Por Gabriela Origlia - CÓRDOBA.– Con una inflación proyectada del 33% para 2022, el gasto consolidado según la distribución geográfica dada por el presupuesto presentado en el Congreso deja a tres distritos con caída real de las erogaciones asignadas por la Nación para su territorio: la ciudad de Buenos Aires (21,7%), Tierra del Fuego (31,5%) y San Luis (32,8%).

En cambio, los ganadores absolutos son Formosa –que tendría una asignación 55,9% mayor que este año–, Chaco (53,2%), Santiago del Estero (51,2%), Salta (50,5%) y Catamarca (47,6%). El presidente Alberto Fernández, en su reunión en La Rioja con los mandatarios provinciales, prometió “federalismo”. El proyecto presentado por Martín Guzmán en el Congreso será revisado, según acordaron Sergio Massa y Máximo Kirchner.

Los datos por jurisdicción derivan de un trabajo de la consultora Politikon Chaco, al que accedió LA NACION. También desagrega el gasto total en función de su clasificación económica; en el corriente (compuesto, entre otras cosas, de gastos de consumo, que incluye salarios, prestaciones de la seguridad social y transferencias corrientes, entre otras), nuevamente Formosa se encuentra a la cabeza de mayores incrementos, con una suba del 61,9%.

Le siguen Buenos Aires (60,4%), Chaco (60,0%), Misiones (59,1%) y Córdoba (58,4%), que son las que conforman el top 5. San Luis y la CABA (31,6% y 28,9%, respectivamente) son las únicas dos jurisdicciones que tendrían caída real del gasto corriente asignado a su territorio.

Este posicionamiento formoseño se explica a partir de tener un incremento de 80% en las transferencias corrientes, y es justamente el más importante entre las 24 jurisdicciones; la situación inversa es la que vive la CABA, que tendría una caída nominal del 26,1% por el mismo concepto.

En lo que hace al gasto de capital, vinculado con la inversión pública, compuesta por los conceptos de inversión real directa, transferencias de capital e inversión financiera, el ranking nacional muestra nuevamente a Formosa liderando, con una variación proyectada del 220,1%, seguida por Catamarca (219,3%) y Santiago del Estero (211,5%).

Hay seis provincias cuya variación del gasto de capital no supera el 33% de meta inflacionaria y, por ende, registrarían caídas reales: en este lote encontramos a Misiones, Mendoza, Río Negro, Jujuy, Corrientes y Tucumán. Es decir, el Norte Grande protagoniza ambos extremos del ranking en este punto.

Cuando se analiza por componente del gasto de capital, solo en media docena de provincias las transferencias de capital crecen por encima de la inversión real directa, un detalle que podría determinar el “perfil” de la inversión pública nacional para el año que viene.

La disparidad en la asignación del gasto de manera territorial se hace más evidente al medirlo ajustado por población. En este contexto, la consultora aclara una cuestión fundamental: en primer lugar, el gasto total del Estado nacional en un territorio específico no implica necesariamente un impacto directo sobre esa jurisdicción.

Esto es evidente sobre todo en el caso de la CABA: al ser la sede del gobierno federal, tiene una asignación muy grande (empujada por conceptos como gasto de consumo y como inversión financiera, por ejemplo) que nada tiene que ver con inversión en el territorio o con ningún tipo de asistencia al gobierno local.

El informe agrega que lo mismo se da en aquellas provincias con presencia de empresas públicas que tienen asignación muy fuerte (vista en transferencias), como Santa Cruz (por Yacimientos Carboníferos Río Turbio, por ejemplo).

Cuando se analiza el total del gasto por ubicación geográfica calculada de manera per cápita (excluimos de este análisis la CABA por lo explicado anteriormente), vemos en un extremo a Santa Cruz, con $266.132 por habitante, y en el fondo está Misiones, con apenas $139.073 por persona.

En gasto de capital per cápita –de nuevo, excluyendo CABA–, Santa Cruz lidera el ranking con una inversión pública de $104.715 por habitante, seguida por La Rioja con $65.798, explicada sobre todo por la asignación otorgada por el artículo 88 del proyecto de presupuesto, que establece transferencias por más de $12.000 millones, algo que se da año tras año como forma de compensación a la provincia por los puntos de coparticipación cedidos años atrás.