Domingo 28 - Por Hernán Cappiello - “Vamos a la guerra”. Esa es la convicción que les trasmitieron a jueces federales y fiscales de todo el país dirigentes y legisladores del kirchnerismo, una idea que domina entre consejeros de la Magistratura oficialistas y de la oposición. Este es el clima que dejó la embestida del presidente Alberto Fernández contra la Justicia, al sumarse a las críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner al alegato en el que pidieron que sea condenada a 12 años de prisión. Los jueces y fiscales aseguran que no buscan ese enfrentamiento, pero hoy domina una sensación de hastío y mucho enojo, transversal a todos los colores políticos, y del otro lado una convicción de que el avance sobre Cristina Kirchner es una maniobra del macrismo.

El descontento de los jueces con Fernández es profundo y extendido. La Corte no tiene previsto hacer una declaración sobre el asunto, pero escucha las decenas de llamadas recibidas esta semana de jueces de todo el país y de todas las listas políticas que los agrupan. “La Corte no contiene, la Corte conduce”, señalan en los tribunales para explicar por qué el máximo tribunal no se puso públicamente al frente de este reclamo de los magistrados. Se prevén anuncios sobre “modificaciones estructurales” y alguna sentencia con impacto político, acaso en el macrismo. “La fortaleza de los jueces es la lapicera, dejar que traben con libertad e infraestructura”, reflexionan.

De todos modos, la expectativa de los jueces está puesta en lo que diga el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en la charla de cierre del evento de este martes del Colegio de Abogados de la Ciudad y en lo que suceda en la reunión de septiembre de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales de todo el país, los jueces federales de toda la Argentina, de donde puede salir un pronunciamiento contra Fernández. Se acabaron los buenos modales. La lista Bordó de la Asociación de Magistrados -la más crítica del Gobierno- reclamó que el organismo le pida al Consejo de la Magistratura que se pronuncie sobre la crisis entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Pero la iniciativa no tiene chances de prosperar.

El enfrentamiento entre la Justicia y el Gobierno es abierto y uno de los escenarios donde se da es la calle, especialmente después de lo ocurrido ayer. Es el más temido por jueces y fiscales. En redes sociales se siguen repitiendo mensajes de Sweater que llaman a “escrachar” a los jueces y fiscales en sus domicilios. En los grupos de Whatsapp de algunos legisladores del Frente de Todos se suceden mensajes que alientan estos escrasucedió dijo un testigo que los vio. “Los escraches puede ser que ocurran, va a pasar. No podemos pretender que ataquen a Cristina Kirchner y que nadie haga nada. Nosotros también nos bancamos los escraches de los republicanos embanderados”, reconoció un dirigente del kirchnerismo, de los más moderados.

Este clima generó que la Corte Suprema y la Cámara de Casación, mediante su presidente, Alejandro Slokar, pidieran a la Policía Federal reforzar la custodia de los jueces. Hubo dos notas enviadas a la Policía Federal. De hecho, se decidió que en los casos de los jueces del tribunal que juzga a Cristina Kirchner se sumen más efectivos al único que estaba destinado a esas tareas y en horario de trabajo. El procurador interino, Eduardo Casal, recibió a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y les garantizó la continuidad de sus medidas de seguridad.

Tal es la sensibilidad del asunto que al día siguiente del alegato del fiscal Diego Luciani, el martes por la tarde, tras el mensaje en Youtube de Cristina Kirchner para responderle, un hecho que generó alarma en los tribunales. Un hombre fue apuñalado en Lavalle entre Talcahuano y Uruguay, en la vereda del Palacio de Justicia. El herido es un oficial del Servicio Penitenciario Federal, testigo clave en un caso de corrupción penitenciaria. El atacante, que usó un cuchillo de caza, quedó preso. Pero en un primer momento, en el Palacio de Justicia, se relacionó el caso con la tensión política.

El otro escenario donde se generó esta mayor tensión política es el Consejo de la Magistratura, donde el senador kirchnerista Martín Doñate y su colega Mariano Recalde ya mostraron las uñas. En la reunión de la Comisión de Disciplina de la semana pasada pidieron actuar con rapidez en las denuncias contra los jueces que fallaron en favor de Mauricio Macri: en particular Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, de la Cámara Federal, este último con un concurso en marcha para ser reemplazado. “Se picó, ya venía picándose el clima y se va a picar aún más. En términos personales hay respeto y buen trato, pero en términos políticos se agudiches, zó el enfrentamiento”, afirmó un dirigente del kirchnerismo.

El dilema es si el conflicto termina en la ruptura entre los consejeros del Frente de Todos y los consejeros opositores o si aún hay margen para la negociación. En los consejeros de Juntos por el Cambio la convicción es que las posturas se van a endurecer y todo se va a trabar.

El martes el expresidente Mauricio Macri convocó a los consejeros de la Magistratura que le son más afines: el abogado Diego Marías, el diputado Pablo Tonelli y la abogada Jimena de la Torre. La reunión con Macri se prolongó más allá de mediodía. Se hizo un repaso del estado de situación del Consejo, de cómo estaban los casos y los concursos. Es posible que luego de esta semana haya mas rigidez de ambos lados.

Fuera del Consejo hablan de que este endurecimiento se traduciría en que no se iba apoyar ningún concurso hasta 2024. Si se cumple el mandato, la parálisis del Consejo será inevitable.

Claro que no todos los estamentos del Consejo de la Magistratura y no todos los sectores políticos tienen los mismos intereses. En octubre son las elecciones de consejeros de la magistratura y los actuales, recién llegados, aspiran a la relección. Deben mostrar resultados, conseguir que se aprueben ternas, cubrir vacantes. Los jueces se debaten en esta disyuntiva: endurecer posiciones ante las expresiones de Alberto Fernández, pero no frenar el funcionamiento del Consejo. La situación en el Consejo es un directo reflejo de las tensiones que atraviesan el vínculo entre el oficialismo y el Poder Judicial.ß