Por Fernando
Gutiérrez - Tal vez Roberto Feletti nunca lo diga, pero no se necesita que haya
una filtración periodística para saber que Cristina Kirchner sabía
sobre su renuncia antes que el ministro Martín Guzmán y que el propio Alberto
Fernández. La decisión del ex secretario de Comercio, lejos de ser una
actitud personal, es apenas un eslabón más en la cadena de gestos que amplían
la brecha interna del Gobierno.
Pero, en este caso, el mensaje político implícito en
la renuncia es mucho más específico que el de otros momentos de debate interno.
Ya no se trata de cuestionar genéricamente el "modelo" económico -que
Cristina definió como "de exportación con bajos salarios"- ni de
criticar en general al acuerdo con el FMI.
La renuncia de Feletti tiene un título inequívoco:
para el kirchnerismo, llegó la hora de poner sobre la mesa la suba
generalizada de retenciones a la exportación agrícola, y se debe hacer por
decreto presidencial, porque no hay margen político como para que esa
medida pueda ser aprobada en el Congreso.
Suba de retenciones, un
reclamo constante de Feletti
La necesidad de subir las retenciones siempre había
estado presente en las participaciones de Feletti, cada vez que explicaba por
qué sus medidas de control de precios se revelaban insuficientes para bajar la
inflación. El propio ex funcionario había relativizado la incidencia de sus
medidas, cuando dejó su recordada frase: "milagros uno no hace".
En aquella ocasión, había reclamado por la
implementación de una política económica coherente para atacar las causas de la inflación. Y
nunca ocultó su divergencia de visiones con Guzmán: mientras el ministro admite sin pudor una mirada "ortodoxa" que
vincula la inflación al déficit fiscal, la emisión monetaria y
la inercia de la puja distributiva, Feletti repetía el argumento kirchnerista
sobre los "grupos concentrados" que estaban abusando de su capacidad
de formadores de precios. Desde esa óptica, Feletti remarcó el contraste
entre erosión de los salarios por la ola inflacionaria, con las
protestas de los productores rurales, a quienes calificó como "los que
quieren comprarse más 4x4 y salen a la ruta a exhibir el lujo que tienen".
Probablemente, el funcionario tuviera en mente, a
la hora de hacer ese comentario, el evento ExpoAgro realizado en
marzo, efusivamente celebrado por los organizadores, que dijeron que había
sido la muestra récord, con negocios cerrados por u$s1.500 millones, desde
ventas de tractores y sembradoras hasta remates de cabezas de ganado.
Pero mientras Guzmán, Kulfas y compañía tomaban
esos datos positivos como argumento para defender su discurso de la reactivación
de la economía, Feletti y los economistas afines al kirchnerismo ven algo
diferente: la evidencia de que al Gobierno le falta voluntad política para
avanzar sobre los sectores que tienen capacidad de renta como para hacer un
aporte en una situación de
emergencia. Y en la propia carta de renuncia de Feletti se repite el viejo
diagnóstico: hay que buscar un "desacople" efectivo entre precios
internos y externos, después del boom de las materias primas ocurrido en el
mercado global como consecuencia de la guerra en Ucrania.
El "desacople" de
precios en el centro del debate
Lo cierto es que la renuncia de Feletti deja un
mensaje inequívoco: no hay posibilidades de coordinar la política económica ni
de cerrar la grieta interna mientras los funcionarios a cargo del equipo económico no reconozcan la necesidad de implementar las retenciones a la
exportación agrícola.
La presión
kirchnerista al respecto es de larga data. Se puede rastrear a inicios del
año pasado, cuando la entonces diputada Fernanda Vallejos había
levantado polvareda al hablar sobre "la desgracia de ser un país
exportador de alimentos". En aquel momento no se sospechaba un
conflicto bélico en Europa, pero ya quedaba claro que el
mundo de la post pandemia cambiaría las condiciones del mercado de commodities,
por ejemplo llevando la soja bien por encima de los u$s500, algo que no ocurría
desde hacía una década.
El Gobierno sostuvo ese discurso a medias,
implementando medidas sectoriales como el cupo a la exportación de maíz,
seguido luego por un intento de generalizar a todo el campo el
"modelo del aceite" en el cual se producía un mecanismo de
subsidio cruzado entre los exportadores y los industrializadores del
mercado doméstico.
Finalmente, llegó la fase más controvertida del
"desacople" de precios, con la restricción a la exportación de
carne vacuna. Fue una medida que, como suele ocurrir, tuvo una primera fase
"exitosa" y luego la revelación del fracaso. En agosto del año
pasado, pleno cierre de la campaña electoral, tanto Alberto Fernández como
Cristina Kirchner se congratulaban de haber tomado la medida, porque se
constataron caídas de precios en algunos cortes y un leve aumento del
consumo.
Pero los expertos del sector argumentaban que esa
caída obedecía a motivos estacionales y que, sobre fin de año, se vería la
consecuencia real del cierre exportador: una falta de carne, originada en la conducta defensiva de los
ganaderos que habían visto mermar su renta. Hace pocos días, el Gobierno
recibió una de las peores noticias para una gestión peronista: las cámaras del
sector confirmaban que, con apenas 47 kilos por habitante, el consumo había
caído a un mínimo histórico, que ni siquiera se había registrado tras el
colapso social de 2001.
