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La Corte rechazó los planteos de Cristina y allana el camino para un juicio por corrupción
ABC Mercado de Cambios S.C. comunica sobre la fuente de la siguiente nota:
Texto informativo: 22/06 - 08:34 La Nación
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Por Hernán Cappiello - La Corte Suprema de Justicia rechazó ayer por unanimidad los planteos de la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa en la que está siendo juzgada por fraude y acusada de liderar una asociación ilícita que direccionó obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez.

Con esta decisión, liberó de obstáculos el camino al juicio oral y público contra la vicepresidenta, que en tres semanas entrará en la etapa de los alegatos finales.

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti e incluyó una fuerte reprobación de los fundamentos que había presentado la defensa de la vicepresidenta en su intento de desacreditar el juicio. Además, calificó parte de los argumentos como“conjeturas sin sustento”. Se espera que el fiscal Diego Luciani defina en agosto si pide una condena por corrupción para la vicepresidenta, que podría ser de 5 a 16 años.

Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia rechazó ayer los planteos de la defensa de Cristina Kirchner en la causa donde está siendo juzgada por fraude y acusada de liderar una asociación ilícita que direccionó obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez.

Con esta decisión, la Corte liberó de obstáculos el juicio oral y público contra la vicepresidenta, que ingresará el 11 de julio en su etapa de alegatos. Se estima que en agosto será el turno del fiscal Diego Luciani y que entre septiembre y octubre se conocerá el veredicto.

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Los magistrados rechazaron, en rigor, 12 recursos de varios acusados y que en lo esencial quedaron reducidos a tres planteos que efectuó Cristina Kirchner: que se la privó de ofrecer prueba en el juicio; que no debió haber intervenido la Sala IV de la Cámara de Casación en esta causa, sino la Sala I, que ya había intervenido con anterioridad en Hotesur; y que el caso ya era cosa juzgada.

La defensa de la vice argumentó que la Justicia de Santa Cruz ya había sobreseído y archivado una causa contra funcionarios provinciales por los mismos hechos.

Pero la Corte rechazó estos argumentos con inusual dureza, al considerar que el cuestionamiento sobre la prueba no estaba dirigido contra una sentencia definitiva y al entender que el hecho de que se juzgara a la vicepresidenta no convertía a caso en uno de gravedad institucional como para hacer excepciones. Además, los cortesanos respaldaron la intervención de la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, que llegado el caso revisará una eventual condena.

En cuanto al planteo de la cosa juzgada, los supremos dijeron que el caso de Santa Cruz tuvo una “nula” actividad investigativa, no hubo participación del fiscal y no se refería a la actuación de funcionarios nacionales liderando una asociación ilícita, sino que versaban sobre asuntos locales. Por eso es que rechazaron ese argumento.

La Corte sostuvo que no se había logrado demostrar que las decisiones que recurrió fueran sentencias definitivas, es decir que pusieran fin al pleito. Estos son los únicos supuestos en que la Corte puede intervenir.

Por otro lado, la Corte rechazó otros planteos en los que se cuestionó que estos hechos ya habían sido juzgados en otros expedientes, sobre la base de que no habían sido debidamente fundados. La Corte rechazó todos los planteos por falta de fundamentación. También negó los recursos de otros acusados, con lo que el juicio oral continuará sin sobresaltos.

La vicepresidenta se enfrenta a la posibilidad de que le pidan una condena de entre 5 y 16 años de prisión, de acuerdo con la escala penal de los delitos por los que se la juzga: jefa de asociación ilícita y fraude al Estado. Está acusada de haber favorecido a Báez en el otorgamiento de 51 obras públicas en Santa Cruz. Este proceso se inició el 21 de mayo de 2019 y está entrando en la recta final.

En tres semanas comenzarán los alegatos. Primero será el turno de los acusadores, con el fiscal Luciani como protagonista central, aunque su turno seguramente será en agosto. Después alegarán los 13 acusados, incluida Cristina Kirchner. Además de la expresidenta se encuentran procesados en esta causa el exministro Julio De Vido, el empresario Báez y el exfuncionario José López, entre otros.

Por la dinámica que tiene el juicio, que lleva tres años, los interrogatorios de la fiscalía, los enfrentamientos con las defensas y el celo puesto en defender la evidencia que dejará expuesta en el juicio, es de suponer que el alegato de Luciani terminará con un pedido de condena.

Según la acusación que motivó este juicio, la supuesta organización criminal “tuvo como jefes a los exprimeros mandatarios Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y como organizadores al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio Miguel De Vido; al exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; al exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner; al exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Guillermo Periotti; y al amigo personal y socio comercial de los expresidentes Lázaro Antonio Báez, entre otras personas”.

El Código Penal castiga al jefe de una asociación ilícita con penas que llegan a los 10 años de prisión y al fraude en perjuicio de la administración pública con hasta 6 años.

Como los delitos son en concurso real, se suman los máximos de la escala y por eso la pena posible a pedir es entre cinco años de mínima y 16 años de máxima.

Esto se aplica a los jefes u organizadores de la asociación ilícita, que serían De Vido, López y Carlos Kirchner. En el caso del resto de los acusados, la mínima de la escala penal a aplicar es de tres años.

Los que quedan fuera de la asociación ilícita, que son el resto de los 13 imputados, se exponen a un pedido de pena de dos a seis años de cárcel, que es la escala para el delito de administración fraudulenta. Ellos son Abel Claudio Fatala, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez.

De acuerdo con las fuentes consultadas, no está claro si todos los acusados van a ser objeto de una acusación fiscal. Lo que si queda claro es que el juicio oral entrará sin sobresaltos en su etapa final previa al veredicto.ß

 

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