Por Javier Blanco - Las autoridades del Banco Central (BCRA) dieron comienzo ayer a una nueva ronda de reuniones con representantes de distintos sectores productivos para conversar sobre las condiciones de acceso al mercado oficial de cambios para empresas que importan insumos, tras la oleada de quejas que se desató luego de que esa entidad prohibió temporalmente el pago anticipado de este tipo de compras al exterior y dispuso ajustes al control de la demanda de divisas (comunicación “A” 7376 de hace 13 días), lo que obligó a bancos y operadores cambiarios a informar anticipadamente toda aquella operación de compra que supere los US$10.000, contra el límite superior a los US$50.000 que había regido en el último año.

Los contactos, que repiten los llevados adelante luego de las fuertes ampliaciones al cepo dispuestas a mediados de septiembre del año pasado, se iniciaron con la visita realizada anteayer por el presidente y el vice del Banco Central, Miguel Pesce y Sergio Woyecheszen, a la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde fueron recibidos por el titular de esa entidad, Daniel Funes de Rioja, quien estuvo acompañado por seis de los vicepresidentes y el director ejecutivo, y economista jefe, Diego Coatz.

El encuentro sirvió para que los industriales detallaran los inconvenientes que los ajustes al cepo cambiario le generan a la operatoria financiera, de comercio exterior y, finalmente, productiva de muchas empresas, y para que los funcionarios planteen la situación que los llevó a disponer nuevos ajustes al sistema de administración de divisas, que calificaron de “temporales” y relacionaron con la situación de un mercado más demandante por cuestiones electorales, algo que se produce en momentos en que la oferta estructural de divisas “tiende a menguar” por algunos meses.

Los mayores problemas de la operatoria surgieron al pasar a habilitar el BCRA la compra de divisas destinadas al pago solo una vez que se haya producido el “despacho a plaza”. Ese cambio, y la sucesión de feriados, generó las condiciones para que la entidad no solo deje de perder reservas por intervenciones sobre el mercado de contado, sino que además pase a comprar un total acumulado algo superior a US$800 millones en las nueve ruedas posteriores a su puesta en práctica. La contrapartida fueron menos importaciones, con un impacto negativo en la actividad.

Al respecto, los industriales explicaron que, más allá de las maniobras que puedan realizar algunos empresarios para asegurarse un stock de insumos, temerosos de toparse en adelante con un dólar más caro, el problema radica en la generalidad de la medida. “En la situación actual del país, con el crédito internacional cortado y el riesgo argentino por las nubes, a muchas empresas los vendedores les exigen una cancelación anticipada de lo importado. Es una imposición que nos excede”, explicaron, y pidieron un régimen que contemple el caso de las mercaderías ya despachadas hacia el país o excluya de la prohibición a los bienes de capital.

Miguel Pesce, por su parte, ratificó que el compromiso del Gobierno es “priorizar el uso de las divisas para sostener el proceso de recuperación económica” e insistió en “la necesidad de pegar un salto exportador para superar las restricciones en la balanza de pagos”. Al final, las partes acordaron la conformación de una “mesa de trabajo conjunta para resolver los temas vinculados a exportaciones e inversiones”, es decir, algo muy parecido a lo que habían acordado hace un año.