Por Carlos Burgueño - En pocos días la coalición gobernante deberá tomar una decisión de Estado, que probablemente defina la suerte que tendrá (al menos en los mercados locales y extranjeros), la propuesta oficial. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, sólo ellos, tendrán que resolver si aceleran las negociaciones de Martín Guzmán en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y firman el acuerdo de Facilidades Extendidas que, en sus lineamientos generales y tal como adelantó este diario, está ya cerrado. Y del que sólo restan terminar de discutir (algo nada fácil por cierto), las metas fiscales, cambiarias y monetarias que el país deberá desandar entre el 2022 y el 2026; año en el que deberá comenzar a cumplirse con los pagos al organismo que hoy maneja Kristalina Georgieva.

El Presidente y la Vicepresidenta tendrán que decidir si le dan la orden al ministro de Economía para avanzar con las negociaciones finales para que el acuerdo pueda cerrarse, firmarse la Carta de Intención, pasar el tema al Congreso Nacional (las autoridades local) y al directorio del Fondo (los encargados del caso argentino) y finalmente, si el board del organismo da el visto bueno, cerrar toda la historia que comenzó en octubre de 2020 con un apretón de manos.

Desde el Ejecutivo se busca que los tiempos se aceleren. Hay 1.800 millones de razones para que eso ocurra. Ese es el dinero en dólares que el país le debe pagar al FMI el 30 de diciembre por el segundo pago del stand by correspondientes al cronograma 2021 del acuerdo firmado por Mauricio Macri en 2018; y que Guzmán, el presidente del Banco Central y el resto del Gabinete Económico quieren mantener dentro de las reservas líquidas para ejecutar política fiscal y cambiaria en el próximo ejercicio. Desde el “ala política electoral”, más cercana al kirchnerismo puro y duro, aún no hay una decisión tomada sobre la velocidad de anuncio del acuerdo con el FMI; ante las especulaciones (lógicas) sobre la conveniencia electoral de presentar en sociedad un acuerdo con el organismo financiero de semejantes dimensiones económicas para el país.

Razones

Los defensores de la firma rápida aseguran que una presentación del facilidades Extendidas antes de noviembre, con una buena estrategia comunicacional, no le haría perder votos al oficialismo; ya que el núcleo duro de sus votantes lo harían cualquiera sea la situación general de la negociación de la deuda externa. Y que un acuerdo final no impactará en la voluntad de acompañamiento de los candidatos oficialistas, aunque se trate de una capítulo duro de aceptar para el paladar kirchnerista.

Otras fuentes del costado más político dudan del efecto neutro del anuncio, y creen que aún hay una línea delgada de aceptación popular ante las elecciones, que podría mostrarse reacia a aceptar el Facilidades Extendidas en los términos en que se negocia. La decisión final la tomarán Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, luego de escuchar las posiciones de Sergio Massa, Martín Guzmán, Máximo Kirchner, Axel Kiciloff y algún que otro autorizado a opinar que sea citado oportunamente.

Sobre los términos del acuerdo, no habrá novedades a lo que ya este diario anunció el 23 de agosto pasado. Será a 10 años, con una tasa preferencial de 1,05% y con una cláusula especial que si existieran en el futuro mejores condiciones de pago que las que impone un clásico Facilidades Extendidas, automáticamente Argentina podría acceder a esos beneficios. Las inspecciones vinculadas al artículo IV serán espaciadas (dos veces por año), no invasivas y discretas. El país comenzará a pagar 4,5 años después de firmado y el Gobierno se compromete a llegar a un equilibrio fiscal antes de comenzar a concretar esas liquidaciones.

Intereses

El principal éxito del ministro de Economía y su gente en las negociaciones, fue lograr que al país no se computen las tasas de interés sancionatorias que se le ejecutan a los estados incumplidores. Se le aplicará al país una tasa de 1,05%, una reducción sustancial ante el 4,05% que hubieran correspondido.

Esto implica una reducción de entre u$s9.000 y u$s10.000 millones en todo el tiempo del acuerdo de los 10 años de vigencia del Facilidades Extendidas. Será el principal beneficio que se le aplicará al país, y fue negociado, además de Guzmán, por el propio Alberto Fernández ante los principales líderes mundiales con los que se reunió desde febrero de este año. Pero fueron las últimas reuniones directas con enviados del Gobierno de Joe Biden las que destrabaron definitivamente la alternativa. Sin el voto positivo de EE.UU. y su 17% de acciones en el board, hubiera sido imposible cualquier modificación especial del Facilidades Extendidas clásico.