Por Florencia Donovan -  “T enemos una segunda oportunidad”. La frase se repite casi como un mantra por estas horas entre los colaboradores que responden al presidente Alberto Fernández. No solo se sienten aliviados con un resultado electoral que fue mejor que el que esperaban, sino que por primera vez en mucho tiempo algunos de los ministros del gabinete empiezan a percibir que les aflojaron la correa para poder actuar. No fue Alberto Fernández el que se independizó de su jefa, sino más bien la jefa quien ha decidido momentáneamente dejarlo jugar. La señal no fue solo tácita. De los resultados que ofrezca el equipo de Fernández en el corto plazo dependerá que la correa no se vuelva a tensar.

Parece difícil. Hay vía libre para buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero en el kirchnerismo todavía están muy lejos siquiera de ver los números finos del contrato. “En la tendencia hay acuerdo, pero falta que Cristina le baje el martillo”, admite un ministro, con algo de resignación y preocupación. Ya se descuenta que la Argentina desembolsará el 22 de diciembre los US$1880 millones que le vencen con el Fondo. Con suerte, el acuerdo llegará para marzo, cuando vence una cuota de capital de US$4000 millones, que la Argentina ya no tiene con qué pagar.

Mientras tanto, el BCRA seguirá endureciendo el cepo cambiario para cuidar sus contadas reservas. Ayer, a última hora, estableció que las tarjetas de crédito no podrán financiar en cuotas los consumos de servicios turísticos en el exterior. No son pocos los argentinos que estaban contratando paquetes para irse a Brasil o Estados Unidos en estas vacaciones. Sin cuotas, muchos deberán quedarse en el país. Un banquero con años en el sistema ya anticipa que, de seguir el goteo, no debería sorprender que también restrinjan los consumos con tarjeta en el exterior. El BCRA además limitó ayer la posición de contado que pueden tener los bancos en moneda extranjera, lo que significa que cada dólar que entre a un banco por una operación de comercio exterior deberá venderse inmediatamente en el mercado oficial. Una norma de menor impacto que la de las tarjetas para las personas de a pie, pero en la práctica de amplio impacto en la plaza financiera. Ya no quedan demasiadas ventanas por cerrar en materia cambiaria.

Las negociaciones con el FMI se han acelerado –vendrá una misión técnica a comienzos de diciembre–, pero los dos años de procrastinación del ministro Martín Guzmán no son gratis. Guzmán ha perdido credibilidad entre sus interlocutores, y contar con el favor de la directora gerente,

Kristalina Georgieva, dejó de ser un activo. Sus múltiples declaraciones públicas que apuntan a congraciarse constantemente con el ala dura de la coalición oficialista no ayudan. Al igual que la gente de a pie, que exige que el Gobierno le solucione sus problemas diarios –la inflación, la falta de empleo y la inseguridad–, los burócratas del FMI no compran promesas. Las definiciones de la letra chica del acuerdo vienen mucho más lentas de lo que a muchos dentro del Gobierno –sobre todo, a los hombres más cercanos al Alberto Fernández– les gustaría.

Uno de los puntos que por estos días están discutiéndose –vía Zoom, porque hasta el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, se encuentra en el país– es el financiamiento con el que contará la Argentina el año próximo. La clave pasa por el aporte que podrán hacer los organismos de crédito como el BID y el Banco Mundial. En el presupuesto 2022, Guzmán contaba con que los multilaterales aporten el año que viene un neto de US$12.500 millones, una cifra por demás ambiciosa. Funcionarios de ambos bancos le manifestaron a Georgieva que para que el financiamiento aumente el acuerdo con el Fondo debe contar también con el respaldo de la oposición. Lo que en un comienzo fue una idea de Guzmán de someter el acuerdo a votación del Congreso ahora es una exigencia de jugadores claves en Washington. Un costo político para el Gobierno derivado del resultado electoral.

Cerca de Guzmán, por su parte, insisten en que el acuerdo con el FMI en ningún momento habla de una exigencia de devaluación. “El tipo de cambio no está atrasado, y una devaluación solo generaría efecto de pobreza y transferencia de ingresos. Además, entran más dólares de los que salen”, insiste un hombre que forma parte de la mesa de negociaciones. “No es que la brecha cambiaria no sea un problema, pero la devaluación no es una solución”, confió.

