Por
Juan Gasalla - La economía argentina de los últimos meses registró una muy
elevada inflación, tanto si se la mide en pesos como en dólares, habida cuenta
del suave deslizamiento del tipo de cambio que regula el Banco Central.
El
origen de este ritmo de alza del Índice General de Precios al Consumidor del
Indec tiene que ver con la expansión monetaria, una emisión de dinero que
a su vez tiene raíz en el profundo déficit operativo del Gobierno nacional
y que cubre con pesos sin respaldo, además de la colocación de bonos del
Tesoro en moneda local.
La
mitad de los títulos públicos colocados en 2021 fue en bonos indexados por
el CER, es decir atados a la inflación. Esto se debe a que los agentes de mercado aceptan prestarle al Gobierno a cambio de una
cobertura contra la suba de los precios.
El
economista Marcos Buscaglia calculó que “en abril, por efecto de la
inflación, la deuda del Gobierno indexada al CER va a aumentar aproximadamente
en $500.000 millones, a un ritmo de $16.600 millones por día. Más que el doble
del paquete de apoyo a los sectores de bajos ingresos recién anunciado”, según
manifestó a través de su cuenta de Twitter.
La
base de esta estimación tiene que ver con que la deuda en CER a fin
de marzo, expresada en dólares, ascendía a unos USD 71.000 millones, que
con el 6,7% de inflación mensual de marzo resulta en
un incremento mensual equivalente a USD 4.700 millones de estos pasivos,
mientras que ese aumento medido en pesos al tipo de cambio oficial representa
unos 551.000 millones de pesos.
Según
el último informe de la Secretaría de Finanzas, en marzo de 2022, el stock
de deuda pública bruta ascendió a un monto total equivalente a USD 376.278
millones, de los cuales USD 373.758 millones se encuentra en situación de pago
normal. De ese total, el 18,9% correspondió a bonos del Tesoro en pesos
indexados por CER, por un equivalente a 71.157 millones de dólares.
Renovar
esta deuda atada a la variación del IPC del Indec no deja de ser un desafío,
pues empieza a escasear la demanda de títulos soberanos cuyo
vencimiento se extienda más allá de 2023, es decir, después de las próximas
elecciones presidenciales. Hay que recordar que en abril el Tesoro no
consiguió renovar vencimientos por $80.000 millones y por eso tuvo
que cubrir el
faltante con emisión del Banco Central.
El
economista Joaquín Marque, director de UG Valores, manifestó a Infobae que
“hay mucha preocupación entre los agentes económicos por la deuda en pesos
indexada por inflación, que tarde o temprano tendrá que ser
reestructurada de forma compulsiva ya que difícilmente pueda ser licuada.
Los agentes económicos se posicionan en los vencimientos anteriores a las
elecciones 2023, dada la incertidumbre política que vendrá aprovechando
momentáneamente el carry trade”.
“De
seguir incrementando la deuda indexada, el próximo Gobierno se enfrentará a un
escenario similar al que se encontró en 2015 con la operatoria de dólar
futuro, que tenía como fin contener la brecha cambiaria pero que contenía una
situación compleja de resolver”, añadió Marque.
En
abril cerca del 80% de la deuda colocada por el Tesoro fue a través de títulos
en pesos indexados por CER, cuyo stock se expandió a $7,7 billones,
ahora equivalentes a unos USD 66.000 millones al tipo de cambio oficial.
La inflación de abril se ubicó en el 6% y quedó en el límite
que se había puesto como meta el Gobierno, aunque si se toma en cuenta que la
marca anual alcanzó al 58%, resultó la más alta desde enero de 1992. Así,
la deuda CER aumentó en otros $431.200 millones o el equivalente a
unos USD 3.700 millones, es decir un 1% del stock de deuda pública bruta
total en solo un mes.
La
evolución de los niveles de la deuda en pesos y más específicamente la que está
atada a la suba de precios, es una de las preocupaciones que tiene el Fondo
Monetario en el frente financiero, en un contexto de conversaciones
técnicas que ya se iniciaron entre el Poder Ejecutivo y el
organismo para llevar adelante la primera revisión trimestral de metas y la
recalibración de proyecciones de inflación y subsidios.
“Conforme
al sendero proyectado de desinflación, tenemos previsto reducir
gradualmente el uso de instrumentos vinculados a la inflación, ampliar la
cartera de instrumentos de deuda de referencia y extender el perfil de
vencimientos”, consideró el memorando de entendimiento con el FMI. Según supo Infobae,
desde el Gobierno aseguran que esa premisa se mantiene, pero relativizan los
tiempos.
De
todos modos, el financiamiento neto negativo para el Tesoro en abril, que
obligó a la emisión del BCRA por $80.000 millones en Adelantos
Transitorios para cubrir el faltante, fue una señal de alerta de cara a la
montaña de vencimientos por venir. La próxima licitación será el 19 de mayo,
cuando el Gobierno tendrá que enfrentar vencimientos por unos 723.000 millones
de pesos.
“Mirando
hacia adelante no hay dudas que la coyuntura de mercado y las opciones que el
Tesoro ‘ponga sobre la mesa’ marcarán la cancha en un marco de muchos
pesos y pocos instrumentos. Quedó claro en la última licitación -y se refleja
en la industria de Fondos Comunes de Inversión- que los inversores
mantienen la preferencia por CER corto (plazo), y que los vencimientos
post 2023 se muestran menos atractivos ante la probabilidad que
puedan sufrir una reestructuración. La pendiente actual de la curva, de
hecho, es un reflejo de este escenario. Una coyuntura descripta que nos lleva a
que, a la hora de armar una cartera, sea aún más relevante analizar el perfil
de riesgo y el horizonte de la inversión”, observó Portfolio Personal
Inversiones en un reporte. |