Por
Paz Rodríguez Niell - La Corte Suprema de Justicia prepara un fallo para
declarar inconstitucional la composición actual del Consejo de la Magistratura,
que fue dispuesta por una reforma legal impulsada por Cristina Kirchner, como
senadora, en 2006. Los jueces planean firmarlo antes de fin de año, según supo
de fuentes la nacion de la política y la Justicia con acceso a los ministros.
Es un caso que espera una definición de la Corte desde 2016.
El
fallo confirmaría que la integración actual del Consejo no respeta el
“equilibrio” entre los estamentos jurídicos y políticos que exige la
Constitución nacional. Además, podría tener por efecto la asunción del
presidente de la Corte Suprema –cargo que actualmente ocupa Horacio Rosatti–
como titular del Consejo de la Magistratura.
No
está claro si la decisión sería volver de inmediato a la ley anterior a la
reforma o abrir una ventana de tiempo que le permitiera al Congreso dictar una
nueva ley, lo que parece más probable. “El contenido de eso es algo en lo que
trabajan los tres ministros directamente”, dijeron a la nacion en una de las
vocalías de la Corte. Los “tres ministros” son Rosatti, Carlos Rosenkrantz y
Juan Carlos Maqueda; todos menos Ricardo Lorenzetti, que tiene un enfrentamiento
abierto con sus colegas, agravado después de la tormentosa elección de
autoridades en el máximo tribunal. “No hay vuelta atrás”, dicen en el despacho
de otro de los magistrados sobre esa relación. Es posible, sin embargo, que
Lorenzetti vote con ellos. Pero la señal política que implicaría resolver este
caso después de casi seis años y poner un pie en el Consejo es un mensaje de la
nueva mayoría.
Está
en juego el futuro de un organismo clave para la Justicia, el que selecciona y
controla a los jueces, y administra los fondos del Poder Judicial. Actualmente
está partido en dos entre oficialistas y opositores. ¿Qué impacto político
tendrá una eventual declaración de inconstitucionalidad sobre esa relación de
fuerzas? No demasiado, dicen a ambos lados de la grieta. Es que el equilibrio
roto, según la demanda que presentó en la Justicia el Colegio de Abogados de la
Ciudad de Buenos Aires, es entre el “estamento político” (que incluye a los
legisladores opositores y oficialistas, y al representante del Poder
Ejecutivo), los jueces y los abogados. Pero en la práctica nunca sucede que
todos los legisladores y el representante del Ejecutivo voten juntos. Y los
jueces, los abogados y el académico no funcionan como técnicos prescindentes de
la pelea política.
El
aspecto más polémico de la reforma que impulsó el kirchnerismo fue que con la
reducción de miembros –que pasaron de 20 a 13– el oficialismo fue el único
sector que no perdió poder. Retuvo a sus cinco representantes (sus dos
senadores, sus dos diputados y el delegado del Poder Ejecutivo) y, además,
obtuvo “poder de veto”: ningún juez puede ser acusado ni seleccionado para
integrar una terna sin el aval del oficialismo.
Sin
embargo, para nombrar jueces o someterlos a juicio político, antes y ahora,
hizo falta siempre una mayoría de dos tercios que ningún estamento, ni ningún
grupo político, tiene por sí mismo. Deben llegar a un consenso.
Los
consejeros dan por hecho que el fallo es inminente. Algunos dicen incluso que
tiene una fecha tentativa: 16 de diciembre. Se preguntan cómo va a ejecutar la
Corte esa declaración de inconstitucionalidad.
“Los
fallos deben ser acatados, pero un caso así requeriría un tiempo prudencial
para llegar a la nueva composición”, dijo a la nacion el presidente del Consejo
de la Magistratura, Diego Molea, representante de las universidades y parte del
bloque oficialista. Está previsto que su presidencia dure hasta febrero
próximo. “Podría disponerse que el fallo fuera de aplicación cuando venzan
todos nuestros mandatos, en noviembre de 2022”, afirmó. Dentro de un año, el
Consejo se renueva íntegro.
En
principio, la declaración de inconstitucionalidad de la reforma implicaría que
recobrará vigencia la composición anterior, de 20 miembros, con el presidente
de la Corte como titular del Consejo. Pero incluso para eso se necesita tiempo,
advierten los consejeros. Haría falta llamar a elecciones para designar a los
nuevos abogados, el nuevo juez y el nuevo académico. Es un proceso que
normalmente comienza varios meses antes del recambio, en marzo.
Otro
problema que se generará, de fallar la Corte en este sentido, es la
interpretación sobre a quién le correspondería el lugar de las “segundas
minorías” del Congreso, que estaban representadas en el Consejo de 20.
La presidencia
“No
creo que Rosatti o Rosenkrantz vayan a querer sentarse el 17 de diciembre a
presidir el Consejo. No creo que quieran generar un conflicto de poderes”, dijo
un funcionario kirchnerista que interviene en los temas judiciales. La
referencia a Rosenkrantz es porque dice suponer que Rosatti podría delegar en
él, vicepresidente de la Corte, la presidencia del Consejo. “Lo más sensato
sería que dijeran que este sistema no va, pero que los mandatos siguen vigentes
hasta noviembre. Y que si para ese momento el Congreso no dictó una nueva ley,
entonces sí debe volverse al Consejo anterior”.
Diego
Marías, representante de los abogados, que llegó al Consejo por una alianza
entre Pro y la UCR, coincidió en que “la experiencia del
Consejo
de 20 ya fracasó”. Y afirmó: “Lo ideal sería que la conformación del Consejo la
decidiera el Congreso, y no que surja de un fallo judicial. Que lo acuerden las
fuerzas políticas”. Marías, además, descree de la idea de un Consejo
despolitizado. “Es un organismo en el que prima la política. Hay dos visiones
que son muy claras y sobrepasan la pertenencia estamentaria, más allá de que yo
creo que la abogacía está discriminada y que debería haber más abogados”.
Lo
que tiene en estudio la Corte es la revisión de un fallo de la Cámara en lo
Contencioso Administrativo dictado el 19 de noviembre de 2015. Fue apelado por
el gobierno kirchnerista y cuando asumió Mauricio Macri su gestión no desistió
del recurso. Le pidió tiempo a la Corte para presentar un proyecto de reforma
diferente en el Congreso, pero esa iniciativa no prosperó.
Lorenzetti
anunció el 6 de octubre pasado que la Corte, después de años, tenía el caso “en
agenda”, para resolver. En mayo de 2018, la Procuración, a cargo de Eduardo
Casal, había dictaminado en esta causa y recomendado no hacer lugar al planteo
de inconstitucional idad.ß
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