Sábado 13 - Por Néstor O.
Scibona - El manual de marketing político recomienda multiplicar por 10 el
impacto potencial de cualquier anuncio y dividir el impacto real de las malas
noticias por la misma cifra. Solo así se explica, por ejemplo, que la portada
del diario oficialista Página 12 fuera ayer el meme de un sonriente Julio
Iglesias con el 7,4% de inflación del mes pasado, pese a ser la más alta en 20
años.
Sergio Massa está aplicando ese manual al pie de la letra desde que
asumió como virtual ministro de Emergencia Económica. Con diagnósticos más realistas
eclipsó la diluida figura presidencial de Alberto Fernández y la vertiginosa
sucesión de anuncios por comunicados oficiales y tuits hacen parecer que sus 10
días en el cargo fueran muchos más, aunque resulten una minucia frente a los 12
meses que faltan hasta las PASO.
Sin embargo, este activismo no ha logrado disimular sus tropiezos
durante ese corto lapso y que tampoco pueden ser resueltos solo con marketing
político.
El principal problema de Massa es que sin un plan macroeconómico medianamente
consistente todas las medidas –ortodoxas y heterodoxas, parciales o
sectoriales– anunciadas y/o adoptadas hasta ahora carecen de un marco de
referencia explícito y de proyección a futuro. No solo eso: todavía no cuenta
con quien pueda elaborarlo con una visión de equilibrio general de las
variables macro.
El veto de Cristina Kirchner a la designación de Gabriel Rubinstein como
secretario de Política Económica, marca ahora otro precedente preocupante ante
la necesidad del ministro político de tener una mano derecha con capacidad
técnica.
Rubinstein no fue rechazado por su trayectoria profesional, seriedad y
conocimientos, sino por haber criticado en el pasado las políticas de CFK vía
Twitter. Este criterio de militancia y adhesión política hace suponer que
varias decenas de economistas quedarán descartados.
Con esta vara más baja, tal vez un perfil más apto sea el de Ariel
Sujarchuk, con formación en periodismo y comunicación, cuyo currículum muestra
que en menos de un año pasó de ser intendente de Escobar, pedir licencia para
presidir el ente de control de la Hidrovía y ahora fue designado secretario de
Economía del Conocimiento.
En cambio, es diferente el caso de la nueva secretaria de Energía,
Flavia Royón, la ingeniera industrial que hasta ahora era ministra de Energía y
Minería de Salta, única provincia con gobernador massista (Gustavo Sáez) y
durante 15 años fue ejecutiva de un frigorífico perteneciente a la familia
Brito (Banco Macro), uno de los grupos considerados “padrinos empresarios” de Massa,
al igual que el conformado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio
Filiberti, propietarios de Edenor desde diciembre de 2020. Al frente del área
donde La Cámpora y el Instituto Patria mantienen el manejo de Enarsa, YPF,
Cammesa, la subsecretaría de Hidrocarburos y los entes reguladores
intervenidos, quizás estas diferencias internas expliquen por qué se postergó
hasta el próximo martes el anuncio del ajuste de tarifas por encima del tope
subsidiado de consumo eléctrico residencial de 400 kwh por mes (aún no definido
para el gas). Hasta ahora, la única precisión oficial es que los 4 millones de
hogares que no completaron el formulario tendrán una reducción progresiva de
subsidios hasta fin de año para pagar una tarifa plena a partir de 2023, con aumentos
que oscilarán entre 100 y 200%.
La ausencia de plan económico también relativiza el principal acierto de
la flamante gestión de Massa. El canje de títulos de deuda en pesos
equivalentes a $2 billones con vencimiento a corto plazo por el Bono Dual ajustable
alternativamente por tipo de cambio oficial o inflación (CER 2%) a un año,
significa un evidente alivio transitorio para el Tesoro y la “maquinita” del
BCRA. Pero no solo oculta que casi 60% de esos títulos estaban en manos de
organismos públicos como la Anses, el propio BCRA (tras la masiva recompra
realizada durante la corrida de junio para sostener los precios) y alrededor de
25% corresponde a inversores privados, tentados por el ajuste de dos variables
que se realimentan mutuamente. También que podría incubar otro “plan bomba”
(similar al de 2015) en agosto de 2023, dos meses antes de la elección
presidencial, si el Gobierno aumenta aún más el gasto público y la emisión
durante la campaña electoral, como ocurrió en 2021. En otras palabras, con otro
“plan platita” explotaría la economía.
Por ahora y aún sin plan, Massa enfrenta dos problemas inmediatos y
urgentes. Uno es la alarmante pérdida de reservas del BCRA provocada por la
venta de US$1220 millones en 12 ruedas consecutivas, entre fin de julio y
comienzos de agosto. La mayor demanda que oferta de dólares refleja la
expectativa de un salto devaluatorio que el Gobierno se empeña en evitar, aun
cuando el tipo de cambio oficial registró en los últimos 12 meses un ajuste
(34,4%) equivalente a la mitad de la inflación (71%). Pese al atraso cambiario,
el economista Miguel Ángel Broda sostiene que, si hubiera una devaluación sin
plan, el remedio sería peor que la enfermedad. Según sus cálculos, las reservas
netas alcanzan a US$695 millones y las líquidas son negativas en US$6511
millones.
Otro es la necesidad de negociar con el FMI el desembolso del 10 de
septiembre (US$4200 millones), correspondiente a las metas del SERASE, gundo
trimestre que, si bien habían sido “recalibradas” con Guzmán, registran un
desvío en las reservas netas. Para Massa, que viajará dentro de dos semanas a
Estados Unidos, el desafío será doble, porque debería re-recalibrar las metas
del tercer trimestre para recibir el desembolso de diciembre (US$6200 millones)
y a la vez explicar cómo reducirá el déficit fiscal primario a 2,5% del PBI
pactado para fin de año. Si el gasto público del primer semestre se mantuviera
constante, el desequilibrio orillaría 3,7%, según la Fundación Mediterránea, ya
que todos sus componentes registraron subas superiores a la inflación. Para
bajarlo, se requeriría un ajuste de las transferencias a provincias, planes
sociales y obras públicas en el resto del año con aumentos de 34% frente a una
inflación de 80%, si se busca mantener subas de 73% en jubilaciones y de 83% en
personal, ya que la reducción de subsidios energéticos (que subieron 87% en la
primera mitad del año) impactará en los últimos cuatro meses. Serían los
“desafíos económicos apremiantes” a los que aludió Kristalina Georgieva en su
mensaje de felicitación a Massa.
Mientras tanto, el Gobierno se defiende con los bonos extra para las
jubilaciones mínimas; la suba de casi 10 puntos en las tasas de interés para
restar presión al dólar y un incierto acuerdo de precios, y salarios por 60
días para frenar la inercia inflacionaria, aunque prevé lanzar el Previaje 3.
Poco que ver con la “sensación de estabilización” mencionada por la vocera
presidencial porque la brecha cambiaria se redujo de 150% a 115%.● |