Sábado 18 - Por Carlos Burgueño - Martín Guzmán respira tranquilo. Con el alza de las tarifas de electricidad y gas desde el 1 de junio en ejecución y firmados los decretos de segmentación -mecanismo por el cual el teórico 10% de consumidores con mayor poder adquisitivo del país ya no vivirá con subsidios en ambos servicios-; la esperanza del Ministerio de Economía de lograr un objetivo clave con el FMI está más cerca.

El titular del Palacio de Hacienda se había comprometido ante el organismo financiero internacional a una reducción de 0,6% del PBI en subsidios para los servicios públicos, para lo cual la segmentación anunciada ayer resultaba clave e indispensable. Sin esta decisión, cuestionada en algún momento dentro del Ejecutivo de manera semipública, haber logrado esa meta hubiera sido imposible. Lo que no quiere decir que con el decreto conocido ayer se logrará. Pero al menos Guzmán le puede mostrar al FMI en las próximas negociaciones vinculadas a la segunda misión comprometida por el Facilidades Extendidas vigente, que su promesa más importante para ajustar el gasto público este año está en marcha. Y que en todo caso el cálculo final del impacto sobre el déficit deberá esperar al 2023 para saber si se cumplió o no la meta de 0,6%. Dicho en dinero, sería una contracción en los subsidios por unos $400.000 millones, la partida más importante de todas las anunciadas para este ejercicio.

Si bien el Gobierno se comprometió ayer a no volver a ajustar las tarifas por encima del 20% ejecutado en junio, para lograr el 0,6% podría no alcanzar con la eliminación del 100% del beneficio a los sectores de mayores ingresos y propiedades. El cuadro conocido hasta ahora con un alza tarifaria de 20% y la eliminación de los subsidios totales para algunas zonas favorecidas de CABA y el conurbano bonaerense, sólo llegaba al 0,2% del monto acordado con el Fondo, con lo que debió acelerar el nivel de ajuste; mirando la meta de déficit fiscal de 2,5% de PBI comprometida para todo el 2022.

Si hacia septiembre Guzmán se acerca a ese nivel, el ajuste podría ser menor. Si se aleja, el alza tarifaria se profundizará, y combatirá contra el incremento de la inflación. En este caso, para saber el ajuste final de las tarifas eléctricas y del gas, habrá que esperar el incremento que muestren los salarios privados y públicos en blanco.

Pero el capítulo de los incrementos no quedaría allí. Hay un compromiso explícito del Gobierno ante el organismo que conduce Kristalina Georgieva, por el cual la eliminación de los subsidios directos deber pasar del 0,08% ya anunciado a un 0,1% del PBI. Esto es, de unos $6.500 millones a 65.000 millones. ¿Cómo se logrará este incremento? Aplicando el mismo criterio que se anunció para la Capital Federal y algunas, pocas, zonas del conurbano; a unas 9 regiones de todo el país; entre las que se incluyen el resto de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, la Patagonia y el norte argentino. La idea de Guzmán es esperar al segundo semestre o, en el mejor de los casos, al primero del 2023 para analizar con el FMI el impacto final de la reducción de los subsidios. Y en caso de no haberse logrado el 0,6% comprometido, corregir en el próximo año la distorsión. El Fondo podría avalar el requerimiento ya que se trata de un objetivo y no un meta; una diferencia con matices importantes ante lo firmado. Los primeros pueden negociarse. Los segundos (como el déficit fiscal máximo de 2,5%) no. El organismo financiero internacional podría negociar, suponen desde Buenos Aires, que el objetivo de 0,6% no se cumpla, siempre que el 2,5% de desequilibrio se logre. Y que el próximo año se corrija al alza lo que no se logró este año. Hay un problema en esta alternativa. El 2023 es electoral, y el ministro tendrá que tener en cuenta lo contrarios que son en la alianza oficialista para ejecutar alzar tarifarias en tiempos de elecciones.