Por José Luis Brea - “Los banqueros centrales son los que sacan el
ponche cuando la fiesta está empezando”, dicen con sorna en Reconquista 266, la
señorial sede del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Aluden así al
rol que deben asumir ante los inagotables requerimientos de la política, que
obligan a prender la famosa “maquinita”, casi siempre desentendidos de las
consecuencias. El chiste se lo endilgan a los monetaristas, un perfil con el
que las actuales autoridades de la entidad no se identifican, pero al que
circunstancialmente suscriben. “Nosotros, más que del ponche, hablaríamos de
sacar el whisky de las 18″, bromean. “En el Gobierno ahora todo el mundo está
comprometido, pero antes, si nos poníamos restrictivos, nos preguntaban qué nos
pasaba, que si queríamos abortar el crecimiento”, recuerdan.
No es el único tironeo al que se ven sometidos constantemente en el
BCRA. Hay otro que los obliga a un equilibrio aún más arduo y es la puja
por los dólares de las reservas. En la ventanilla hacen fila
empresas que los piden para importar insumos para producir o pagar deudas en
divisas; importadores de bienes y funcionarios que necesitan los billetes, por
ejemplo, para contratar con el exterior la llegada de los barcos con gas
natural licuado que el país necesita para cubrir la demanda en el invierno.
Todo bajo la mirada implacable de propios, el kirchnerismo alineado con la
vicepresidenta, y extraños, el FMI, que controlará cada tres meses si el país
cumple con la meta de acumulación de reservas comprometida en el acuerdo.
El dilema es económico y político. El Gobierno no quiere frenar la
recuperación de la economía y al mismo tiempo pretende que el BCRA sume dólares
a sus arcas para evitar una devaluación brusca y también para trabajar sobre
las expectativas de que eso no sucederá, algo en lo que le cuesta ser
convincente. “Hace dos años y medio que analistas y empresarios están
pronosticando un salto devaluatorio y no sucede”, se jactan en la entidad que
conduce Miguel Pesce. Están convencidos de que les ganarán otra apuesta a los
consultores, que estiman que no podrán acumular las reservas necesarias y que
la actividad inevitablemente se desacelerará por la falta de billetes con
próceres norteamericanos.
El tema volvió a ser abordado por la Unión Industrial Argentina (UIA) en
su última reunión de junta directiva, la semana pasada. El problema ya es
crónico, a tal punto que en la minuta del encuentro hay una mención mínima
sobre “la necesidad de dinamizar el efectivo acceso a divisas para la
compra de insumos importados”. Los detalles a esta altura son
innecesarios. La entidad tiene un equipo que hace un seguimiento permanente
ante el Gobierno de una lista de casos en los que se busca evitar paradas de
producción; los sectores más comprometidos son química y petroquímica,
automotores, autopartes y algunos rubros textiles, comentan en la UIA.
El circuito empieza por la gestión ante el ministro de Desarrollo Productivo,
Matías Kulfas, y el secretario de Industria, Ariel Schale, y termina con
reuniones en el BCRA, habitualmente con el vicepresidente, Sergio Woyecheszen,
aunque en varias se suma el propio Pesce. Cada tanto, alguna empresa o sector
prefiere el reclamo público, como en el caso de las automotrices o de los
laboratorios (ambos llegaron a un acuerdo), y ventilan las notas de reclamo que
le envían al presidente del Central. “El planteo de ellos es siempre el mismo:
no queremos parar la producción, pero tenemos restricciones”, revela el
presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, algo que, hasta ahora, reconoce,
no sucedió en ninguna planta fabril. De todos modos, advierte que a la mayor
necesidad de dólares que impulsó el fuerte rebote de la economía en 2021, se
sumaron este año presiones adicionales derivadas de la guerra en Ucrania, como
el aumento de los precios internacionales de los insumos, de la energía y de la
logística.
En el Banco Central coinciden en el análisis, pero no en los tiempos que
pretende el sector privado. “Hay incentivos en el mercado a
ir por los dólares más baratos, que son los oficiales, y muchas empresas
quieren cubrirse adelantando pagos y stockeandose un poco más”, dice una
fuente de la entidad. Lo ven como una “viveza” que buscan desalentar. “A fines
de 2021 la importación empezó a ir a un ritmo superior a la capacidad
productiva del país; en marzo llegó a 7000 millones de dólares y a 6800
millones en abril; es más de lo que debería ser de acuerdo con la estructura
productiva y una proyección de crecimiento de 4,5% este año”, agrega.
