Por Carlos Lamiral - Según indica el programa que el Fondo Monetario Internacional (FMI) acordó con la Argentina, el próximo 15 de abril el jefe de Gabinete, Juan Manzur, debería modificar el Presupuesto vigente para adaptarlo a las proyecciones de crecimiento, inflación y demás variables incluidas en ese entendimiento. Todo bajo el contexto de los cambios que están ocurriendo en la economía global que impuso la invasión de Rusia a Ucrania.

La adaptación de las previsiones sobre gastos e ingresos de 2022 figura como la primera de las metas a cumplir por el Gobierno de Alberto Fernández con el organismo que conduce Kristalina Georgieva. Este año la Administración Pública Nacional arrancó con un crédito presupuestario de $10,8 billones e ingresos por $7,9, billones, pero le está costando mantenerse dentro de esos parámetros.

Debido a diferentes modificaciones realizadas por la Jefatura de Gabinete en el primer trimestre del año, al resultado primario deficitario previsto, de poco más de $2 billones, habrá que agregarle $3.876 millones más, según estimó la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC).

El viernes se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 343, por la que se aumentó el presupuesto de la Administración Nacional en $7.233 millones y el cálculo de recursos en $3.788 millones.

Entre las principales modificaciones figuran un refuerzo de los créditos para el INDEC en $8.884 millones para acciones vinculadas con la realización del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas y $3.000 millones para la ANSES, a fin de incorporar las erogaciones asociadas al complemento mensual, financiadas con mayores aportes y contribuciones por el mismo monto.

También se aumentan las partidas de la Jefatura de Gabinete en $1.161 millones para dotarla de mayores recursos tecnológicos, atender las erogaciones pertinentes para el cumplimiento de su cometido y asegurar una mayor presencia en el territorio del Instituto Nacional de las Juventudes.

Por otra parte, se reducen en $6.674 millones los créditos del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) del Ministerio de Trabajo y se compensan entre esa cartera y la de Salud $4.264 millones destinados al Plan 1000 días.

Se trata de cambios sobre el Presupuesto 2021 prorrogado por decreto por el Poder Ejecutivo porque la oposición en el Congreso rechazó el proyecto de 2022. Esa ley tenía una proyección de inflación del 33% anual y un crecimiento para este año del 4%, con un déficit de 3 puntos del PBI. El acuerdo con el FMI plantea una inflación de entre 38% y 48%, y un déficit de 2,5% del PBI.

Es previsible que, debido al descalabro que produjo la guerra en Ucrania en los mercados mundiales de materias primas y de energía, la Argentina y el organismo con sede en Washington tengan que volver a sentarse en una mesa a afinar el lápiz. El término que usa el FMI es el de “recalibrar” políticas, pero no dice si eso incluye recalcular las metas.

Frente a ello, otra de las medidas comprometidas, vinculadas para ajustar el Presupuesto, es la reducción de los subsidios a la energía. El acuerdo dice que durante abril el Gobierno convocará a audiencia pública para llamar a un ajuste de tarifas mayoristas. Forma parte de lo que se denomina meta “estructural”. La suba deberá comenzar a regir el 1 de junio próximo.

El Gobierno tenía previsto gastar este año casi $1,4 billones en subsidios económicos pero según lo acordado tendrá que recortar unos $420.000 millones, lo que equivale a un 0,6 puntos del PBI.