Por Javier Blanco - En la Argentina circular, o del repetitivo Día de la Marmota, todo vuelve. Y ahora volvieron los tests sobre la capacidad para conseguir financiamiento en el mercado. Hace algunos años eran los “supermartes” de Lebac y, más tarde (con el mercado internacional ya cerrado para la administración Macri), las pruebas relacionadas a la colocación de deuda interna, esas que vuelven a tomar preponderancia ahora que el acuerdo con el FMI le puso a la administración Fernández un razonable límite a la “maquinita” de fabricar dinero para afrontar el gasto.

La cita ahora está planteada hoy, día en que el Ministerio de Economía saldrá a buscar plata para pagar unos $756.000 millones que se le vencen en deuda antes emitida, un monto que supera en 3,65 veces los $206.000 millones que cuesta el plan de refuerzo a los ingresos recientemente puesto en marcha por el Gobierno, según las cifras oficialmente difundidas al respecto, y dimensiona el peso que está asumiendo la deuda pública emitida en pesos (hay vencimientos por más de $4 billones en lo que resta del año, cifra representativa del 113% de la Base Monetaria).

Lo hará ofreciendo al mercado siete instrumentos de deuda en pesos de distinto tipo (a tasa fija, ajustables por CER o por el dólar oficial y hasta “duales”) y a distintos plazos, además de dos canastas con letras del Tesoro (Lecer) con cobertura contra la inflación.

Pero conservando bajo la manga una carta importante para asegurar un piso de captación algo superior a los $450.000 millones: armó un bono a vencer en cinco años que los bancos podrán usar para integrar los encajes que les demanda el BCRA y que les asegurará elegir cobrar por esa obligación prudencial –que habitualmente debían cubrir sin esperar retribución alguna– la tasa que surja de la licitación (con tope fijado en el 43,25% nominal anual) o la que resulte de aplicarle al índice CER un 1% extra.

Eso hace a los analistas de mercado descontar que los bancos –que tienen por cobrar $449.000 millones (por vencimiento del Bonte22 que usaban con igual destino, aunque sin la garantía de esa dualidad)–, “se tirarán de cabeza a este bono”, tal como no duda en afirmar al economista Santiago López Alfaro, presidente y socio de Patente Valores, quien, sobre esta base, sostiene su pronóstico de una licitación que “saldrá bien”.

Incluso se proyecta, considerando el aumento de los depósitos desde la última licitación del bono TY22 que vence, que podría captar con este instrumento entre “$20.800 millones y $60.700 millones adicionales si los bancos decidieran volver al 4,3% promedio de la integración con él o llegar al 5% máximo permitido por regulación”, calcularon los especialistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

“Queda a la vista que se juegan a captar todo lo que puedan porque retornaron al menú las opciones CER menores a un año tras su ausencia en abril. Es una clara señal de que necesitan mejorar los números de financiamiento para no desviarse del cumplimiento de la meta monetaria trimestral, tras el bajo roll over de abril y el aumento del financiamiento monetario en las últimas semanas”, destacó en su informe previo a la subasta Facimex Valores.

La pausa en la emisión de deuda ajustable por CER en abril respondió a un intento de la administración Fernández de atender la “sugerencia” que el FMI les había repetido a los responsables de Finanzas en las últimas semanas.

No es para menos: ese tipo de deuda ya explica dos tercios de toda la deuda emitida en pesos y no solo representa 14% del PBI, sino que además se encarece en unos $16.700 millones por día dada la elevada inflación reinante.

Pero, como dice el dicho, la necesidad tiene cara de hereje, por lo que desde la secretaría que conduce Rafael Brigo volvieron a incluir esos instrumentos y ni siquiera dudaron en sumar al menú opciones para cubrirse del riesgo de una mayor devaluación del peso, algo que venían escatimando en el presente año.

Algunos desajustes

Lo curioso del caso es que la situación de caja en la que llega el Tesoro a esta instancia parece derivar de una subestimación de la necesidad de recursos o de un manejo defectuoso de la política de financiamiento durante abril (no se cubrió ni el total de la deuda que vencía, como no sucedía desde agosto pasado), con el agregado de un mal diseño en el cronograma de colocaciones que dejó un “bache” de 23 días (el mayor en lo que va del año) entre la última subasta y la de mañana, y en mal momento: cuando el gasto público vuelve a expandirse sostenidamente, en muchos casos, solo para cubrir algo del daño que la propia política económica genera por vía de la inflación.

De allí que el BCRA haya tenido que volver a prender la “maquinita” para emitir $258.000 millones solo entre el 29 de abril y el pasado viernes 13 (en 15 días) para asistir al fisco, con lo que el acumulado por esos giros ya llega a $380.000 millones en lo que va del año, lo que implica que se consumió el 87% de la meta máxima de $438.500 millones estipulada en el acuerdo con el FMI para fines de junio.

“Esos datos, y el tamaño de los vencimientos, son los que generaron la expectativa que se creó sobre la licitación de mañana [por hoy]. Pero cuando se mira el detalle, y se observa en especial que casi $450.000 millones por vencer los tienen los bancos en un bono que usan para encajes –y les ofrecen a cambio un bono a 2027, pero amortizable en cuotas anuales de 25%, cada una a partir de mayo de 2024 y dual–, se tiende a pensar que la captación será alta”, coincide en diagnosticar Juan José Vázquez, de Cohen Aliados Financieros.

“La dinámica que tomó la emisión, y los límites que impuso el acuerdo con el FMI, hacen que estas subastas vuelvan a captar la atención del mercado. Será así de aquí en más”, sostiene a la vez López Alfaro.

La mirada más fina estará puesta en la demanda de papeles por vencer una vez activado el cronograma electoral de la próxima presidencial o incluso finalizado el mandato de la actual administración. Hasta aquí el apetito del mercado por este tipo de papeles era muy bajo.

“Entre los instrumentos que se licitan está la reapertura de un bono dollar linked a caducar en mayo de 2024 y bonos CER con vencimientos a 2025 (nuevo) y reapertura de TX26. Será interesante para ver la demanda de instrumentos financieros posmandato actual”, apuntó Vázquez. ß