En
la UIA se quejan no solo de la cantidad, sino también de que las empresas
tienen problemas para planificar. “No pueden garantizar el pago a
sus proveedores o a sus casas matrices”, lamentan. Hablan de
necesidades, para este año, de unos 15.000 a 20.000 millones de dólares. En el
Central, en tanto, presionan para que las compañías obtengan financiamiento
para ellas y, en el caso de las grandes, también para sus proveedores. Pero en
muchos casos no lo consiguen o si lo logran es a un costo muy alto, además de
que muy pocas quieren asumir el riesgo cambiario al quedar endeudadas en
dólares.
“Desde que salió la norma que dice que tienen que conseguir financiarse
si superan en 5% lo importado en 2021 o en 70% lo concretado en 2020 [la
A7466], las empresas obtuvieron financiamiento por entre 600 y 700
millones de dólares para atender necesidades de importación por el equivalente
a 1500 millones de dólares”, retrucan en el BCRA. Este año proyectan importaciones
de entre 73.000 y 75.000 millones de dólares. “Si dejábamos el piloto
automático se nos va de golpe todo el saldo comercial”, justifican.
Preocupados por Qatar
En
el mercado, donde siempre intentan anticiparse a los hechos, creen que el
Gobierno deberá ajustar aún más el cepo en el segundo semestre, cuando ya no
fluyan los dólares de la cosecha, para que los billetes alcancen para todos. En este
contexto de escasez de divisas, además, cualquier elemento nuevo que altere la
demanda puede desequilibrar los cálculos. “Ahora estamos preocupados por el
Mundial de Qatar”, dicen fuentes de la autoridad monetaria, mitad en broma,
mitad en serio. Esperan que muchos argentinos futboleros demanden divisas para
viajar allá.
“Se habla de la restricción externa, de la falta de dólares, pero no es
que no tenemos capacidad de generarlos; tenemos superávit comercial de 15.000
millones de dólares por año, pero no tenemos capacidad de retenerlos. Si no
cambiamos las reglas de juego, aunque en vez de 15.000 millones por año
generáramos 30.000 millones por año, también se irían. Este esquema es muy rudimentario, muy pobre”, dice el
exministro de Hacienda, Hernán Lacunza. Y agrega: “además cada vez rinde menos
en términos de control de divisas. Cada vez tenés que apretar más los
tornillos. Con la soja en 600 dólares, los mejores términos de intercambio de
tu historia, tendríamos que estar discutiendo a qué ritmo podemos relajar el
cepo y el Gobierno está proponiendo cómo lo va apretando cada vez más”.
Pero en el Banco Central niegan que estén pensando en eso: “los dólares para sostener el crecimiento de la economía que
esperamos están, y las metas de reservas con el Fondo las vamos a cumplir. No analizamos medidas de restricción adicionales, tenemos
que llegar a fin de año en un escenario lo más normal posible y no pensar que
todo pasa por hacernos más restrictivos; trabando todo podrás ahorrar 1000 o
2000 millones de dólares”. Dicen querer ir en sentido contrario; ponen como por
ejemplo la flexibilización del cepo para ciertos sectores, como el petrolero,
que se anunciará mañana.
El mensaje ahora es hacia adentro. El kirchnerismo duro acusa al
Central de dejar pagar deudas privadas que no están registradas. Cristina
Kirchner está obsesionada con el tema y se refirió a él en su discurso reciente
en el Chaco. Anteriormente, el 17 de marzo, ya lo había expuesto el
senador Oscar Parrilli, ante el Congreso durante el debate del acuerdo con el
FMI. Entonces propuso la creación de un registro de
deudas privadas con el exterior, la implementación de un sistema informático de
autorización de importaciones y el control más intenso de la AFIP a sectores
exportadores, especialmente el agropecuario y la
minería. Son ideas emanadas del Instituto Patria, del que el legislador
es presidente, pero que también se inspiran en trabajos de think tanks como el Centro de Investigación y
Formación de la República Argentina (Cifra), de la Confederación de
Trabajadores Argentinos (CTA); o el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El dardo más reciente lo tiró Felisa Miceli. La exministra de Economía
de Néstor Kirchner pidió hace 10 días más dureza con las obligaciones privadas.
“Cada vez tenemos menos dólares porque se fueron por la canaleta de la deuda
financiera de las grandes empresas”, señaló en una entrevista televisiva.
En el Central ven estos movimientos con desconfianza y se declaran
“sorprendidos por la crítica repentina”, pero más todavía por el hecho de que
uno de los vencimientos corporativos importantes que se avecinan es de Aysa, la
prestadora estatal del servicio de agua conducida por Malena Galmarini, que en
febrero deberá pagar US$500 millones. También YPF tiene deuda en dólares y solo
en 2023 enfrenta vencimientos por US$952 millones. ¿En su celo por escamotear dólares
al sector privado el Estado podría llevar al default a algunas de sus empresas?
El tiempo lo dirá. Ya sin ponche hace rato, la única fiesta posible es llegar a
fines de 2023 sin que antes estalle una crisis. |