Por Germán de los Santos - En una reunión inédita, que convocó en Rosario a 120 jueces federales y magistrados de todo el país, la Corte Suprema envió ayer un mensaje contundente en la lucha contra el narcotráfico al reclamar más “decisión política” a todos los involucrados en el combate contra ese flagelo.

El presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, pidió además que se cubran las vacantes en los juzgados, uno de los mayores problemas para enfrentar el delito. “La indiferencia frente al narcotráfico no es neutralidad, sino complicidad”, planteó.

El encuentro, que también contó con la presencia de figuras políticas locales, como el gobernador Omar Perotti y el intendente local, Pablo Javkin, se realizó en medio de un amplio operativo de seguridad. En lo que va del año ya fueron ejecutadas 104 personas en Rosario.

ROSARIO.– Rodeados de un centenar de jueces federales, los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia dieron ayer en Rosario un fuerte gesto para darle batalla al narcotráfico, que amenaza a los funcionarios judiciales y federales de Santa Fe. En un reclamo conjunto, demandaron a los poderes Ejecutivo y Legislativo cubrir las vacantes judiciales pendientes. “Tiene que haber una decisión política muy firme”, pidió Horacio Rosatti, el presidente del máximo tribunal del país.

“No se puede combatir con éxito el narcotráfico sin un Estado consolidado y una sociedad comprometida. Tiene que haber una decisión política muy firme y contundente, de lo contrario cualquier intento puede naufragar”, señaló el presidente de la Corte, que fue presentado también como titular del Consejo de la Magistratura.

Luego tomó la palabra Ricardo Lorenzetti, otro de los miembros de la Corte que venían de cuestionar duramente al ministro de Justicia, Martín Soria. “Hoy estamos todos unidos. No hay grietas en el Poder Judicial ni divisiones absurdas”, aseguró el magistrado.

El anhelo compartido de los cien jueces federales, los cuatro ministros de la Corte y los consejeros de la Magistratura apuntó a que la reunión en Rosario no quedara solo reflejada en una foto grupal de la máxima jerarquía del Poder Judicial, que en bloque puso el foco en el narcotráfico y en los problemas de violencia que golpean a una ciudad que vibra con los disparos de los sicarios, que en lo que va del año ejecutaron a 104 personas.

El mensaje fue más amplio y estuvo dirigido al resto de los poderes, con críticas a la clase política. “La indiferencia frente al narcotráfico no es neutralidad, sino complicidad”, definió Rosatti, frente a un auditorio repleto en la Facultad de Derecho de Rosario, donde cada expositor desgranó su diagnóstico para enfrentar el problema de la violencia y el tráfico de drogas, aunque con escasa autocrítica hacia dentro.

Rosatti fue uno de los que decidieron cuando se proyectó este acto que era necesario fortalecer la reunión de la Asociación de Jueces y Juezas Federales (Ajufe). Jorge Morán, titular de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, dijo que “si el problema del narcotráfico no se aborda desde todos los ámbitos va a derrumbar a la sociedad”. Hernán Botta, decano de la Facultad de Derecho y anfitrión, también fue al hueso: “No hay nada más urgente que terminar con la violencia que nos desgarra. Queremos vivir en paz”.

El fuerte operativo de seguridad que se montó en torno a la Facultad de Derecho, que está a menos de 100 metros de la sede de la gobernación de Santa Fe, no evitó que emergiera el problema a pocos metros de allí. A solo dos cuadras del lugar un comerciante corrió a dos ladrones que habían robado 40.000 pesos en su negocio y disparó tres tiros al aire.

El problema de la violencia enraizada que supura del narcomenudeo no es nuevo en Rosario. En 2012 comenzó a crecer la cantidad de homicidios, que un año después tuvo su pico con 264 asesinatos, tras la guerra narco que se desató a causa de la intervención en el negocio de sectores de la policía de Santa Fe. El poder de bandas poco sofisticadas, surgidas de territorios marginales de finales de los 90, ganó terreno favorecidas por la subestimación de los poderes del Estado y la indiferencia de sectores de la Justicia Federal de Rosario. La emergencia hizo que los fiscales provinciales, actores claves del sistema acusatorio en Santa Fe, detuvieran bajo el paraguas de la figura de “asociación ilícita” a narcos que las investigaciones en el fuero federal demoraban.

Aunque los ministros Lorenzetti y Rosatti expresaron su respaldo a las investigaciones de los fiscales pro- vinciales, surgió resquemor por el apoyo que la plana mayor del Poder Judicial iba a expresar hacia la Justicia Federal de Rosario, en momentos en que uno de los jueces de instrucción, Marcelo Bailaque, concentra las miradas por su desempeño en causas emblemáticas, como quedó expuesto en un juicio contra el narco Esteban Alvarado, en el que los fiscales Matías Edery y Matías Schiappa Pietra anunciaron que enviarán al Consejo de la Magistratura una copia de la causa para que se investigue la actuación de los funcionarios. El magistrado que tuvo el expediente desde 2013 desistió de profundizar en el caso.

La Justicia Federal de Rosario enfrenta problemas que acarrea desde hace años. La escasa iniciativa a la hora de profundizar investigaciones va de la mano, en parte, según definen desde dentro del Poder Judicial, de una estructura raquítica, con tres fiscalías –una está vacante– que deben instruir más de 5000 causas por año. Los dos jueces federales delegan todas las investigaciones en el Ministerio Público, por lo que esta situación hace más visible el agujero a nivel operativo.

El escenario con que se encontraron los jueces federales y la Corte en Rosario es dramático: las causas por narcotráfico crecieron un 16% en dos años y representan el 80% del total; hay un déficit del 50% de personal; la infraestructura edilicia está en crisis; no hay cárceles federales y los fiscales cuentan con siete notebooks. En 2018 ingresaron 4930 causas por narcocriminalidad y en 2019 esa cifra creció a 5726.