Tal como publicó Infobae, el Gobierno perfilaba desde fines de marzo el proceso de modificación del presupuesto vigente, que es el de 2021 tras el “bochazo” del Congreso al proyecto para 2022 presentado por el Ministerio de Economía. El paso a paso de las negociaciones implicaba que el Gobierno nacional debía tener aprobado en el Congreso el presupuesto 2022 como una de las “acciones previas” a la concreción de un entendimiento técnico.

Una de las críticas más repetidas en la oposición a esa iniciativa rechazada era que los supuestos macroeconómicos explicitados en ese proyecto habían quedado desactualizados. Se planteaba un horizonte de inflación para 2022 de 33% anual y de poco más de 40% para 2021. La aceleración de precios de la última parte del año hizo terminar el IPC anual en casi 51% y el propio programa con el FMI terminó por convalidar un arco de inflación de entre 38 y 48%, una proyección que también ya quedó atrasada.

En lo que va del año, el Gobierno hizo por la vía administrativa dos modificaciones parlamentarias, según recopilaron informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y la Asociación Argentina de Presupueso (ASAP).

La más importante fue a principios de abril. Según publicó el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial, la reasignación de partidas totalizó $7.233 millones, con un recálculo de recursos por $3.788 millones. De esa manera, la modificación implicó un aumento del déficit en $3.445 millones, según la OPC.

Algunos aspectos del gasto público tuvieron incrementos de partidas, otras disminuciones y otros, de un tercer grupo, registraron “compensaciones”. Entre los incrementos de fondos están el Ministerio de Economía por $8.884 millones para financiar la implementación del Censo Nacional de Población que se realizará este año. También habrá otros $3.000 millones para el Ministerio de Trabajo, específicamente para el presupuesto que Anses utiliza para la Asignación Universal por Hijo. Por último, la Jefatura de Gabinete contará con $1.161 millones más para el Instituto Nacional de las Juventudes.

Entre las disminuciones también aparece el Ministerio de Trabajo, específicamente para la partida correspondiente al programa Repro, por el cual el Gobierno paga parte del salario de trabajadores del sector privado de rubros productivos considerados críticos en el contexto de pandemia. Ese recorte es de $6.674 millones.

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Entre las compensaciones, para Anses, junto con la de Salud, habrá $4.264 millones para el Plan 1.000 Días que apunta a asistencia en la nutrición para niños hasta los 3 años. Otros $2.800 millones para el Ministerio de Seguridad y el Servicio Penintenciario Federal, y por último, $2.000 millones para el programa Gestión del Riesgo Agropecuario del Ministerio de Agricultura.

Según la definición que ofrece la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), “las modificaciones presupuestarias son variaciones que experimentan los créditos presupuestarios originalmente aprobados a nivel de las diferentes categorías programáticas, de acuerdo a las normas legales vigentes. Se originan por varios motivos entre los cuales pueden mencionarse las sobreestimaciones o subestimaciones de dichos créditos, incorporación, reducción o eliminación de categorías programáticas y cambios no previstos en la proyección de los ingresos”.

En este caso, el Poder Ejecutivo debería adaptar la estructura de fondeo a los distintos programas de política pública a las nuevas metas acordadas con el Fondo. A saber: el objetivo de déficit primario equivalente al 2,5% del PBI como techo y las metas trimestrales que tendrá cada revisión.

Habrá, explicaron fuentes oficiales a Infobae, dos modalidades por las cuales el Gobierno pueda cristalizar esa adaptación del presupuesto vigente del 2021 al nuevo programa con el FMI. “Las adecuaciones pueden hacerse o por decisión administrativa o resolución; en ese caso no se comunican al Congreso. Cuando se hacen por decreto de necesidad y urgencia, sí se comunica al Congreso”, detallaron desde un despacho oficial.