La relación entre los dirigentes rurales y el Gobierno está quizás en su punto de máxima tensión. Las entidades que conforman la Mesa de Enlace -Coninagro, Federación Agraria, CRA y Sociedad Rural- vienen reclamando desde hace larga data por la presión fiscal que recae sobre el sector y las medidas de tipo “intervencionistas” ejecutadas en los mercados de granos y carnes. En este contexto, continúa además la polémica en torno a la “legitimidad” de las retenciones a las exportaciones y es por ello que el ruralismo ahora le pide directamente al Congreso que debata el tema.

Concretamente, el campo considera que el Poder Ejecutivo Nacional perdió las facultades para cobrar este tipo de impuestos tras el rechazo del Presupuesto Nacional y en un comunicado emitido durante el fin de semana detallaron: “El 31 de diciembre pasado venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar las alícuotas de los derechos de exportación. La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, convierte también en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que al fijaba las alícuotas del impuesto para este año”.

En consecuencia, desde el ruralismo exhortaron a “las autoridades nacionales y a las fuerzas políticas a asumir las obligaciones a su cargo y resolver en forma urgente esta situación”. De esta manera, el sector agropecuario pidió que este tema sea tratado durante las sesiones extraordinarias.

“En momentos como este, donde la sequía y los incendios están generando pérdidas en varias provincias, este tipo de impuestos de imposición rígida ponen en jaque a muchos productores que aún no saben si van a salvar los costos”, alertaron los representantes del agro.

Este duro comunicado se suma además a las movilizaciones organizadas la semana pasada por productores autoconvocados que están presionando a las entidades rurales para que se plieguen a una medida de fuerza contra la actual política agropecuaria implementada por el Gobierno.

Los autoconvocados son actualmente la facción más dura del campo y si bien hasta el momento la Mesa de Enlace se mostraba con voluntad al diálogo con el Gobierno, en los últimos meses esa relación parece haberse deteriorado. Es que el año inició también con otra fuerte reacción por parte de las entidades del campo, la Sociedad Rural, Federación Agraria y CRA renunciaron directamente al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) la coalición que nació con un claro objetivo dialoguista para lograr además la sanción de una ley que promueva el negocio agroexportador en la Argentina y que cuenta además con el apoyo del Gobierno.

Lo cierto es que tres de las entidades del campo hoy se consideran en la “vereda de enfrente” del CAA por su continuidad de diálogo con el Gobierno, algo que en la práctica parece estar roto para estos gremialistas. Mientras tanto, para sumar todavía más presión en el sector, CRA no solo renunció al CAA sino también a la denominada Mesa de las Carnes, un ámbito de discusión que plantea el Gobierno periódicamente con todos los actores del sector de ganados y carnes.

“Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), tal cual lo hemos manifestado reiteradamente, insiste una vez más en que no habrá Plan Ganadero posible en las condiciones en que la actividad ganadera nacional debe hoy desarrollarse. Intervenciones, cupos, prohibiciones, no conforman el marco adecuado para la búsqueda de consensos mínimos necesarios para asegurar el crecimiento de la actividad. Siguiendo lo dictado por el Consejo Superior Directivo de la institución, creemos que no están dadas las condiciones para trabajar y encontrar consensos”, explicó la entidad en un comunicado.

De esta manera CRA se baja directamente de la convocatoria del Ministerio de Agricultura a una reunión pautada para el próximo miércoles. El gran interrogante que ahora surge en el campo es si luego de estos renunciamientos y el pedido concreto al Congreso para que debate sobre las retenciones, cuál será el próximo paso de la dirigencia rural en un marco de prácticamente nulo diálogo con el Gobierno.