Por Carlos Burgueño - Para los bonistas con títulos públicos emitidos bajo legislación internacional que ingresaron en el canje de deuda de agosto pasado, es ahora o nunca. Creen que es el último momento para presionar ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de conseguir que el organismo le exija al país fuertes condiciones en el eventual Facilidades Extendidas. Esto incluye las metas monetarias, fiscales, cambiarias y macroeconómicas más duras posibles. Alertados por los rumores que surgen de las negociaciones entre el gobierno argentino y los funcionarios del organismo, sobre la posibilidad de un acuerdo algo light y a dos años; comenzaron desde la semana pasado un operativo para que Fondo endurezca su posición y le exija al país “las condiciones habituales para un acuerdo de este tipo”, según la interpretación que uno de los fondos le transmitió a este medio.

El temor de los fondos es concreto y puntual. Consideran que sin la firma de un Facilidades Extendidas clásico (en su dureza) y la exigencia de un cumplimiento de metas concretas durante el período en el que el país no debería hacer pagos (hasta el segundo semestre del 2026), sus tenencias en bonos reestructurados continuarán en precios de default. Y, en consecuencia, seguirán con sus activos financieros a un valor inferior al Valor Presente Neto de corte del canje de agosto del año pasado, de 54,8%. Los títulos lanzados en la reestructuración muestran hoy un valor de entre 32,8 y 37,9%; un nivel que los analistas califican de “distressed”. El principal temor de los bonistas, es que recién hacia fines del 2024, año en donde debería comenzar a aplicarse el pago de capital de los bonos; esos títulos públicos prácticamente no tendrían valor comercial en el mercado de capitales internacional; con lo cual deberían permanecer en las carteras de los inversores. Obviamente se trata de un problema que para el equipo económico que maneja Martín Guzmán, no está en las prioridades de la negociación con el FMI. Por esto saben los fondos de inversión que la única bala debe estar dirigida hacia el FMI.

La preocupación es en realidad similar a la del organismo financiero. El FMI cree que el acuerdo (sea light o hard), tenga detrás un plan lo suficientemente sólido como para que derive en el ahorro de los dólares que se le deberían liquidar al FMI en el 2026, primer año de pago de capitales e intereses en un Facilidades Extendidas a 10 años. Pero, a diferencia del Fondo, donde los vencimientos pueden renegociarse y extender en el tiempo los pagos, en el mercado financiero voluntario internacional la deuda se debe liquidar. Y esto puede concretarse con reservas o con la emisión de nuevos títulos públicos lanzados en los mercados voluntarios de deuda, preferentemente en Wall Street. Para los bonistas es indiferente si el dinero para el cumplimiento de las obligaciones sale de los dólares acumulados en el BCRA o de nueva emisión de pasivos. Lo importante es que el dinero esté, y que a partir de esa novedad los precios de los papeles se normalicen y coticen a una posición más compatible con títulos públicos de un país con calificación de emergente; y no siempre al borde del default.

Para que esto se concrete, coinciden los bonistas internacionales, este es el momento exacto en el que habrá que presionar sobre el FMI para que el organismo que maneja Kristalina Georgieva obligue a firmar a la Argentina un acuerdo que garantice la solvencia fiscal, monetaria y contable lo suficientemente sólida para que los pagos estén asegurados. Se especula en que en pocas semanas volverán los comunicados conjuntos de los tres grupos de acreedores que representaron a los bonistas durante el proceso de negociaciones de la deuda, y que desde agosto volvieron a expresarse en no menos de tres oportunidades; quejándose de la letanía en las negociaciones con el FMI al ritmo del desplome de sus tenencias de bonos.