Por Martín Kanenguiser - Más allá del entusiasmo inicial que mostraron los mercados, resulta difícil encontrar a un economista que imagine un cambio de rumbo del Gobierno que pueda estabilizar la macroeconomía, o inclusive que le pueda permitir cambiar el resultado de las PASO. Y, dado este panorama, la pregunta más relevante es qué hará el Ejecutivo entre noviembre de este año y el final del mandato presidencial, con fuertes vencimientos de deuda en el medio y sin un ancla relevante.

El diagnóstico más tajante fue del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF). “No creemos que el resultado de las primarias cambie rápidamente la política de Argentina”, señaló el think tank de los bancos internacionales.

“Devaluar el tipo de cambio oficial tiene un gran costo inicial; emitir menos dinero significaría gastar menos justo antes de las próximas elecciones; y acudir al FMI no es agradable, por supuesto”, expresó el economista de IIF Sergi Lanau.

Tras los comicios, el Banco Central les transmitió a algunos economistas locales que no está en sus planes acelerar la devaluación del tipo de cambio, pero no tanto porque tema un mayor efecto inflacionario, sino más bien porque su conducción no sabe quién quedó a cargo de las órdenes para el ala económica dentro del Gobierno.

Esta pequeña anécdota refleja en forma nítida el lógico estado de ánimo de confusión que predominaba en el oficialismo horas después de la derrota del domingo. Y varios economistas que pasaron por altos cargos de la función pública saben que es mejor decidirse para un lado u otro que estar paralizado, algo que temen que persista en las próximas semanas si se acentúan las “facturas” internas dentro del Frente de Todos acerca de las razones de la derrota y las posibles salidas para mejorar la performance en noviembre.

Sobre todo, cuando al parecer el kirchnerismo más duro cree que el problema fue la “moderación” del ministro Martín Guzmán, que, al mismo tiempo, hasta ahora no le permitió alcanzar ningún logro macroeconómico sustancial.

Entre los economistas la discusión sobre el trade off entre el corto y el mediano plazo es la verdadera grieta; en este caso, si el Gobierno debe poner más dinero en la calle -razonamiento lógico de cualquier gobernante que acaba de perder en las urnas-, a costa de que esa mayor liquidez pueda generarle efectos indeseados (mayor brecha cambiaria o inflación, según un consultor ligado al Frente de Todos) sin contar tampoco con la certeza de poder ganar en noviembre.

Ilan Goldfajn, el nuevo auditor regional del FMI

Al respecto, el economista de la UTDT Eduardo Levy Yeyati expresó que es posible esperar un “cambio forzado de mix de políticas. Menos creatividad legislativa y tributaria, con un Congreso menos activo tras el recambio y más intervención directa en tarifas, cepos, emisión y contingencias previsionales”.

Tal vez sea el momento en que se concrete finalmente la esperada suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias que negociaron Guzmán y el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, junto con la del salario mínimo, que se vuelca sobre los planes sociales, entre otras medidas. “Van a aumentar las inconsistencias y después de noviembre hay que ver quién se hace cargo de todo este paquete, con un gobierno perdido y una oposición que tiene pocos incentivos para sentarse a dialogar”, comentó, con algo de pena, una importante economista de muy buen diálogo con los empresarios.

Pero también lo señalaron personas que conocen muy bien al Gobierno, como el fundador de AdCap, Javier Timerman, quien señaló a Infobae que “la reacción se va a dividir en dos etapas” .

Al respecto, nadie espera un corte de mangas tan abrupto desde Buenos Aires, pero seguramente habrá muchos dirigentes del oficialismo que pensarán -otra vez, como ocurrió con la “ley Parrilli”- si no es mejor gastar ese dinero en la campaña que en pagar una deuda que no sienten como propia, aunque sea del país.

“De aquí a noviembre la necesidad electoral los puede obligar a tomar medidas de corto plazo que estimulen el consumo. Luego, independientemente del resultado, se debería presentar un plan muy detallado de metas fiscales y monetarias y de revisión del gasto, e intentar acordar un mínimo de reformas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ayuden a despejar no solo los vencimientos con ellos sino la demanda de dinero local. Con el Banco Central como única fuente de financiamiento no se puede”, expresó. Es importante la diferencia utilizada por Timerman para definir la factibilidad de las dos etapas: en la primera se refirió al estímulo al consumo como algo imperativo; en la segunda dijo que el Gobierno debería presentar un plan económico consistente que le permita firmar un acuerdo con el FMI, si no es por convicción, al menos para evitar un default de los USD 19.000 millones que vencen en 2022.

Una prueba del rumbo que se adoptará en este sentido podrá observarse la semana próxima, cuando el Gobierno debe pagarle cerca de USD 1900 millones al FMI por el primer vencimiento de capital del año con parte de los derechos especiales de giro (DEGs) que recibió a fines de agosto.

Al respecto, nadie espera un corte de mangas tan abrupto desde Buenos Aires, pero seguramente habrá muchos dirigentes del oficialismo que pensarán -otra vez, como ocurrió con la “ley Parrilli”- si no es mejor gastar ese dinero en la campaña que en pagar una deuda que no sienten como propia, aunque sea del país.

En tanto, desde Washington, donde el “halcón” brasileño Ilan Goldfajn comenzará a supervisar la negociación en tres meses como auditor regional del FMI, predominará el silencio -aunque con algunas críticas intermitentes, como ocurrió con el reporte donde se pidió un plan para subir las reservas y reducir el cepo en forma gradual- y la decisión de seguir dialogando sin apurarse, como la persona que no se levanta de una cena romántica, pero que tampoco está segura de la respuesta que le dará a su pareja cuando le proponga matrimonio.