Por Laura Serra - El Gobierno y la cúpula oficialista de la Cámara de Diputados trabajan en una reforma de la ley de alquileres que contempla la suspensión por 180 días de la norma sancionada el año pasado. Esa decisión va en línea con el reclamo de Juntos por el Cambio, que propuso modificar la actual legislación o bien derogarla.

El Gobierno y la cúpula oficialista de la Cámara de Diputados comenzaron a trabajar en una reforma de la ley de alquileres que contemplaría una suspensión, por 180 días, de la norma sancionada el año pasado. La decisión del oficialismo va en línea con el reclamo de Juntos por el Cambio, que, durante la campaña electoral, propuso modificar la actual legislación o bien derogarla.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sentenció anteayer que la ley de alquileres “fracasó” y llamó a discutir en el Congreso una nueva norma que brinde “certezas” al propietario y “garantías y tranquilidad” al inquilino. Massa se reunió con el presidente Alberto Fernández; el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner; la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, y el ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi, quienes acordaron avanzar, en principio, con la suspensión de la ley vigente.

Aún no se definió cómo se instrumentará esa suspensión, si por la vía de una ley o por decreto presidencial. Según indicó Massa a la nacion, de optarse por el decreto, la idea es convocar a una comisión donde todas las partes estén representadas para que elabore, durante los 180 días que duraría la suspensión, una nueva ley.

El ministro Ferraresi confirmó la intención del Gobierno de avanzar en una reforma y no en la derogación de la ley. Asimismo, indicó que la iniciativa contemplaría una mirada federal sobre la problemática.

“En una Argentina tan heterogénea tiene que haber leyes más particulares y leyes provinciales, una ley así no se puede aplicar igual en la zona más rica del país que en la más pobre”, enfatizó Ferraresi.

Un fracaso compartido

Oficialismo y oposición coinciden en que la ley aprobada en junio del año pasado, lejos de surtir los efectos deseados, perjudica tanto a propietarios como a inquilinos.

En efecto, la norma establece una serie de obligaciones que deben cumplir los propietarios que, a la postre, redundaron en una drástica reducción de la oferta de inmuebles para alquilar, lo que provocó un alza inusitada en los precios que deben pagar los inquilinos, incluso por encima de la inflación.

Entre las disposiciones impuestas por la ley figuran la obligación de los propietarios de firmar contratos mínimos de tres años; realizar un solo aumento anual acorde con el índice establecido por el Banco Central (BCRA), y registrar todos los contratos de alquiler ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Según indicó Ferraresi, es muy bajo el porcentaje de alquileres que son declarados ante la AFIP. “Se estiman más de dos millones de alquileres y solo se declararon cerca de 120.000 contratos”, indicó el funcionario.

Ferraresi, exintendente de Avellaneda y hombre muy ligado al kirchnerismo, reprochó que la ley de alquileres “es uno de los tantos fracasos de Pro”, ya que fue impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri.

En rigor, si bien la iniciativa cobró vuelo durante el macrismo –de hecho, tiene el sello del exsecretario de Vivienda Iván Kerr y del exdiputado de Pro Daniel Lipovetzky–, lo cierto es que fue el kirchnerismo el que impulsó su sanción en el Congreso tras ganar las elecciones presidenciales, en octubre de 2019. Sin ir más lejos, la Cámara de Diputados le dio media sanción un mes después y el Senado, con 39 votos a favor, convirtió el proyecto en ley en junio de 2020, es decir, seis meses después de que Fernández asumió el gobierno.

Desde la oposición, la diputada electa de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal coincidió con el oficialismo en que la ley de alquileres fracasó, por lo que propuso que directamente sea derogada para avanzar en una reforma.

“Es cierto que la ley se presentó durante el gobierno de Mauricio Macri”, admitió Vidal, pero recordó que la iniciativa se aprobó “con el acompañamiento del Frente de Todos”.

“Nuestro compromiso es poder derogarla, el que alquila le dedica más del 40% de lo que gana para pagar el alquiler”, argumentó, e insistió en que “la ley no fue buena ni para propietarios ni inquilinos”.

En ese sentido, celebró la decisión del oficialismo de modificarla.

“En todo lo que sea bueno para la gente, ¿por qué no vamos a estar de acuerdo con el Gobierno?”, se preguntó Vidal, aunque a su juicio el mejor camino es la derogación lisa y llana de la actual ley. “Este tema requiere una respuesta rápida del Congreso”, sostuvo.ß