina, mientras que “gran parte del bache fiscal se cubrió con emisión monetaria. Así, la asistencia del Banco Central al Tesoro (utilidades y adelantos) alcanzó los 7,3 puntos del PBI”, unos $2 billones de emisión en 2020, equivalentes a USD 26.000 a un dólar promedio de $76,44 el año pasado.

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