Por Claudio
Zlotnik - La delegación de funcionarios de Economía y del Banco Central que
este fin de semana viajará a Washington para intentar el cierre de un acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional contempla un ajuste de las
cuentas públicas y la promesa de una aceleración del "crawling peg"
(minidevaluaciones diarias).
Martín
Guzmán se quedará en Buenos Aires pero ya sabe que los negociadores del FMI
plantearán un mayor ajuste del déficit fiscal. El acuerdo dependerá de que
se resuelva la forma de ordenar el desbalance de las cuentas públicas.
También
existe la intención de que el FMI reintegre, a lo largo del próximo
año, de los pagos realizados por la Argentina a lo largo de este año, unos
u$s4.500 millones.
La
principal preocupación del ministro es que pueda cumplirse con el objetivo de
recomposición de las reservas del Banco Central.
Guzmán confió a su propio equipo, en las últimas horas, que el FMI no le
está reclamando una devaluación abrupta -de un solo salto- a
pesar de que la brecha cambiaria supera el 100%.
Sin
embargo, el compromiso es que el tipo de cambio oficial subirá de
forma más acelerada a partir de que se abroche el acuerdo con Washington.
"No
se va a recuperar la apreciación de este año", confió el
ministro a su equipo de colaboradores.
Los
detalles
Eso
sí: el compromiso es que el tipo de cambio oficial empiece a subir al
ritmo de la inflación, que ahora ronda el 3% pero que en los primeros meses de
2022 podría ser más elevada por la suba de las tarifas de los servicios
públicos.
El
déficit primario que los funcionarios llevan a los Estados
Unidos contempla un 3,3% del PIB. Sin embargo,
Guzmán ya sabe que el staff del Fondo reclama un punto menos de rojo. El
número, para
el FMI debería ser del 2,3%. Por eso será clave la negociación de los próximos
días.
Otro punto en conflicto es el
tema de las tarifas. Guzmán promueve una recomposición segmentada de las tarifas de luz y
gas. El número final de esa suba será escrito al regreso del viaje.
Pero
el dato relevante es que los funcionarios le dirán al Fondo que el
ahorro fiscal por el aumento de las
tarifas sea aplicado a la obra pública. Como ya publicó iProfesional,
Cristina Kirchner avala el acuerdo con el FMI a condición de que no haya un ajuste en las
inversiones en infraestructura.
Según
el ministro, el crecimiento del PIB será del 4% el año que viene,
algo que el FMI no termina de aceptar. Los técnicos del organismo creen que a
la Argentina le faltan dólares para asegurar la expansión.
Otro punto bajo discusión
refiere al financiamiento del déficit fiscal: Guzmán lleva como propuesta
que sea a través de créditos de
organismos multilaterales (BID, Banco Mundial y CAF). El FMI pone dudas sobre
el éxito de este escenario.
Las
negociaciones con esos organismos las lleva adelante Gustavo Béliz,
secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia.
El
BID, por caso, objeta el plan de financiamiento ya que los préstamos a
la Argentina debilita su calidad crediticia.
La
negociación -se sabe- debería desembocar en un acuerdo a diez años de plazo,
con cuatro años y medio de gracia.
Con
el aval de Cristina y el cierre técnico de la negociación, el Gobierno enviará
el acuerdo al Congreso antes de la Navidad. La idea es que la ley
salga antes de fin de año.
Tal
como adelantó Cecilia Todesca Bocco, economista de confianza de
Alberto Fernández y secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la
cancillería, el Gobierno pagará el vencimiento de casi u$s1.900 millones con el
FMI con los DEGs que el propio organismo envió hace un par de meses.
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