Por Mariana Reinke - Para la dirigencia ruralista el fallo del juez federal de Junín Héctor Plou que declara inconstitucional a las alícuotas de los derechos de exportación (DEX), en vigencia y fijadas por el decreto 851/2021, no solo es “un aporte más hacia una discusión en serio de la cuestión”, sino que abrirá las puertas a “más reclamos de los productores”.

“Aunque sea una sentencia que seguramente se debatirá en otras instancias judiciales, estos hechos reafirman que el camino que encaramos en febrero es el correcto y que posibilita a los productores reclamar por sus derechos. A partir de esa acción, los productores agropecuarios de todo el país pudieron presentar sus reclamos ante la Justicia”, dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Vale recordar que esa entidad ruralista, en conjunto con la Sociedad Rural de Jesús María, en Córdoba presentó el 21 de febrero pasado una acción de amparo “por la falta de sustento legal en el impuesto a las retenciones con el fin de que se declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de derechos de exportación”.

En el caso cordobés, el juez federal Ricardo Bustos Fierro reconoció la acción colectiva presentada por la SRA en contra de las retenciones, pero no se expidió sobre esa cuestión de fondo y la causa aun está sin resolverse. Esto no ocurrió en Junín, ya que Plou no hizo lugar a la acción de amparo “promovida por Jorge Andrés Moutuos y Gerardo René Aperlo, en representación de la Sociedad Rural de Junín”. Pero avanzó sobre la in constitucionalidad.

Para Elbio La uci rica, vicepresidente de Con in agro, el fallo corrobora lo que viene diciendo la Mesa de Enlace: “Los DEX son potestad del Poder Legislativo que debe determinar monto y vigencia. Representa para los productores la posibilidad de hacer algún reclamo y exige a que los legisladores tomen una determinación al respecto para que en el tiempo no se generen mayores perjuicios”.

Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) lo considera “muy importante e interesante desde tres puntos de vista para el sector: que el tratamiento de las retenciones debe ser parlamentario y no puede haber un decreto del presidente, prorrogando esas capacidades. Esto da la posibilidad a que a los productores tengan legitimidad activa, o sea, la posibilidad de ser parte en el litigio y la oportunidad de presentarse, como damnificados porque se le ha generado un daño, un perjuicio patrimonial”, explicó a la nacion.

Javier Rotondo, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), lo consideró “un avance más” para el sector. “Más allá de las apelaciones que van a venir, lo más destacable del fallo es el hecho de reconocer el perjuicio.

En esa línea, Ignacio Mántaras, secretario de Carsfe y presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, destacó que lo más sustancial es que “el fallo declara la inconstitucionalidad de los decretos dictados el 14 de diciembre del 2021”, afirmó.