Domingo
15 - Por
Wimena Casas - En la última semana se llevaron a cabo las tres audiencias
públicas programadas, donde el Gobierno presentó su plan de incrementos en
las tarifas de gas y de electricidad y los criterios que se tomarán en cuenta
para decidir una quita de subsidios al 10% de los usuarios de mayor poder
adquisitivo. Las audiencias son el paso previo requerido para poder aplicar los
nuevos cuadros tarifarios.
Según
el cronograma oficial, los nuevos valores y el esquema de segmentación de
subsidios tendrán vigencia a partir de junio. Sin embargo, de acuerdo a las
información de las empresas distribuidoras, recién se verán reflejados en
las facturas que reciben los usuarios en un plazo de al menos de dos meses. Es
que una vez publicados los cambios en los cuadros tarifarios, la facturación de
los consumos se basa en un ciclo de dos meses que es el período de lectura de
los medidores, y se divide en dos pagos.
Las
subas propuestas para la electricidad en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos
Aires) fueron de 16,52% para los usuarios sin tarifa social y de 6,88% para
los consumidores con tarifa social. En tanto, para el servicio de gas en todo
el país, los usuarios con tarifa social no tendrán aumentos y las subas
proyectadas para el segmento medio van desde 18,5% hasta 25,5%, de acuerdo a las distintas zonas, donde operan distintas empresas
distribuidoras.
Por
su parte, los clientes de alto poder adquisitivo dejarán de percibir subsidios
y pagarán el precio pleno del servicio, que se estima implicará una suba de un
150%. La estimación oficial es que serán 921.778 titulares, en el caso de la
energía eléctrica, y 760.600 en el de gas residencial.
Hoy
el Estado cubre más del 75% del costo del gas y de la electricidad que se incluye
en las facturas (Europa Press)
Según
los datos de la Secretaría de Energía, hoy el Estado cubre más del 75% del
costo del gas y de la electricidad que se incluye en las facturas. Lo hace a
través de subsidios que surgen de la diferencia entre el precio que pagan los
usuarios y el costo de generación o adquisición del suministro.
Como
adelantó Infobae, la propuesta es que comiencen a pagar la
tarifa plena los titulares con ingresos equivalentes a 3,5
canastas básicas totales (unos $313.916 en marzo), tres o más inmuebles,
tres o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad o sean propietarios
embarcaciones de lujo o aeronaves. Para los usuarios del AMBA también se
tomarán en cuenta criterios geográficos: dejarán de recibir subsidios quienes
vivan en los 13
barrios identificados por el ENRE como de alta capacidad de pago.
Accederán
a la tarifa social y mantendrán los niveles de subsidios quienes
vivan en los barrios populares identificados por el Renabap; titulares de
programas sociales; empleadas doméstica; jubilados, pensionados, beneficiarios
de pensiones no contributivas, monotributistas y trabajadores en relación de
dependencia que perciban una remuneración bruta menor a dos salarios
mínimos; entre otros.
Las
empresas distribuidoras de gas destacaron que la puesta en marcha de los
ajustes que se aprueben llevará al menos unas ocho semanas. “La segmentación
requerirá las modificaciones necesarias en los sistemas informáticos que
tendrán un costo no previsto para la compañías”, dijo Daniel Martini,
director ejecutivo de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), durante
la audiencia del jueves pasado.
Las
empresas enviaron comunicaciones a más de 3 millones de usuarios para que
regularicen la titularidad (Adrián Escandar)
Según
el directivo de la asociación, una de las trabas existentes para determinar la
segmentación de la tarifa es las dificultad para comprobar que el nombre del titular
de la boleta sea quien realmente recibe el servicio.
Por
instrucción del Enargas, las empresas enviaron comunicaciones a más de 3
millones de usuarios para que regularicen la titularidad, pero aseguran que
solo respondió el 2,5% del total.
Claudio
Bulacio, representante de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica
(Adeera), también alertó por problemas de implementación de la segmentación
tarifaria, sobre todo por la información requerida para la vinculación entre el
usuario y el titular. “Se requiere adecuar los sistemas comerciales y de
facturación de las empresas y este proceso no puede demorar menos de dos meses,
60 días como mínimo”, detalló.
De
acuerdo a la información oficial y a las pautas fijadas en el acuerdo con
el Fondo Monetario Internacional, los próximos aumentos serán los últimos de
este año, ya que el tope para todo 2022 es de 40% del Coeficiente de Variación
Salarial (CVS) del año anterior para los usuarios de tarifa social y de
80% del CVS para el segmento medio de usuarios. Como la variación salarial fue
de 53,4%, las tarifas no podrán incrementarse más de 21,4% y 42,7%
respectivamente (excepto para los que dejen de recibir subsidios que tendrán
aumentos por encima de ese tope).
“El
esfuerzo para reducir subsidios es marginal. No se reducen significativamente y
el esquema tampoco ayuda mucho a focalizar la ayuda en la demanda vulnerable.
Entiendo que la decisión política es ponerle un tope anual a los aumentos, de
manera que creo que no habrá más hasta el año siguiente. De hecho la
segmentación planteada ajusta por el CSV del año anterior entero que se pasa en
un determinado porcentaje. Esto quiere decir que si quieren aumentar van a
tener que usar otro índice indexatorio o bien incumplir los topes propuestos”,
dijo Julián Rojo, economista del Instituto Argentino de la Energía (IAE)
General Mosconi.
“El
ajuste de tarifas ayuda a reducir los subsidios, pero igual van a subir”,
explicó Daniel Dreizzen, especialista de la consultora Ecolatina y ex
secretario de Planeamiento Energético. Según los cálculos de la consultora,
este año rondarán los USD 13.000 millones cuando el año pasado fueron de USD
11.000 millones. “La quita de subsidios ayuda a que no crezcan, pero con la
devaluación y con los costos en dólares no alcanza para que bajen”.
"El
esfuerzo para reducir subsidios es marginal. No se reducen significativamente y
el esquema tampoco ayuda mucho a focalizar la ayuda en la demanda
vulnerable", dijo a Infobae Claudio Bulacio (EFE)
“La
segmentación es complicada de aplicar porque va a haber mucha diferencia entre
el 10% sin subsidios y el resto de los usuarios. Estoy a favor de que se pague
el costo, salvo el que requiera el subsidio. Hoy pagamos un tercio de la
tarifa de energía eléctrica y gas. Si la tarifa fuera solo el costo de
generación de energía se pasaría a triplicar, para como la factura también
tiene el costo del transporte y distribución, donde no hay subsidios y ya
hubo aumentos en distribución, el aumento ronda el 150%, que es multiplicar la
tarifa por 2,5″, agregó Dreizzen.
Para
implementar la segmentación se requiere que las empresas distribuidoras,
subdistribuidoras, y entes reguladores provean en forma periódica el padrón de
suministros residenciales y se comparta esa base de datos con el Sistema de Identificación
Nacional Tributario y Social (Sintys) para identificar quiénes cumplen con las
condiciones para recibir o no subsidios.
Actualmente
se detectó que del total de usuarios registrados, 1,2 millones se
encuentran fallecidos, más de 37.000 son personas jurídicas y unos 777.000 no
registran información sobre su situación socioeconómica. |