Por Pablo Lutereau - Junto con la reciente suba de la calificación en escala global de la Argentina a "B /Estable/B" desde "B/Estable/B", Standard & Poor’s mejoró, en cierta medida, su percepción del ambiente de negocios que enfrentan las compañías domiciliadas en el país. Sin embargo, el cambio en dicha percepción es limitado ya que se presentan todavía muchas incertidumbres, especialmente el débil ambiente institucional, el cambiante entorno regulatorio y los potenciales impactos de problemas de abastecimiento energético.

La suba en la calificación de la Argentina refleja las mejoras en la liquidez externa del país, en combinación con un nivel de deuda en descenso. Como anunciáramos días atrás, la deuda externa neta podría caer por debajo de un 95% de los ingresos de la cuenta corriente en 2006 desde 120% en 2005; mientras que el pasivo total del sector público podría bajar a menos de 60% del PBI durante 2007 frente a casi 80% en 2005. Además, el superávit de las cuentas corriente y fiscal, combinados con el rápido crecimiento y el grado de diversificación del PBI en años recientes han fortalecido el perfil financiero del país.

Pero si bien todos estos factores contribuyen a mejorar la capacidad de repago del soberano, su impacto en el ambiente de negocios del país es limitado. El sólido crecimiento económico del último año, especialmente lo que se conoce del segundo semestre, establece un buen piso de crecimiento para los próximos dos años, que a su vez permite suponer que el fortalecimiento de la demanda va a continuar sólido en dicho lapso, aunque a tasas inferiores. Esta tendencia debería traducirse en oportunidades para las empresas que operan en el mercado doméstico a través de mayores volúmenes de ventas. Asimismo, las mejoras en la posición de liquidez del gobierno se traducen en un ambiente financiero más saludable para el sector corporativo, sin que el sector público se convierta en un fuerte demandante de fondos.

Sin embargo, todavía quedan varios factores que añaden incertidumbre y condicionan fuertemente las calificaciones de las compañías argentinas. El ambiente institucional del país continúa presentando serias debilidades que impiden a las compañías programar inversiones de largo plazo o conseguir financiamiento para las mismas con un plazo adecuado. El ambiente regulatorio también plantea serios desafíos a futuro, especialmente para recomponer las ecuaciones económicas de las empresas de servicios públicos y para el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura privados.

La situación energética en el país merece un capítulo aparte, ya que podría condicionar el crecimiento económico y afectar la situación crediticia de las empresas, tanto por un potencial aumento de costos como por los potenciales cortes en el suministro energético. La crisis económica del 2002 y la ausencia de un marco regulatorio claro conllevaron a la situación actual, afectando las decisiones de inversión; al tiempo que las tarifas congeladas y los "acuerdos" de precios resultaron en una distorsión de los precios relativos. Esta situación es especialmente crítica en los sectores de generación eléctrica y producción de gas natural.

Nuestra percepción del entorno de negocios del país ha mejorado pero persisten desafíos, particularmente el desarrollo de instituciones sólidas y marcos regulatorios predecibles, que condicionan el ambiente económico de las entidades privadas calificadas.