Por Javier Blanco - El Gobierno apeló en los últimos días a un nuevo cambio regulatorio para conseguir que los bancos locales le presten más dinero del que actualmente ya le destinan.

Su objetivo, que deja otra vez a la vista las dificultades con que convive para hacerse de financiamiento por vía del mercado, quedó explícito al disponer el Banco Central (BCRA) una modificación a la normativa con que, desde comienzos de mayo, habilitó a los bancos a migrar parte de los encajes que tienen colocados en sus Letras de Liquidez (Leliq) a bonos o letras del Tesoro Nacional en moneda local.

Claro que, al hacerlo, profundiza un peligroso camino ya recorrido en los años 90 o en tiempos de la administración Macri cuando se le cerraron los mercados externos, lo que derivaría luego en el absurdo “reperfilamiento” de la deuda en pesos.

Hace cinco meses el ente monetario, que conduce Miguel Pesce, había dispuesto que los bancos podían hacer un cambio en su portafolio de inversiones expuestas al Estado, intercambiando sus Leliq –que vencen cada 28 días– por títulos emitidos por el Tesoro que tengan una duración mínima de 180 días.

Ahora, mediante la comunicación “A 7383” publicada (pero no difundida) en la noche del jueves acortó ese plazo mínimo hasta los 120 días, según lo acordado en el ámbito del gabinete económico.

De ese modo, el Gobierno intenta que los bancos incrementen aún más su participación en las licitaciones de deuda que periódicamente realiza el Ministerio de Economía, dado que ni el trabajo a destajo que hace la “maquinita” para asistirlo por vía monetaria (recibió transferencias por 3,2 billones en poco más de un año y medio) le alcanza para cubrir el rojo fiscal.

La medida muestra nuevamente la aceleración que tomó en los últimos meses el gasto público sólo con fines electorales.

De hecho se pone en práctica luego de que –durante octubre– el Gobierno consiguiera casi $30.000 millones mediante colocaciones de nueva deuda en el mercado y recibiera del BCRA giros por otros $257.712 millones, un monto récord para un mes en lo que va del año.

La reducción de seis a cuatro meses la duración mínima de las letras y bonos del Tesoro que los bancos podrán utilizar para constituir los encajes prudenciales –y sacarles algún provecho a estas colocaciones que históricamente se realizaron a tasa 0%– llega no casualmente en momentos en que el Gobierno enfrenta vencimientos de títulos por unos $600.000 millones en lo que queda del año y por algo más de $4 billones (monto equivalente al 120% de la base monetaria) en los próximos doce meses.

Expansión monetaria

La adecuación normativa apunta a que la Secretaría de Finanzas pueda captar, mediante nuevas emisiones, parte de los $620.000 millones que los bancos tienen en Leliq y usaban hasta fin de octubre para integrar encajes.

El problema, alerta el economista Gabriel Caamaño (de Estudio Ledesma), es que el Gobierno abusa de un recurso que “resulta monetariamente expansivo” y que eso se da en un contexto en que la oferta monetaria vía emisión no deja de crecer pese a la alta inflación y la capacidad del BCRA para esterilizar excedentes es cada vez más limitada.

“En 10 meses, pero sobre todo a partir del mes de mayo, el Central expandió monetariamente para financiar al Tesoro nacional por más de 3,5% PIB. Lo que se suma a los más de 7 puntos de 2020”, destacó.

La reglamentación del BCRA que impulsa a bancos a cambiar Leliq por bonos fue “clave para maquillar hasta la marcha del programa financiero, ya que, al menos, tres cuartos del financiamiento neto conseguido en lo que va de 2021 fue contra liquidez bancaria y a partir de mediados de mayo”, explicó. Y su actual flexibilización revela que “no hay financiamiento neto voluntario significativo en pesos”, hizo notar el economista de Ledesma.

Además, por si fuera poco, es un nuevo paso hacia el “cortoplacismo”, considerando que hace menos de un mes el Gobierno “creó” las letras de liquidez del Tesoro (Lelites), papeles de deuda que emite a muy corto plazo (menor a 30 días) destinados a ser suscriptos por los Fondos Comunes de Inversión (FCI).

“El Gobierno ya se financió en septiembre y octubre a plazos promedio que dan levemente por debajo de los 180 días en promedio, excluyendo las colocaciones de títulos para integrar encajes. Es un acortamiento de los plazos que parece responder a la incertidumbre acerca del rumbo luego de las elecciones”, afirmó la consultora Delphos Investment.