Por Javier Blanco - El Gobierno captó ayer del mercado otros $218.785 millones con la emisión de siete papeles distintos de deuda en pesos, la mitad de los cuales contaron con algún tipo de resguardo al agregar indexadores por inflación o tipo de cambio.

De esta manera, cubrió apenas el 82,5% de los $262.600 millones de vencimientos que enfrenta en lo que queda del mes aunque, como había acumulado caja en las dos subastas anteriores, logró cerrar el mes consiguiendo nuevo financiamiento por vía del mercado local por casi $22.000 millones.

Esa cifra representa una tasa de refinanciamiento del 106% (podría mejorar algo hoy cuando tenga lugar la segunda vuelta para los instrumentos elegibles que forman parte del Programa de Creadores de Mercado), similar al obtenido en septiembre. Sin embargo, se trata de un monto que, frente a la aceleración que mostró el gasto público con fines electorales, apenas cubriría un 10% del déficit fiscal proyectado para el mes. Esto implica que el bache se volverá a cubrir mayoritariamente con emisión monetaria.

Para cerrar el mes en positivo, la Secretaría de Finanzas había puesto toda “la carne al asador” en la última licitación del mes, dado que no solo enfrentaba un pico de vencimientos, sino que el 88,5% de papeles por vencer están en manos de inversores privados locales.

Por esta razón ofreció un muy amplio y variado menú de instrumentos que incluyó letras a descuento (Ledes S28F2r y S31M2), letras de liquidez (Lelites para los fondos comunes de money market a vencer en 25 días, mejorando del 33,75% al 34,25% la tasa y cambiando la definición del precio aplicable para ejercer la opción de precancelación), bonos CER (T2X2 y TX23) y otros ajustables por la variación del dólar oficial (T2V2D y TV23D).

De esta manera, puso a disposición de los inversores opciones que atendían a los que buscaban para colocar liquidez a corto plazo, otras para los que querían cubrirse ante el contexto inflacionario y unas más para cubrirse ante un escenario de mayor devaluación, algo que había regateado en la anterior subasta.

Sin embargo, como el Ministerio de Economía, que encabeza Martín Guzmán, sabe que puede seguir recurriendo a la emisión monetaria vía préstamos del BCRA (luego de haber realizado la maniobra contable con los DEG, que le permitió recuperar la posibilidad de solicitar adelantos transitorios), se mantuvo muy selectivo con las presentaciones y, para no validar mayores tasas, rechazó casi el 40% de las ofertas de compra recibidas por instrumentos indexados, en especial, las que iban dirigidas a los bonos dollar-linked.

“Se recibieron 1299 ofertas, que representan un total de $253.983 millones, adjudicándose un valor efectivo de $218.783 millones”, se limitó a detallar en el comunicado, en el que destacó que el 52% del financiamiento lo obtuvo mediante instrumentos a tasa fija (la otra demanda terminó siendo menor por el tamiz aplicado), aunque pagando tasas de hasta 42,8% anual, costo un punto y medio superior al que venía validando para ese tipo de instrumentos.

Desde Economía destacaron que el financiamientos neto (nueva deuda) obtenido en lo que va del año ya llega a los $435.570 millones, lo que implica una tasa de refinanciamiento del 115 por ciento.

Es un porcentaje que se encuentra 25 puntos por debajo de la meta presupuestada originalmente, aunque desde esa cartera ya habían

En Economía dijeron que la deuda nueva llega a $434.570 millones en el año

Finanzas rechazó casi el 40% de las ofertas por bonos atados al dólar

aclarado que se contentaban con cerrar el año con una tasa del 120%. En Economía ya habían aclarado que lo presupuestado es apenas un “pre supuesto” y porque, contrariamente a lo prometido por el ministro Guzmán hace un año ante empresarios en IDEA, le han dado vía libre al financiamiento monetario.

Las licitaciones de deuda que realiza periódicamente el Gobierno (llega realizadas 28 en lo que va del año) perdieron relevancia para el mercado desde el momento en que relajó sus metas de captación y se recostó sobre el prestamista cautivo que tiene en el BCRA, en un intento de apoyarse además en los ingresos extras que el denominado impuesto inflacionario le acerca al fisco.