Manifestaron también la necesidad de que una parte de la nueva asignación de Derechos Especiales de Giro sea dirigida voluntariamente hacia los países de ingresos medios y bajos.

Además, el G20 le solicitó al FMI que establezca un nuevo Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad para financiar a largo plazo a los países de ingresos medios y bajos. En línea con lo que viene solicitando el Gobierno de Alberto Fernández, este financiamiento permitiría reducir riesgos futuros para la estabilidad de la balanza de pagos, incluidos aquellos derivados de las pandemias y el cambio climático.

¿QUÉ DICE EL COMUNICADO?

POLÍTICA DE SOBRECARGOS DEL FMI

Agradecemos al FMI su actualización sobre la política de sobrecargos y esperamos con interés seguir debatiendo en el Directorio Ejecutivo del FMI en contexto de la revisión interina de los saldos precautorios.

DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (DEG)

Celebramos la asignación general de DEG implementada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) el 23 de agosto de 2021, que ha puesto a disposición el equivalente a 650 mil millones de dólares en reservas adicionales a nivel mundial.

Apreciamos los recientes progresos realizados por el FMI para ofrecer opciones viables a los miembros con fuertes posiciones externas para canalizar voluntariamente una parte de sus DEG asignados, de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales, para ayudar a los países vulnerables.

FONDO DE RESILIENCIA Y SOSTENIBILIDAD

Pedimos al FMI que establezca un nuevo Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (RST, por sus siglas en inglés) -en consonancia con su mandato- para proporcionar financiación asequible a largo plazo para ayudar a los países de bajos ingresos, a los pequeños Estados en desarrollo y a los países vulnerables de ingresos medios a reducir riesgos futuros para la estabilidad de la balanza de pagos, incluidos aquellos derivados de las pandemias y el cambio climático.

DEUDAS SOBERANAS

Le damos la bienvenida a los progresos realizados en el marco de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI, por sus siglas en inglés) del G20, que también ha sido acordada por el Club de París. Todos los acreedores bilaterales oficiales deberían aplicar esta iniciativa de forma completa y transparente.

Reiteramos la importancia de los esfuerzos conjuntos de todos los actores, incluidos los acreedores privados, para seguir trabajando en la mejora de la transparencia de la deuda.

COVID-19 Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Reafirmamos nuestra determinación de utilizar todas las herramientas disponibles por el tiempo necesario para hacer frente a las consecuencias adversas del COVID-19, en particular para los más afectados, como las mujeres, los jóvenes, los trabajadores informales y de baja calificación, y sobre las desigualdades.

Nos esforzaremos por ayudar a resolver los cuellos de botella y la escasez de herramientas de COVID-19 en los países de ingresos bajos y medios en los próximos meses, reafirmando nuestro compromiso de garantizar un acceso seguro, equitativo y asequible a las vacunas, los tratamientos y los diagnósticos. Reconocemos el papel de la inmunización contra el COVID-19 como un bien público global.

INCLUSIÓN FINANCIERA

Reafirmamos nuestro compromiso de mejorar la inclusión financiera digital de los segmentos vulnerables y desatendidos de la sociedad, incluidas las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), llevando a cabo el trabajo de la Asociación Global para la Inclusión Financiera (GPFI) y aplicando el Plan de Acción para la Inclusión Financiera del G20 2020.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Alentamos a las Instituciones Financieras Internacionales, incluidos los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD), a que redoblen sus esfuerzos para buscar la alineación con el Acuerdo de París dentro de unos plazos ambiciosos, a financiar las estrategias de recuperación y transición sostenibles, las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y las estrategias de desarrollo a largo plazo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero en los mercados emergentes y las economías en desarrollo, y a establecer planes para movilizar el financiamiento privado, en línea con sus mandatos y procedimientos internos de aprobación, sin dejar de apoyar la consecución de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.