Por Mariano Martín - El Gobierno anunciará esta semana la presentación del proyecto de ley para la creación en todas las empresas de “comités mixtos de seguridad, salud, medio ambiente y prevención de riesgos en el trabajo” que buscará contrapesar en plena campaña electoral los planteos de la oposición que apuntan a flexibilizar la legislación laboral. La iniciativa, que este diario anticipó en exclusiva en julio, contempla la obligatoriedad de la constitución de estos órganos en compañías de más de 100 empleados y prevé dotarlos de amplias facultades de acceso a la información.

El anuncio, pautado por ahora para el miércoles con un acto oficial en el que se espera la presencia de Alberto Fernández, está enmarcado en las múltiples señales de acercamiento de los últimos días del Ejecutivo hacia el sindicalismo más tradicional, que incluyó el viernes un almuerzo del Presidente y su equipo con la CGT. Este lunes, por caso, el jefe de Gabinete, Juan Manzur y los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, irán al gremio de la construcción (Uocra) a las 16 para presentar un plan de inserción de beneficiarios de planes sociales en la actividad que Ámbito Financiero adelantó el mes pasado.

El proyecto de los comités mixtos fue desarrollado por la cartera laboral junto con la de Mujeres, Géneros y Diversidad y contó con el monitoreo de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Las colaboraciones le dieron a la iniciativa una impronta ligada a la prevención y el abordaje de casos de acoso y violencia laboral contra las mujeres en los lugares de trabajo. Tal como se los diseñó en la iniciativa, los órganos intraempresa no tendrán la potestad de paralizar una actividad en caso de detectar un riesgo inminente para la salud o la seguridad de los trabajadores y sólo en ese caso los integrantes podrán invocar la intervención de la autoridad de aplicación (el Ministerio de Trabajo o las oficinas locales de esa cartera) para solicitarlo.

De aprobarse la ley los comités funcionarán obligatoriamente en las compañías de más de 100 asalariados. En las de menor dotación y a partir de 10 empleados el proyecto establece que “el delegado o delegada del personal tendrá facultades para participar en todas las iniciativas de prevención, efectuar planteos concernientes a ésta y para actuar en todos los temas referidos a la seguridad y la salud en el trabajo”. Los representantes del sector trabajador en los órganos serán elegidos por el sindicato correspondiente de entre los delegados del personal, y su integración será paritaria respecto de la de los designados por la compañía. En ambos casos deberá respetarse la paridad de género.

Entre las competencias de los comités que destaca el proyecto, impulsado de arranque por la CTA de los Trabajadores, de Hugo Yasky, incluso por encima de la CGT, figuran la participación en la “elaboración puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos, la promoción de la seguridad y el resguardo de la salud y los factores de riesgo psicosociales en el ámbito laboral”, así como promover “iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud en el ambiente laboral, proponiendo al empleador o empleadora la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes, así como la elaboración de normas de sana convivencia en el ámbito de trabajo”.

También podrán los representantes participar “en la elaboración de los planes de formación en materia preventiva” y “contribuir en la prevención de la violencia y el acoso en el trabajo así como de cualquier otra forma de discriminación”.

En cuanto a las facultades de los comités, el texto al que accedió este diario promete alguna controversia con las cámaras patronales por el acceso a la información de las empresas. En el desarrollo de sus tareas podrán “conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas”, así como acceder a “todos aquellos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.

Además, deberán “garantizar a los trabajadores y trabajadoras canales de comunicación rápidos, expeditivos y confidenciales para que puedan denunciar eventuales casos de acoso y /o violencia en el trabajo” y propender a “la preservación de datos sensibles y el resguardo de la intimidad de las víctimas”. En uno de sus puntos el proyecto aclara que las funciones de los comités de seguridad e higiene no se superpondrán con las de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) contratadas por cada empresa pero que podrán acceder a información sobre sus tareas de prevención.

La iniciativa gozará del apoyo de antemano de la CGT y la CTA de los Trabajadores, que se descuenta participarán del anuncio de esta semana, y promete generar discusiones entre sectores empresarios molestos por la creación de un nuevo estamento en sus compañías y otros que admitieron que tuvo buena recepción su implementación en provincias como la de Buenos Aires y Santa Fe. Además coincide con la irrupción en la agenda de la campaña electoral de proyectos de dirigentes de Juntos por el Cambio para modificar o eliminar la indemnización por despido sin causa y flexibilizar la normativa laboral en general.