Por Esteban Lafuente LA NACIÓN - RESISTENCIA.– “Cuando uno ordena fiscalmente tiene que hacer cosas que pueden ser leídas como un ajuste, pero no creemos que lo sea”, dijo el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, al analizar los números del proyecto de presupuesto 2023, que se aprobó días atrás en la Cámara de Diputados, y las sucesivas modificaciones sobre las partidas vigentes para 2022.

Sus palabras ilustran el giro en el rumbo del Gobierno y exponen también un escenario de tensiones dentro de la coalición oficialista. “Ordenar lo fiscal, más que ajustar, es en realidad trabajar para precisamente dar una base de sustentabilidad fiscal a la macro y aportar, desde ese orden, estabilidad”, dijo en diálogo con la nacion el funcionario encargado de controlar el gasto del Estado, que participa en el Seminario Nacional de Presupuesto Público organizado por ASAP en esta ciudad.

“Cuando asumió, el actual ministro (Sergio) Massa dio una serie de pautas que caracterizarían su gestión y una de ellas era el orden fiscal. Nosotros tuvimos sobre todo en junio y julio una situación bastante tensionante, particularmente en lo cambiario, y parte de las razones de eso tiene que ver con el desborde fiscal que se registró en ese momento”, relató Rigo sobre los meses posteriores a la salida de Guzmán y la llegada de Silvina Batakis. En ese contexto, el histórico funcionario renunció a su cargo, pero regresó al ministerio apenas un mes después de su salida, junto con la llegada de Massa.

En esa línea, Rigo defendió los números del proyecto de presupuesto que el Gobierno envió al Congreso y tiene como premisa una baja del déficit primario del 2,5% al 1,9% del PBI para 2023, en línea con las pautas establecidas en el acuerdo de facilidades extendidas firmado con el FMI.

“El apoyo que recibió el proyecto fue contundente y es muy auspicioso”, dijo Rigo, en referencia a la votación en Diputados y los 180 votos afirmativos. “Eso revela que los supuestos macroeconómicos y las asignaciones en general han sido bien recibidas desde el punto de vista de la oposición. Hubo entre el 15 de septiembre y la semana pasada una buena discusión en las comisiones y es una muy buena noticia porque sería muy malo ir nuevamente con un presupuesto prorrogado. Y que el apoyo haya sido claro y contundente es también una suerte de garantía de que hay convicción respecto de lo que dice la ley”, afirmó Rigo.

El funcionario afirmó también que la pauta de inflación del 60% para 2023 definida en el proyecto de presupuesto por el Gobierno es “cumplible”. El número es objetado por economistas y analistas privados que, de acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que publica mensualmente el Banco Central, estiman una suba de precios promedio del 90,5% para el año que viene.

“No soy macroeconomista y no soy experto en eso, pero que tengamos un escenario que propone ese objetivo de inflación para 2023 significa que se confía en que se van a poder tomar medidas que vayan conteniendo, moderando y disminuyendo la inflación desde donde estamos hoy, que es una cifra más alta a esa. Me parece que es un objetivo de política plausible y cumplible, no que se va a producir espontáneamente, pero con medidas se puede lograr”, dijo Rigo.

Así, explicó que la decisión del “ordenamiento fiscal” tuvo como consecuencia concreta la “disminución del gasto en términos reales”.

“En los últimos dos o tres meses en general hemos moderado mucho el crecimiento real del gasto interanualmente y hemos tenido caída en terminos reales”, dijo Rigo, y se refirió a la dinámica de los subsidios energéticos, que registran meses consecutivos de caída real: “En primer lugar, el gasto energético tiene una estacionalidad muy importante, que típicamente es en invierno y este año se reforzó por el tema de los precios internacionales por el shock de la guerra en Ucrania y cuando ves el decrecimiento se compara contra meses anteriores que tenían este impacto”, estimó.

Planificación

Por último, Rigo se refirió a la eficiencia en la planificación financiera y el gasto del sector público y planteó que otra cuenta pendiente en el país son los “acuerdos interpartidarios y sociales”. “No solamente vamos a tener una gran estabilidad a lo largo de décadas, sino que también vamos a potenciar nuestro rol como Estado. Una política sostenible va a redundar en más y mejores servicios”, dijo.

En ese punto, criticó la decisión de la Cámara de Diputados de no acompañar la iniciativa oficial de gravar con el impuesto a las ganancias a todo el personal del Poder Judicial. El Gobierno había incluido esa medida en el Presupuesto en el artículo 100, pero fue rechazado en la votación.

“Forma parte de la discusión y el debate parlamentario. Está bien que el debate se dé. Todos creemos, y yo en particular, que sería bueno que se extendiera [el cobro de Ganancias] no solamente a los que son jueces desde 2018, sino a todos. Pero tendremos que seguir discutiendo hasta lograr un consenso mayor”, cerró Rigo.