Por Daniel Artana - Resuelta la contienda electoral el Gobierno nacional deberá ordenar las cuentas para que sea posible resolver exitosamente la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Una mirada a la evolución de los números fiscales da algunas referencias útiles para tomar decisiones hacia el futuro.

Al asumir en diciembre de 2019 el Gobierno heredó una situación de virtual equilibrio primario. Tomando promedios móviles de seis meses a valores constantes para suavizar el impacto de los pagos de aguinaldos y excluyendo los DEGs y el Aporte Solidario que no podrán repetirse en el futuro, los ingresos del Tesoro Nacional eran en septiembre de 2021 alrededor de 3% inferiores a los del mismo mes de 2019, mientras que el gasto primario era 14% más alto.

Eso ocurrió a pesar de los aumentos en la presión tributaria dispuestos previo a la pandemia (bienes personales, impuesto País y retenciones) y de otros menores que se aplicaron durante la crisis sanitaria, de la mejora en los ingresos por derechos de exportación que permitió el aumento espectacular en el precio internacional de la soja, y de la normalización de la actividad económica, que se ubica en niveles similares a los registrados a finales de 2019.

A mediano plazo debería poder recuperarse ese 3% de ingresos y quizás algo más, lo que permitiría reducir el desequilibrio primario en alrededor de 20%.

Sin embargo, el mayor gasto explica el 80% del aumento en el déficit primario que se observó en esos dos años. La partida clave a mirar son los subsidios al sector privado que incluyen una gran variedad de ítems, pero donde se destacan los subsidios a la energía y al transporte.

El populismo tarifario que ignoró incluso los tibios aumentos previstos en el presupuesto del año 2021 explica que los subsidios prácticamente se duplicaran entre septiembre de 2019 y septiembre de 2021. Ese aumento en el gasto explica casi la mitad del déficit primario. No hay alternativa a subir tarifas en forma inmediata al menos para llegar este año al aumento de 30 a 35% incluido en el presupuesto, para luego continuar con mejoras adicionales en términos reales.

El resto del gasto también debería retrotraerse a los niveles previos a la pandemia. Eso requiere una reducción de alrededor de 7% real que no parece difícil de alcanzar en un par de años si hay voluntad política de hacerlo. En suma, se podría alcanzar el equilibrio primario en dos años.

Claro está que esto requiere reformular el presupuesto para el año 2022, que prevé un déficit primario de más de 3% del PIB, repitiendo prácticamente los números de este año. El discurso oficial de que una reducción mayor abortaría la recuperación es inconsistente con lo que se prevé hacer en el resto del mundo.

El último Fiscal Monitor del FMI proyecta una reducción a la mitad en el déficit primario de las economías avanzadas entre 2021 y 2022 (de 7.8% del PIB a 4%) y a menos de la mitad en América Latina (de 2,4% del PIB a 1%). Un país como la Argentina que prácticamente no tiene acceso al crédito voluntario y que abusa del impuesto inflacionario debería tratar de ser más prudente que sus vecinos que no tienen esos problemas; en cambio el presupuesto prevé un desequilibrio primario que es más de tres veces más alto que el promedio proyectado para la región en 2022.

Hay otra razón para apurar la consolidación fiscal. El BCRA debe mejorar su posición de reservas internacionales. En el contexto actual sólo puede comprar reservas con emisión.

Con los activos de los bancos saturados de Leliqs, pases y bonos del Tesoro, si se mantiene alta la presión del fisco sobre la autoridad monetaria y al mismo tiempo se quiere comprar reservas aumenta el riesgo de un incidente de proporciones.

El Gobierno puede mejorar las expectativas si enfrenta los problemas con decisión. Ello requiere entender que los problemas principales no son la deuda o el FMI, sino las inconsistencias de un programa que privilegió el resultado electoral inmediato en lugar de la normalización. El plan "urna" que empezó varios meses antes de las PASO terminó en una derrota electoral de vastas proporciones. Es vital que el Gobierno aprenda de sus propios errores.

(*) Daniel Artana es economista jefe de FIEL