Por Juan Strasnoy Peyre - Pasadas las elecciones y con la agenda enfocada en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el nivel de reservas, la estrategia cambiaria que asumirá el Gobierno es hoy uno de los grandes focos de atención.

Descartado por el gabinete económico un salto devaluatorio como el que auguraba buena parte del mercado para después de los comicios, el Banco Central calibra sus próximos pasos.

Según supo Ámbito, los funcionarios monitorean la dinámica actual de precios en base a las mediciones de alta frecuencia y evalúan el momento oportuno para avanzar en una corrección del ritmo de depreciación. El BCRA prepara un alza en la velocidad de deslizamiento del dólar oficial para acercarla a la tasa de inflación, aunque sin que supere su nivel.

Con un estricto cepo cambiario que le permite administrar la evolución del tipo de cambio que se utiliza para el comercio exterior (una política que se conoce como crawling peg), en lo que va del año el Banco Central desplegó una estrategia de ancla cambiaria con la intención de ayudar a desacelerar la muy elevada inflación. Desde marzo, el dólar mayorista avanzó alrededor de 2 puntos porcentuales por debajo del índice de precios al consumidor (IPC) mensual. El crecimiento de la inflación en el mundo, la recomposición de márgenes de ganancias de los empresarios y los desequilibrios macroeconómicos atentaron contra ese objetivo.

En el gabinete económico consideran que las devaluaciones de 2018 y 2019 más el deslizamiento cambiario levemente por encima del IPC en 2020 habían dejado margen para fijar el ancla cambiaria sin atentar contra la competitividad de la economía. Más aún en un momento de mejora de los términos de intercambio para Argentina. Aunque sostienen que el tipo de cambio real no está atrasado en términos históricos, la demora en la desaceleración de la inflación y la necesidad de mantener un elevado nivel de exportaciones en 2022 para no obturar las posibilidades de recuperación de la actividad económica empiezan a empujar un retoque en el ritmo de crawling peg, algo que ya sugería el proyecto de Presupuesto que Martín Guzmán envió al Congreso y cuyo tratamiento se pateó para después de la presentación del programa plurianual.

Con todo, los funcionarios descartan una aceleración del ritmo de depreciación a los niveles que pronostica el mercado, bastante superiores a las proyecciones de inflación, según se desprende del precio de los contratos de futuros del dólar. Y hablan de un gradual acercamiento hacia el IPC, al tiempo en que se logre un retroceso mensual de la inflación. La premisa es no sumar combustible a los precios.

Así, como adelantó este diario, esperan que el BCRA continúe embolsando ganancias tanto en el Rofex como en el MAE ante los inversores que apuestan por una devaluación. En noviembre, la entidad podría ganar unos $3.500 millones a través de su intervención en futuros, que se sumarían a los $14.500 millones cosechados entre enero y octubre, y a los $23.500 millones de 2020.

La confirmación de este escenario dependerá, claro está, de la letra final del acuerdo al que arribe el Gobierno con el staff del FMI, con quien atraviesa jornadas de álgida negociación para presentar el plan plurianual en la semana que va del 6 al 10 de diciembre. Pero esa es la hoja de ruta cambiaria de Guzmán y Miguel Pesce.

Fuentes oficiales aseguran que los principales puntos de tensión con el organismo no pasan por el nivel del dólar y se muestran confiadas en que también se convalidará una continuidad del control de cambios: el Fondo sabe que sería una quimera levantar el cepo y, al mismo tiempo, acumular reservas, la obsesión de Washington para garantizar el repago de los u$s45.000 millones que le prestó a Mauricio Macri. Como contó Ámbito, el ritmo de crecimiento, el sendero de ajuste fiscal y la emisión son los principales puntos de discordia de cara un programa que condicionará al país y dejará una auditoría permanente de la política económica.

Mantener las restricciones cambiarias durante los próximos años hasta que se fortalezcan las escasas reservas es vital para el objetivo del Gobierno de evitar una devaluación que ponga en riesgo la recuperación de la economía y agudice aún más la crisis social. Fue en esa línea que la semana pasada el directorio del Central dispuso la prohibición de la compra en cuotas de pasajes y otros gastos turísticos en el exterior. Una medida con costo político en sectores medios y altos que buscó cortar un subsidio en pesos a una actividad que amenazaba con empezar a escalar la demanda de divisas: en octubre, el déficit por turismo y otros servicios al exterior fue de u$s595 millones y triplicó el promedio del primer semestre.

También en esa misma sintonía fueron la obligación a los bancos de mantener una posición global neta neutra de moneda extranjera y el corrimiento de la intervención en los dólares financieros. Todas ellas medidas con el foco puesto en contener el drenaje de reservas en momentos de estacionalidad desfavorable. Con el objetivo de que los escasos dólares se utilicen para la demanda productiva, la excepción a esa matriz fue la flexibilización del límite al pago anticipado de importaciones de bienes de capital de hasta u$s1 millón, que había sido restringida en octubre.

En el mercado leyeron esas decisiones como una especie de reconocimiento oficial de la crítica situación en materia de reservas. Los funcionarios descartan un escenario disruptivo y esperan un diciembre algo más tranquilo con el ingreso de la cosecha de trigo y la llegada de algunos desembolsos de bancos multilaterales.