Por Paula Urien - Un informe del Ministerio de Trabajo, llamado
“Situación y evolución del trabajo registrado”, indica que, con datos de mayo,
el empleo público creció en 80.000 puestos en su comparación interanual. Ese
mes se incorporaron 5400 empleados más (aunque en abril ya se habían sumado
otras 22.300 personas). Llegaron a un total de 3.350.000 empleados públicos,
según los datos oficiales actualizados. Eso incluye a la Nación y a las
provincias.
En el sector privado, se sumaron 240.000 personas en un año y son un
total de 6.110.000 asalariados privados registrados. Es decir, por lo menos uno
de cada dos empleados asalariados registrados trabaja para el sector público.
A fines de 2019, en la llamada prepandemia, el empleo público había
sumado en un año a sus filas a 35.800 personas solo a nivel provincial y
municipal, a pesar del compromiso asumido por gobernadores e intendentes de no
incrementarlo debido al déficit fiscal.
Los asalariados privados registrados eran 6.042.000, y los empleados en
el sector público, 3.200.000. El gobierno de Alberto Fernández trajo, entonces,
150.000 empleados públicos más (tomando solo los asalariados registrados), pero
solo 68.000 trabajadores más en el sector privado asalariado registrado. Hay
que recordar que, por el aumento de la población, todos los años hay que crear
empleo para que no suba la tasa de desempleo.
En este contexto, el ministro de Economía, Sergio Massa (y Silvina
Batakis antes que él), dijo que “rige el congelamiento de la planta del Estado
para todos los sectores de la administración pública nacional centralizada”.
Sin embargo, la administración central, sobre la cual tiene incidencia el
ejecutivo, es una planta de unos 600.000 empleados. El resto son provinciales y
municipales. Y ya en 2019, no cumplieron un acuerdo con el gobierno nacional
para contener el empleo público.
“Tanto Batakis como Massa reconocen que el Estado puede funcionar
congelando el ingreso de más funcionarios públicos. Ello a nivel nacional, y se
invita a todos a adherirse a la medida. Esto es una forma indirecta de revelar
que el Estado tiene exceso de empleo, algo que se confirma por otras vías”,
aseguró Juan Luis Bour, economista senior de FIEL, especializado en el mundo
del trabajo. “A comienzos de 2000 había 2.100.000 empleados públicos; hoy hay por
lo menos 1.900.000 más personas en el Estado [un total de 4 millones sumando
asalariados registrados y contratados] en un momento en que la población creció
como mucho un 20%. Se necesitarían entonces como máximo 2.500.000 estatales. Es
muy probable entonces que haya un exceso de, por lo menos, un millón de
empleados. La norma también debería poner un límite a los contratados”,
completó.
“Si se tiene en cuenta un crecimiento anual de 3%, implica que se suman
unos 100.000 empleados por año”, afirmó Bour.
Según los cálculos de Nuria Susmel, economista de FIEL experta en
mercado laboral, un salario promedio en la administración central cuesta
$246.000 incluyendo aportes, contribuciones y otros costos.
Bour agregó que “dado un costo salarial promedio por persona de
US$22.800 dólares anuales (al tipo de cambio oficial), ello implica un
sobregasto de US$2280 millones anuales. Un programa que estabilizara el empleo
público por un período de cinco años implicaría evitar un aumento del gasto
improductivo de US$2280 millones en el primer año y de 11.000 millones de
dólares en el quinto año. En realidad, los ahorros se acumularían bajo la
hipótesis de evitar un crecimiento de la nómina del orden de 3% anual”, agregó
el economista senior de FIEL.
“El ‘esfuerzo’ consistiría en evitar un aumento del número total de
empleados, permitiendo todos los reemplazos en caso de tener bajas por razones
vegetativas o rediseño de organismos. Obsérvese que frenar ingresos netos [o
sea, que no se habilitan nuevas vacantes netas] no implica despidos, sino
frenar el despilfarro, permitiendo el ingreso de personal a medida que se crean
vacantes por cese en el servicio [básicamente por jubilación, renuncia o
fallecimiento]. Si no estamos dispuestos a este ‘esfuerzo’, ¿a que estaremos
dispuestos?”, cerró Bour.
Fuentes del Indec confirmaron que medirán de manera pormenorizada la
cantidad de empleados públicos de la administración nacional, según anunció
Massa la semana pasada, pero “en las administraciones de provincias y
municipios es potestad de cada jurisdicción. Estamos esperando la norma
específica para poder estructurar y difundir los números”. No todas las
provincias y municipios informan fehaciente y regularmente cuántos empleados
públicos tienen.
Carlos Gervasoni dirige el Departamento de Ciencia Política y Estudios
Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y opinó que dos tercios del
empleo público están en las provincias, porque las políticas públicas más
intensivas en mano de obra están a su cargo (educación, salud, seguridad,
justicia, etc.). El gobierno nacional tiene gastos en deuda, jubilaciones,
fuerzas de seguridad, universidades, por lo que no requiere de tantos empleados
como la sumatoria de las provincias. “Pero habiendo dicho esto, hay
disparidades en el empleo público provincial que son muy difíciles de
justificar”, sostuvo.
Se refiere a “provincias muy subsidiadas por el federalismo argentino,
que viven de las transferencias de dinero generado en otras provincias. Son
Catamarca, La Rioja, Formosa, Santa Cruz, Santiago del Estero, las grandes
ganadoras de la coparticipación, sobre todo las primeras tres. Hay mucha
evidencia de que este dinero es usado para aumentar el empleo público. Ellas
tienen más empleo público en relación con la población que lo que tiene Buenos
Aires o Córdoba, por ejemplo, sin estar justificado por servicios públicos de
mejor calidad”, aseguró. “Se ve entonces una utilización política del empleo
público. Es la distribución del empleo público como forma de obtener apoyo
político y tener a la población controlada. Esto genera que en varias
provincias haya más empleados públicos que privados”.
Al respecto, tanto Gervasoni como Bour coincidieron en que este manejo
discrecional del empleo, sobre todo en las provincias con más pobreza,
desincentiva al empleo privado, ya que no puede competir con la falta de
exigencia y estabilidad del empleo público. “Para los gobernadores es una
situación conveniente, porque hay mucha gente que depende de ellos y así logran
perpetuarse en el poder”, dijo Gervasoni, autor de Hybrid Regimes within
Democracies” editado por Cambridge University Press en 2018. “En estas
provincias los gobernadores no están interesados en que se genere actividad
privada, porque eso lleva a que la gente sea independiente. Hay que ver en qué país
democrático el oficialismo gana durante 40 años, como sucede en varias
provincias”. Bour aseguró que hay muchos ejemplos de provincias con mucho
empleo público donde las empresas que se instalan tienen problemas para
conseguir gente.
“En términos de perpetuación del mismo líder, el récord lo tiene Gildo
Insfrán, que está en el poder desde hace 27 años, y también están los Rodríguez
Saá, que durante muchos años se alternaron en el poder, o rotaciones fingidas
como la de Santiago del Estero, con 16 años del mismo matrimonio en la
gobernación”, siguió Gervasoni. “Se nota entonces que, a pesar del dinero que
reciben por la coparticipación federal, no se desarrollan, no salen de la
situación de atraso en las que se encuentran. Tienen oficialismos hegemónicos,
sin derrotas electorales”. Esto genera también que burocracias como la de la
provincia de Buenos Aires tengan menos servicios porque los empleados públicos
per cápita es mucho más baja”.ß
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