Pero el kirchnerismo, lejos de amilanarse por estos
datos, ha profundizado su ofensiva. Su argumento es que lo que lleva al
fracaso de los controles de precios es la falta de medidas más de fondo. Y
es, justamente, basado en ese precepto que desde el sector K se explica por qué
el famoso fideicomiso para estabilizar el precio del trigo prácticamente
no ha arrancado, en medio de acusaciones cruzadas sobre un boicot.
La insistencia por las retenciones tuvo un momento político destacado
en el reciente discurso de Cristina Kirchner en Chaco, cuando se refirió
al "tractorazo" de protesta de los productores. Ese día, en alusión a
que algunos de los manifestantes exhibían ejemplares de la constitución
nacional, dedicó una chicana: "Además de repartir constituciones, sería
bueno que las leyeran". Y
a continuación recitó el artículo cuarto, que es el que reserva para el Estado
la potestad de establecer retenciones a la exportación.
Ese mismo punto había sido destacado desde hacía tiempo por economistas
afines al kirchnerismo, como Guillermo Wierzba, que en un artículo
publicado en "El cohete a la luna", el medio dirigido por Horacio
Verbitsky, hizo una encendida defensa bajo el expresivo título "!Retenciones
ya!".
En ese texto, Wierzba recuerda que los
derechos de exportación son constitucionales desde el siglo 19 y que
"se convierten en una herramienta múltiple e indispensable para el
desarrollo nacional, la sostenibilidad de un programa macroeconómico y la
consecución de niveles crecientes de justicia social". Es decir,
exactamente el argumento que defendió Cristina Kirchner en su discurso de
Chaco.
Wierzba -que forma parte del directorio de Banco
Nación y protagonizó un comentado contrapunto con el senador Martín
Lousteau por el proyecto sobre la repatriación de capitales
"fugados" fue uno de los que llevó más lejos la argumentación por las
retenciones. No sólo afirma que en todas las situaciones históricas en que
se las aplicó se logró con éxito el objetivo del "desacople" sino que
argumenta por qué, en contra de lo que argumentan las gremiales del campo, sí
existe margen para una suba de retenciones.
Hace una
comparación con el año 2007 -cuando ante otra ola de suba de materias primas se
produjo el conflicto de "la 125"- y recuerda que pese a que la soja
es hoy un 39% más alta en dólares, el nivel de retenciones es dos puntos más
bajo. Más marcada es la comparación en el caso del maíz, cuyo precio es hoy un
72% más alto, pero el nivel de retención es de 12 puntos, contra los 25 que se
aplicaban entonces.
Alberto zigzaguea y el
kirchnerismo quiere un decreto
Ante esa discusión interna, el Presidente ha
adoptado una actitud zigzagueante, en la que por momentos aparece dispuesto a aplicar
retenciones y en otros momentos lo descarta de plano.
Ya cuando, sobre fines del año pasado, se produjo
el recambio de gabinete y se incorporó Julián Domínguez como ministro
de Agricultura y Ganadería, se envió un mensaje de paz hacia los productores.
Domínguez, que ya había ocupado ese cargo durante la gestión de Cristina, venía
con antecedentes de ser un conocedor del sector y de tener buena capacidad de
diálogo.
Pero, sobre todo, desde el momento en que asumió,
hizo suyo el discurso de los gobernadores de las provincias agropecuarias, que
reclamaban que la exportación fuera un motor de desarrollo económico y que no
fuera demonizada como una fuerza contraria a los postulados peronista de la
distribución de renta.
No extrañó, por lo tanto, que el propio Domínguez
se encargara, el pasado viernes, de despejar las dudas y rumores que se habían generado tras la
entrevista radial en la que Alberto Fernández había insinuado que no era por falta de convicción que
no subía las retenciones sino por falta de
apoyo político.
Pero cuando parecía que Domínguez había aclarado lo
que había sido un malentendido, el propio Presidente volvió sobre el tema, al
desafiar a la oposición a que propusiera una alternativa mejor que las
retenciones para evitar el fenómeno de la "inflación importada".
El mensaje de
Alberto Fernández empezaba a quedar más claro: no quería repetir su error de
cálculo del caso Vicentin, cuando lo que parecía una medida en defensa de
pequeños productores fue vista como una
amenaza al estilo de vida de la clase media rural. "Necesito una
ley", fue la frase del Presidente, dirigida hacia ambos lados del arco
político.
Y la renuncia de Feletti aparece como una respuesta
contundente: desde el punto de vista del kirchnerismo, es obvio que no hay
condiciones políticas como para buscar un consenso nacional en torno a las
retenciones: Juntos por el Cambio, que está decididamente jugado a asimilar a
"la pampa gringa" como ejemplo de su proyecto de país, no aceptará
jamás una medida que pueda generar rechazo en el campo.
Para el
kirchnerismo, entonces, Alberto Fernández tiene que definirse en una coyuntura
de hierro: o seguir intentando un camino moderado y aceptar el costo de que la
inflación siga deteriorando el salario; o aumentar las retenciones por decreto y apostar a que esa
jugada hará que el peronismo en pleno, más el sindicalismo y el movimiento piquetero lo respalden en
la calle.
El diagnóstico de Cristina llegó en un trámite
exprés: Feletti batió un récord de tiempo mínimo de permanencia bajo la
órbita del ministerio de economía. Más claro, imposible.
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