El economista Emmanuel Álvarez Agis hizo un relevamiento minucioso de los documentos que publicó el FMI en los últimos seis años, y en función de las evaluaciones del organismo avala la versión oficial. Según el sistema que usa el FMI para calcular el tipo de cambio de equilibrio –tal cual vino haciéndolo en reportes pasados–, el tipo de cambio en la Argentina se encontraría apreciado hoy apenas en un 5 por ciento. En 2017, cuando con este mismo cálculo el staff del FMI estimaba que el tipo de cambio se encontraba apreciado entre un 10% y un 25%, no recomendaba devaluar, sino que “esperaba que las políticas del lado de la oferta mejoraran los fundamentals de mediano plazo para corregir el déficit de cuenta corriente sin necesidad de una devaluación”.

Así, Álvarez Agis asegura que del análisis de todas las evaluaciones del

FMI se pueden obtener tres conclusiones: que el Fondo considera que las medidas de control de capitales son necesarias en el corto plazo para evitar salida de capitales, pero que tienen que ser eliminadas de forma gradual una vez que se logre estabilizar la economía; que la evaluación del tipo de cambio real de equilibrio no es un factor que determine las recomendaciones de política económica (quedó en evidencia tras las observaciones que hizo el FMI en la revisión del artículo IV en 2016 y 2017), y, lo que es más importante, que “la política es el factor determinante para las recomendaciones del FMI, por encima de lo que diga el staff técnico”.

El principal problema

Tal vez en este último punto resida el principal problema de Fernández en este momento. La gestión de la política exterior del Gobierno es por demás errática. Cualquier cosa que el staff decida deberá pasar por el filtro del directorio del Fondo, donde básicamente Estados Unidos tiene la silla de mayor peso, con 16% de los votos y poder de veto. Pese a los malabares del embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, las relaciones de Fernández con la administración Biden no son de las mejores. Las posturas ambivalentes ante Nicaragua, Cuba y Venezuela son solo algunos de los puntos que remarcan en Washington. Otro, y clave, es la relación de la Argentina con

China. En un informe al Congreso de los EE.UU., este mes, la U.S.-China Economic and Security Review Comission (https://www.uscc.gov/sites/default/files/2021-11/2021_Annual_ Report_to_Congress.pdf) destaca, en varios apartados, el estrecho vínculo que existe entre el gigante asiático y la Argentina. De hecho, le dedica párrafos al país, en donde vierte expresiones inquietantes.

Entre otras cuestiones, destaca la vinculación entre la instalación de la estación espacial china en la Patagonia y el aumento de financiamiento de ese país durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) por US$15.300 millones. Ese financiamiento, asegura el reporte, da poder a China sobre la Argentina. Sobre todo, porque muchos de los préstamos incluyen cláusulas cruzadas, que por ejemplo atan la concreción de obras como las represas en Santa Cruz a otros proyectos como el Belgrano Cargas. Si la Argentina rescinde uno, se queda sin financiamiento chino para el segundo e incluye las conclusiones del viaje del Almirante Craig Faller, el jefe del Comando Sur, que vino al país enviado por Biden en abril pasado. “El almirante explicó, en junio de 2021, que la vulnerabilidad financiera argentina hacía que el país tuviera un margen mínimo de negociación con China con respecto a la base (espacial). Pese a que China afirma que su instalación tiene por objetivo la exploración espacial pacífica, posee tecnología que puede ser usada para espionaje. Más aun, el gobierno argentino no tiene un mecanismo para garantizar que su uso sea exclusivamente con fines civiles”.

Fernández deberá ocuparse de mejorar el lobby (labor en manos también de la consultora estadounidense Arnold & Porter) en las próximas semanas con EE.UU., pero también con los representantes de Japón y de Alemania, otros de los “duros” dentro del directorio. Antes, deberá cerciorarse de que la vicepresidenta Cristina Kirchner dé su aval completo al plan Guzmán, que, se descuenta, difícilmente esté listo para presentarse al Congreso la semana que viene. Quien dice la primera de diciembre, en lenguaje de Fernández, comprende que puede ser la segunda. El Presidente ha dado sobradas muestras de flexibilidad en sus promesas. En Wall Street hay dudas de que Cristina termine por dar su visto bueno. Un economista de un banco internacional lo resume así: “Wall Street ve que aumenta el atractivo de Cristina para retener el poder y no ir a un acuerdo. Después de la elección hay una tribalización del poder. El poder y los liderazgos, tanto del oficialismo como de la oposición, quedaron diluidos. Los incentivos están dados para que cada uno le hable a su tribu”. ß