Por
Virginia Porcella - La realización de la primera audiencia pública para debatir
el aumento en el precio del transporte y distribución de gas que se realizará
mañana iniciará el proceso de una de las medidas más traumáticas para la
gestión económica y también más resistida por el Gobierno: el ajuste de tarifas.
Se trata del primer paso concreto en más de dos años para avanzar en una de las
exigencias básicas del Fondo Monetario, que debería culminar con un incremento
en las boletas a partir de marzo. Sin embargo, las señales en materia
energética aún son ambiguas o, al menos, difieren en intensidad. Mientras todo
hace pensar que, finalmente, el Gobierno avanzará en el aumento del gas antes
del invierno, todavía no se produjeron novedades en materia de electricidad,
rubro que insume el 70% de los subsidios a la energía.
El
enojo de los usuarios por los cortes masivos de suministro producidos la semana
pasada como consecuencia de la ola de calor no son, tal vez, el contexto ideal
para implementar la segmentación de tarifas cuya puesta en marcha se había
anunciado para estos días. Pero, al mismo tiempo, la situación dejó en
evidencia la necesidad de mayores inversiones para sostener un aumento de la
demanda. Ese objetivo luce imposible de lograr sin una readecuación del
esquema tarifario que inevitablemente implicará un costo económico en materia
de inflación.
A
fin del año pasado, el secretario de Energía, Darío Martínez, anunció para
las primeras semanas de 2022 la aplicación de las tarifas segmentadas, un
esquema, basado en el valor del metro cuadrado de las propiedades por el que el
aumento de las boletas rondaría 20% en promedio, aunque sería mucho más elevado
para aquellos sectores de mayores recursos. Pero nada de eso parece estar
encaminado. A diferencia de lo que ocurre en el sector del gas, no hay
fecha estimada para la convocatoria a audiencias públicas para iniciar el
proceso, lo que permitiría adecuar los cuadros tarifarios recién a partir de
abril.
Tampoco
en las empresas distribuidoras tienen alguna noticia sobre el avance de la
segmentación o la nueva implementación de una tarifa de transición. La
expectativa de las compañías se circunscribe, por el momento, a un eventual
“conversación” en el corto plazo, una vez que las autoridades hayan procesado
la información del reciente reempadronamiento. Es que, a principios de
diciembre, el Gobierno dispuso la regularización de la base de datos para
ordenar la información de 1,5 millón de usuarios, lo que se presumió la
antesala de la segmentación y aumento de tarifas.
Sin
embargo, todo indica que habrá nuevas dilaciones a pesar de la insistencia del
ministro de Economía, Martín Guzmán, en que este año se reduzcan los
subsidios. Durante 2021, los subsidios energéticos alcanzaron los USD 10.500
millones y, a pesar de la intención oficial de recortarlos, los especialistas
señalan que este año podrían volver a tener un salto de unos USD 4.000
millones. Esto porque, según señalan desde el IAE General Mosconi, si se
confirma un aumento de 20% se destinará a transporte y distribución mientras
que el costo de generación seguirá concentrando el monto de subsidios. En este
sentido, los usuarios pagan hoy menos de 40% del costo de generación, el mismo
nivel que cubrían hace 14 años, lo que fue corregido parcialmente hacia 2019.
Ese año, las tarifas cubrieron 68% del costo.
Recomponer
esa relación, en un contexto de alta inflación, no será sencillo. Esto
porque, junto con el atraso del dólar oficial, el congelamiento de tarifas fue
precisamente uno de los mecanismos utilizados por el Gobierno como “ancla” para
el avance de los precios. Discusión sobre su efectividad aparte, lo concreto es
que soltar ese ancla como exige el Fondo Monetario en pos de reducir el
déficit fiscal -también inflacionario, particularmente si es financiado con
emisión monetaria- va a tener impacto en los precios, tal como sucedió durante
la corrección de tarifas durante la gestión anterior.
“Típicamente
los acuerdos de facilidades extendidas con el FMI, como el que busca firmar la
Argentina, involucran ajustes fiscales. El Fondo suele priorizar el rol de
la política fiscal para la acumulación de reservas por sobre su impacto en los
precios”, analizó un informe reciente de la consultora Analytica donde
calcularon que el incremento necesario para retrotraer la situación a 2019
implicaría un costo inviable de 14 puntos más de inflación sobre el 51% en que
cerró el año pasado.
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