Domingo
28 - Por Liliana
Franco - Dirigentes sindicales, gobernadores y diversos sectores de
la actividad
productiva están abocados en fortalecer la institucionalidad y consideran
necesario que en la Casa Rosada “haya una sola voz”. Entre los
distintos encuentros programados con este propósito se prevé una reunión, antes
de fin de año, de los principales dirigentes patronales, agrupados en la
Asociación Empresaria Argentina (AEA), con la cúpula de la Confederación
General del Trabajo (CGT).
Asimismo,
este miércoles el ministro de Economía, Martín Guzmán visitará
la sede de la entidad gremial para hablar sobre el rumbo de la economía. Esta
invitación es interpretada como un gesto concreto de los sindicalistas para
mostrar que se apoya un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
La
iniciativa de los sectores preocupados por la situación y el respaldo al primer
mandatario -que tuvo una muestra pública con la masiva movilización que
organizó la CGT junto las organizaciones sociales, el miércoles siguiente a las
elecciones- busca “relanzar” el gobierno de Alberto Fernández.
Señalan
la necesidad de que este apoyo se base en acuerdos concretos que deben incluir
a la oposición. “Hay conversaciones permanentes con Horacio
Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Facundo Manes, entre otros” precisaron
a Ámbito quienes están trabajando para conformar el
grupo que se encuentra elaborando una serie de principios o políticas como
marco de contención.
Una
de las decisiones importantes de este think tank fue que el peronismo deje de
elegir a dedo sus candidatos y recurra a las primarias. Lo anunció el
propio presidente durante
su discurso en el acto del Día del Militante,
propuesta que sorprendió a muchos que hasta la consideraron como fuera de
tiempo. En realidad, Alberto Fernández, al hacerlo público, ratificó su
compromiso con este grupo y buscó sentar bases para los dos años que le quedan
de gobierno con miras a quedar mejor posicionado para el 2023.
Hasta
el momento, las discusiones no dieron lugar a una forma orgánica –no es que se
ha formado un determinado grupo de asesoramiento del gobierno-. Explican que
“las conversaciones surgieron de manera informal entre los empresarios,
sindicalistas, gobernadores y otros sectores preocupados por la inestabilidad
política”.
Agregan
que se guían por la Regla de Chatham House que
consiste en un sistema para la celebración de debates y mesas redondas sobre
temas controvertidos. El nombre proviene del Real Instituto de Asuntos
Internacionales, con sede en Londres, también conocido como Chatham House donde
surgió la regla en junio de 1927.
En
su última versión de 2002, la regla reza “cuando una reunión, o una parte de
una reunión, se convoca bajo la Regla de Chatham House (the "Chatham House
Rule"), los participantes tienen el derecho de utilizar la información que
reciben, pero no se puede revelar ni la identidad ni la afiliación del orador,
ni de ningún otro participante”.
Sin romper
“Serán
tiempos difíciles por las medidas antipopulares que habrá que encarar y, por
eso, nos tenemos que ayudar porque habrá más conflictividad que aplausos” advierten.
De
todas maneras, la intención es “generar cambios, no romper” argumentan varios
de los dirigentes preocupados por la situación del país.
Precisamente
Cristina Fernández, en una carta dada a conocer este sábado, advierte que “es
un momento histórico de extrema gravedad y la definición que se adopte y se
apruebe (acuerdo FMI), puede
llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria
para el desarrollo y el crecimiento CON INCLUSIÓN SOCIAL de nuestro país”.
La
vicepresidenta aclara que “nadie está hablando de
desconocer deudas” pero sin duda fija una vara alta a la
negociación al recordar que durante su gestión y la de Néstor Kirchner se
concretó la “quita más grande de capital e intereses que se tenga memoria”.
Consensos
En
el diálogo permanente con el Presidente se busca “crear una nueva mesa chica”
que aporte ideas al Poder Ejecutivo.
La
intención es que el plan plurianual sea al menos hasta el 2025 y
que las políticas que se especifiquen tengan un marco de seguridad jurídica,
“requisito imprescindible para atraer inversiones”.
Entre
los puntos sobre los que ya hay acuerdos se encuentran:
-La
magnitud del desafío y el carácter de las medidas necesarias para superar la
crisis llevan a que sea inevitable una concertación política.
-Es
prioritario acordar un programa con el Fondo Monetario Internacional.
-Generar
cambios estructurales “sin romper”.
-Realizar
planes tácticos y estratégicos con el objetivo de “no ir para atrás”.
-Que
Argentina se incorpore al contexto mundial.
-Implementar
una política para bajar la inflación.
-Promover
el trabajo formal.
-Recrear
la confianza.
Pero
en estos círculos saben que las medidas que se tendrán que tomar serán tan
impopulares –haya o no acuerdo con el FMI– que se tienen que llevar a cabo
desde una concertación política.
¿Por
qué razón la oposición va a poner la cara para un programa de ajuste? “Porque
saben que los ajustes y los cambios que hay que llevar a cabo son importantes
para asegurar la gobernabilidad en 2023, cualquiera sea quien gane”.
Al
respecto, allegados a Horacio Rodríguez Larreta afirman que “quiere ser
presidente, pero sólo en un contexto en el que pueda gobernar”.
Por
otra parte, la vicepresidente, en su última carta pública, deja en claro que la
responsabilidad del acuerdo con el organismo multilateral “no es Cristina… son los y las 257 diputados y diputadas y 72
senadores y senadoras quienes tienen la responsabilidad legal, política e
histórica de aprobar o no cómo se va a pagar y bajo qué condiciones la deuda
más grande con el FMI”.
Previamente
la expresidente indicó que “la lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo,
la tiene y la tendrá el presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la
Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas
en la Argentina”.
Seguridad jurídica
Resulta
particularmente interesante ver que gran parte del sindicalismo hoy pide contar
con leyes que realmente se respeten y se cumplan. Aquí también hay una crítica
a la Justicia. Quizás esta toma de conciencia se explica porque justamente el
gremialismo no puede evitar darse cuenta de que, a pesar de que la Argentina
contó la mayoría del tiempo con gobiernos peronistas, desde hace casi tres
décadas que el empleo formal se encuentra estancado en torno de los 6,5
millones de trabajadores. “Lo que si crece es la informalidad” admiten haciendo
en silencio una autocrítica.
El
resultado electoral los lleva a pensar que la vicepresidenta Cristina Kirchner
irá perdiendo protagonismo. Además, este grupo afirma que es muy difícil
acordar con algunos integrantes del Instituto Patria. “Es que se mueven como
una organización que se considera de vanguardia con un fuerte contenido
ideológico que torna complicado llegar a consensos”, afirmaron.
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