Por José Calero - La puja entre sectores piqueteros y
dirigentes del Gobierno por el manejo
de los planes sociales refleja hasta qué punto la transparencia en
la plata destinada teóricamente a paliar la pobreza, en algunos casos cae en
el agujero negro de la corrupción.
Sectores de partidos de izquierda, como el Polo Obrero, reconocieron cobrar un "peaje"
del 2% a cada beneficiario de un plan social que opere dentro de su órbita. Se
destinan a financiar tareas como las que se realizan en los merenderos,
aseguran desde esa agrupación, pero las dudas sobre el destino real de esos
fondos absorbidos son cada vez mayores.
Igual, lo que más genera tensión en el seno de las agrupaciones
piqueteras es el novedoso avance de la vicepresidenta Cristina
Kirchner sobre los planes sociales. El Gobierno ya decidió sacarle
casi 180.000 planes a los piqueteros y se los traspasará a
intendentes y gobernadores.
A la
vicepresidenta ya no le alcanza con manejar cajas como la ANSES, el PAMI y
Aerolíneas, quiere ir por más. Se estima que sobre el 70% del presupuesto
público ya tiene injerencia la número dos del Gobierno.
Planes sociales: el albertismo cede a los
reclamos de CFK
Ante el nuevo avance de Cristina Kirchner, el ministro de Desarrollo
Social, Juan Zabaleta, decidió ceder 180 mil planes para que los manejen distintos
gobiernos municipales y provinciales.
Se trata de programas incluidos dentro del programa Potenciar
Trabajo, una de las partidas centrales de Desarrollo Social, equivalente a un
15% del total de 1,2 millones de beneficiarios. El objetivo es
revertir irregularidades dentro de las organizaciones sociales que
ofician de intermediarias entre el Estado y el
beneficiario.
La decisión llega pocos días después de que se conociera que el Polo
Obrero le cobra un 2% del ingreso que percibe cada uno de los beneficiarios que
reporta a esa organización.
Teniendo en cuenta que son $19.450 por mes, serían unos $390 que se les
sacan a las 60.000 personas que cobran a través de la organización piquetera,
unos $23,4 millones mensuales.
Dentro del enorme universo de planes, el Polo Obrero es uno de
los que más recibe, al igual que Barrios de Pie, que cuenta con otros
60.000 beneficios. Los jefes de ambos grupos son Eduardo Belliboni y
Silvia Saravia, respectivamente, quienes volverán a reunirse con Zabaleta el
jueves próximo en medio de negociaciones para aumentar los beneficios.
Planes a municipios y gobernaciones
Desde la Casa Rosada destacan que entre los 177.000 beneficiarios que
empezarán a percibir el Potenciar Trabajo directamente desde los municipios o
las gobernaciones figuran aquellos que pidieron el cambio de Unidad Ejecutora,
precisamente, por tener que pagar un porcentaje a intermediarios.
Igual, el
presidente Alberto Fernández no estaría del todo conforme con la forma en
que se administra el Potenciar Trabajo,
un monumental programa de $227.000 millones anuales.
Ese programa lo controla el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico,
secretario de Economía Social, que viene siendo apuntado por la vicepresidenta
Cristina Kirchner. Pérsico y Fernando "Chino" Navarro son dos
funcionarios que vienen teniendo cortocircuitos con el kirchnerismo de paladar
negro. Hay una puja de poder desatada entre el Evita y La Cámpora, con
epicentro en la provincia de Buenos Aires, el distrito que Cristina pretende
retener en el 2023 de la mano de Axel Kicillof.
El Evita es la organización que más planes administra, entre 100.000 y
150.000. Otros 60.000 cupos, además, los controla Somos Barrios de Pie, de
Daniel Menéndez, también alineado con el Evita dentro del albertismo.
Cristina "no entiende la pobreza"
Como había
hecho Navarro, Pérsico también la cruzó a Cristina. "No entiende la
pobreza", dijo de la vicepresidenta.
Cristina viene sosteniendo las bondades de un proyecto de Juan Grabois
que promueve la creación de un Salario Básico Universal, de unos $ 13.500.
Cerca del ministro de Economía, Martín Guzmán, desconfían de la iniciativa.
Sería un tercio del valor actual del Salario Mínimo Vital y Móvil, que
pasarían a cobrar siete millones de personas.
En lo que va del año el Potenciar Trabajo le demandó al Estado casi $
150.000 millones, el 70% de los $ 227.000 millones que tiene estipulados para
todo el año.
Otros $ 30.000 millones irán para la Tarjeta Alimentar, la otra partida
clave del ministerio, que depende de La Cámpora y administra la secretaria de
Inclusión Social, Laura Valeria Alonso.
El reclamo de los intendentes
Varios
intendentes del oficialismo y la oposición coincidieron en necesidad
de eliminar la intermediación de las organizaciones
sociales.
Coinciden con la vicepresidenta en que la aplicación de las políticas
sociales no siga tercerizada.
Varios jefes comunales tienen propuestas para transformar los planes
sociales en empleo y ponerlos a cargo de los municipios. Algunas de esas
iniciativas prevén que los beneficiarios trabajen 20 horas semanales en su
barrio a cambio de un plus municipal y una cobertura médica.
Otros jefes comunales que reclaman impulsar la transferencia del manejo
de los planes sociales a municipios piden explorar alternativas como
el salario universal o un seguro de desempleo.
El jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, dijo que es hora de
debatir el salario universal y destacó que existe unanimidad entre los
intendentes para descentralizar el control de los planes sociales en los
municipios.
Los intendentes sostienen que los programas sociales deben tener una contraprestación
controlada por el Estado, y destacan que el primer mostrador del Estado son los
municipios. También afirman que la descentralización permitirá mejorar los
municipios y articular mejor las tareas con los vecinos.
Consideran que Desarrollo Social debe girar las partidas a los
municipios con la nómina de beneficiarios y las intendencias deben asignarle
una tarea, controlar el presentismo y el cumplimiento efectivo de las
actividades, con un esquema de incentivos que permitan poco a poco mejorar la
situación laboral de cada trabajador.
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