Por Yanina Otero - Diversos funcionarios del Gobierno ya lo habían anunciado en reiteradas oportunidades. En esta nueva etapa de la lucha contra la inflación se recurriría a todas las herramientas disponibles para detener la escalada de precios y en paralelo, se puso en la mira la alta concentración en sectores claves del negocio alimenticio. En primer término le tocó el turno al sector molinero y con especial foco en la principal empresa del rubro, Molino Cañuelas, la que junto con entidades representativas de las empresas recibieron multas por más de $445 millones por concertar “conductas anticompetitivas” en el marco de un “cartel institucionalizado”. Mientras tanto, por estas horas escala la tensión entre otras grandes firmas alimenticias ante el temor de nuevas sanciones oficiales.

La medida se dispuso a través de la Resolución 332/2022 de la Secretaría de Comercio Interior, publicada hoy en el Boletín Oficial y suscripta por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien días atrás tuvo un cruce con los empresarios del sector, a los que acusó de “estrangular el abastecimiento de harina”. Las multas son de $150 millones a Molino Cañuelas, el mismo monto para FAIM; $93,9 millones para la Cámara de Industriales Molineros (CIM) y $51,13 millones para Apymimra.

Lo cierto es que a partir de esta decisión oficial se abre un nuevo escenario de tensión entre las grandes empresas del sector y el Gobierno. A pesar de que esta sanción, según el expediente, surge por un hecho ocurrido el 13 de agosto de 2015, cuando, en el marco de la “Fiesta de la Harina” las cuatro partes denunciadas y “por lo menos 107 empresas” sellaron el denominado “Acuerdo general de la libre competencia en el sector molinero”, que implicaría la fijación de precios mínimos en forma convenida por todo el sector, en lo que Comercio Interior consideró un “cartel institucionalizado”.

En rigor de la verdad, Molino Cañuelas es actualmente la principal procesadora de harina de trigo de la Argentina, donde capta más del 30% del mercado gracias a que cuenta con 15 unidades industriales. Otro dato claves es que la firma atraviesa un complejo concurso de acreedores en el que acumula deudas por más de u$s1.500 millones. Más allá de esta situación, esta compañía, en definitiva, es la más importante de un rubro donde operan múltiples firmas pymes y solo se destacan otras dos grandes: Morixe y Molinos Río de la Plata.

Respuesta sectorial

En este marco, FAIM, por medio de un comunicado, rechazó la resolución por ser “groseramente arbitraria” y consideró que la multa es “exorbitante e infundada”.

“Más allá de la ilegalidad de la decisión, FAIM está convencida de que la resolución responde a otros intereses, que exceden el adecuado marco jurídico y el debido proceso, toda vez que dicha resolución tiene como antecedente un proceso administrativo iniciado en el año 2015 en donde las partes presentaron todas las pruebas y evidencias de que no hubo ningún hecho a sancionar”, aseguró la entidad.

De cualquier manera, la decisión oficial marca un antecedente, porque lo cierto es que actualmente los precios mayoristas de la harina pasan primero por la secretaria de Comercio Interior y por eso en el sector empresario esta sanción se lee como “una presión explícita” del Gobierno ante los problemas de abastecimiento que sucedieron semanas atrás en el sector.

En este marco, la industria alimenticia en su conjunto suma preocupación respecto a nuevas maniobras que puede establecer el Gobierno contra otras empresas en rubros claves como el de los fideos, la yerba mate, el azúcar y el aceite, porque en todos ellos se evidencia un fuerte grado de concentración.

En estos rubros se destacan

El final de esta historia sigue abierto, Molino Cañuelas y las asociaciones molineras multadas prometen recurrir a la justicia para apelar la sanción, mientras que desde el Gobierno prometen seguir de cerca a la concentración en el negocio alimenticio con la apuesta a que abril comience a mostrar una estabilización en los precios de la canasta básica.