Por Carlos
Burgueño - Si bien lo que se refleja desde Washington en
las pantallas del Zoom con el que avanzan las fiscalizaciones del Fondo
Monetario Internacional (FMI) es
prudencia y debates técnicos, desde Buenos Aires crece la esperanza. El
Ejecutivo está cada vez más convencido de que el organismo financiero
finalmente aceptará los datos del primer trimestre del año, especialmente en el
capítulo más importante que el país debe cumplir: la evolución del déficit
fiscal. Lo que se desprende de las primeras jornadas de fiscalizaciones es que
no hay mayores cuestionamientos desde el otro lado de los Zoom, y el resultado
de un desequilibrio entre ingresos y gastos de 0,3% entre enero y marzo será
avalado y recibiría el tilde verde. Si esto ocurre, sólo restaría fiscalizar la
evolución de las reservas en el mismo período, el nivel de crecimiento de la
economía y la política monetaria aplicada desde el palacio de Hacienda, para
que Argentina reciba la aprobación del primero de los tres exámenes que el
gobierno de Alberto Fernández tendrá que superar para que el Facilidades
Extendidas permanezca vivo. Si bien se reconoce en Buenos Aires que esta
primera revisión es, en teoría, la más fácil de superar; el momento de recibir
la aprobación será un espaldarazo a la gestión de Martín Guzmán para poder
continuar con su estrategia fiscal, monetaria y cambiaria para el período
abril-junio; el que, obviamente, presenta más complicaciones fiscales que el
período en evaluación.
Lo importante del 0,3% de déficit del primer trimestre se ubica en
sintonía con el 2,5% comprometido para todo el 2022. Incluso puede hablarse de
algún sobrecumplimiento, ya que se trata de un desequilibrio de unos $192.700
millones, cifra que se ubica por debajo de la meta de $222.300 millones del
resultado comprometido. Sin embargo, saben ambas partes, a la cifra se llega
con algunos movimientos contables polémicos; los que a los ojos de Guzmán y su
equipo estarían en sintonía con lo negociado con el FMI y lo aprobado por el
organismo en la reunión del board del 25 de marzo pasado.
Se trata de la contabilización como ingresos por unos $124.000 millones
(casi la totalidad del desequilibrio) y mucho más que el sobrecumplimiento de
$30.000 millones, que son parte de las colocaciones de deuda que realizó el
Gobierno durante los primeros tres meses del año, explicados por la diferencia
entre el lanzamiento de la deuda y el valor nominal de mercado (el famoso Valor
Presente Neto) de la misma. Se trata de una especie de “rentas de propiedad” de
los activos del sector público, cuyo valor se incrementó por los movimientos
del mercado, y que según los analistas no deberían ser tomados como ingresos
genuinos del Estado Nacional; salvo que se aclaren como no disponibles o por
fuera de las metas fiscales.
Para Economía todo es lícito y abierto al análisis, sin contabilidades
ocultas. O, dicho de otro modo, lo que importa que el FMI lo apruebe como
válido. Al presentar los datos del primer trimestre, la secretaría de Hacienda
de Raúl Rigo había dicho que hacia marzo “el incremento nominal del déficit
primario se encuentra dentro de los valores previstos al inicio del ejercicio,
incluso considerando los efectos del alza de los precios internacionales sobre
las cuentas públicas, generados por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania”.
Y que, lo más importante, entre enero y marzo se registró un aumento real del
9,1% interanual de los ingresos totales, lo que “se asocia a la mayor
recaudación de tributos ligados a la seguridad social y a la actividad económica,
en el marco del proceso de crecimiento acompañado por una mejora de los
salarios y una recuperación del empleo registrado”.
La esperanza de Economía es que los datos se aprueben en la misión de la
próxima semana, junto con la acumulación de reservas en el Banco Central y el
crecimiento proyectado de 4% del PBI para todo el año. Y que sobre la base de
estos datos se avalen el resto de las variables que el país debe cumplir, y
cuyo tilde verde está seriamente comprometido. Especialmente el dato de inflación
y, en menor medida de inconsistencias, la política cambiaria y la emisión
monetaria, terrenos donde el Palacio de Hacienda no puede mostrar resultados
positivos y esperanzadores para el futuro. O al menos datos que proyectados
para todo el ejercicio se acerquen a lo pactado.
La estrategia desde Buenos Aires, es que los números de las variables
que sí se cumplirían, sean lo suficientemente sólidos y lógicos, para que
opaquen a las metas y objetivos que ya se sabe no se cumplirán. Sabe Guzmán y
su equipo, que en algún momento del resto del año, quizá durante las próximas
misiones del FMI que restan para lo que queda del 2022, habrá que recalcular
varias de estos números y porcentajes; y se necesitará renegociar un waiver
general. |