Por Sofía Diamante - El Gobierno confirmó ayer el aumento en las tarifa s de gas a partir del martes próximo1º de marzo, que será de entre 14% y 15% para las pequeñas y medianas empresas, mientras que para los usuarios residenciales osci0,6% lará entre 19% y 20%. La ratificación se desprende de la publicación ayer en el Boletín Oficial de un incremento de ingresos de 60% para las empresas transportistas de gas (donde operan TGN y TGS) y una suba del 36% para las distribuidoras (Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras).

El precio del GNC tendrá un alza final de 5%, un incremento promedio de $2 en los precios del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el metro cúbico cuesta $40.

De esta manera, se confirma también que, por lo menos en esta primera etapa, el Estado no ahorrará en subsidios al servicio, ya que los usuarios residenciales seguirán pagando solo el 29% del costo del gas, pese al pedido del ministro de Economía, Martín Guzmán, de que las tarifas reflejen un costo mayor del valor del insumo. La suba autorizada será para aumentarle los ingresos a las empresas, luego de que en los últimos tres años, con una inflación acumulada de 186%, tuvieron una suba de solo 26% las distribuidoras y de 0% las empresas de transporte de gas.

El Tesoro, por lo tanto, cubrirá con transferencias el 71% del valor del gas (entre el costo de producción nacional y el de las importaciones). Y, a medida que transcurra el año, mientras la moneda se devalúa, la recaudación en pesos de las tarifas cubrirá menos de los costos en dólares.

El Ministerio de Economía había pedido en la audiencia pública que los usuarios paguen el 55,6% de lo que cuesta el gas, de forma de no tener que aumentar las partidas presupuestarias, que equivalen a $135.360 millones, según lo presentado. Señalaba que si la situación seguía sin cambios, se iba a necesitar una partida adicional de $81.000 millones (US$683 millones, según el tipo de cambio que utilizó de $118,5). Por lo tanto, sugería que las tarifas tengan un aumento adicional de entre 35% y 47% (sin tener en cuenta la suba en los ingresos de transporte y distribución).

Dentro de las tarifas de gas, el precio del insumo en sí tiene un peso de 32% en el valor final de las boletas, mientras que el segmento de distribución explica el 25% y el transporte, el 12%; el resto son impuestos (31%).

El año pasado, los subsidios a la energía representaron 2,3% del PBI, con US$11.003 millones de transferencias del Tesoro. Un número no menor si se tiene en cuenta que el déficit fiscal fue de 3,1% del producto. El gasto en subsidios energéticos tuvo un aumento de 77% con relación a 2020 (1,6% del PBI) y de 131% en comparación con 2019 (1,1% del PBI), según la consultora Economía & Energía. Para este año, Guzmán proyectó que los subsidios al sector deben representar 1,7% del PBI.

El fin de semana, la agrupación que lidera Máximo Kirchner dejó trascender que la segmentación tarifaria basada en el valor del inmueble que propuso tendría un ahorro fiscal de solo 0,08% del PBI, muy inferior al que pretende Guzmán. Según el borrador del acuerdo con el FMI que trascendió estos días, la segmentación tarifaria “se ampliará del AMBA a otras nueve áreas urbanas para fines de mayo de 2022”.

En números concretos: el costo total del gas en promedio es de US$4,84 el millón de BTU (medida inglesa que se usa en el sector), de los cuales US$3,43 cubre el Estado y US$1,41 pagan los usuarios residenciales (la llamada demanda prioritaria). Los US$4,84 equivalen a $21,16 el metro cúbico (m3) de gas (y, por lo tanto, los usuarios pagan $6,15 el m3 actualmente en promedio).

Para este año, la Secretaría de Energía espera que el costo total del gas para abastecer la demanda sea de US$2573,6 millones (calcula $305.179 millones a un tipo de cambio de $118,5). Si el Estado cubre durante todo el año casi el 71% de ese costo, significa erogaciones por $216.360 millones. Pero “dicha situación deriva en una necesidad adicional de fondos del orden de los $81.000 millones”, señaló un informe publicado por el área que comanda Darío Martínez.

La necesidad de actualizar tarifas está atada, además, a un problema que afecta a todos los países: la disparada del precio internacional del gas natural licuado (GNL). El año pasado, se importó gas a un valor promedio de US$8,3 el millón de BTU. Para este invierno, Energía espera precios en torno a los US$23,7 (a ese número luego hay que sumarle el costo de regasificación, de entre US$1 y US$1,3 por millón de BTU).

Adicionalmente, el Gobierno tiene otro dolor de cabeza para este año: Bolivia venderá menos volumen de gas a un precio esperado de US$7,46, ya que su producción cayó 13,5% interanual en el último trimestre, según G&G Energy Consultants.

La reducción de subsidios a la energía está en el medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), quien remarcó en un comunicado que será “fundamental reducir los subsidios a la energía de manera progresiva para mejorar la composición del gasto público”. Gita Gopinath, la número dos del Fondo, lo destacó también en su cuenta de Twitter luego de anunciar el principio de entendimiento.