Por Liliana Franco - “Comenzó la casa de brujas”; “nos pegan para luego negociar”; son solo algunas frases que reflejan el malestar de las grandes empresas por la falta de precisiones del gobierno respecto a qué tipo de acuerdos quiere hacer en materia de precios. “Hace muy poco terminamos de negociar Precios Cuidados y ahora hablan de congelar productos por cuatro meses”, se quejan la mayoría por lo que consideran cierto grado de improvisación.

En tanto, en el Gobierno detectan subas de hasta 170% anual en productos como el azúcar y han pedido que investigue la Comisión de Defensa de la Competencia.

Las críticas de las empresas se concentran en los funcionarios Matías Tombolini, Secretario de Comercio y el Subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Carlos Cervantes. Comentan que ambos funcionarios no se llevan bien y existen órdenes contradictorias entre sí.

También se quejan de los “malos modos de Cervantes” y afirman que este funcionario les hace recordar a los tiempos de Guillermo Moreno en la Secretaria de Comercio.

También se siente muy molestos con los escraches en las redes de los aumentos de precios “como si las empresas fueran los causantes de la inflación” y deslizan críticas hacia un sector protegido como es el textil, que según el Indec, sus aumentos superan con creces a la inflación anualizada –más de 100%- a septiembre.

En concreto, y según pudo relevar Ámbito, desde el anuncio este lunes de Sergio Massa que anticipó que habría un acuerdo de precios por cuatro meses (sin variaciones) y que el control del cumplimiento se haría vía una aplicación en el celular, muy pocas empresas fueron citadas para definir qué productos se sumarian a este programa.

Por caso, algunas empresas comenzaron a recibir llamados de la Secretaria de Comercio para preguntar qué productos podrían sumar al programa. A otras les indicaron que vía mail les solicitaran qué productos quieren que la empresa incorpore al programa. Y, otras han sido citadas personalmente a la Secretaria.

La idea del ministro de Economía, es “acordar un sendero de precios” y rechaza que se hable de “congelamiento” pero para la mayoría de las empresas, al ver el escrache que se lleva a cabo en redes están haciendo dirigentes relevantes del gobierno, temen que el “acuerdo” sea más una “orden en la práctica”.

Las grandes empresas además se quejan del escrache porque caen en la crítica “justos por pecadores”. Argumentan que los precios de los productos industrializados al 17 de octubre subieron 6% en tanto las verduras el 12%.

Pero, en definitiva, la mayoría de las compañías se preguntan “¿cómo congelo el precio de un producto con los costos que suben mensualmente entre un 7% a 8% mensual?

El argumento persuasivo que esgrimirán las autoridades de Comercio serán los estudios que tienen donde demuestran han aumentado los márgenes de ganancias. Argumento, que viene sosteniendo la propia vice presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quién desde hace tiempo cuestiona las ganancias empresarias y hoy por hoy, el principal sostén de Massa.

Denuncias

La Secretaría de Comercio dio instrucciones a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que inicie investigaciones por presuntas prácticas anticompetitivas con el fin de “identificar una posible fijación de precios de productos de consumo masivo mediante prácticas abusivas que lesionen al interés económico general”, según información a la que tuvo acceso Ámbito. Entre las subas detectadas por el área se observa que insumos de la industria de consumo masivo como el azúcar y el vidrio registran aumentos interanuales de 170,1% y 103,6% (septiembre 22/septiembre21).

Las autoridades buscan determinar presuntas prácticas anticompetitivas (Ley N° 27.442) en empresas vinculadas con la producción y comercialización de productos de consumo masivo que hubieran aumentado precios durante el año 2022 como resultado de un abuso de su posición dominante en el mercado. La Comisión de Defensa de la Competencia se expediría en 30 días, según señalaron fuentes oficiales.

La cartera cuenta con la información originada en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), creado por Resolución 12/2016. Todos los comercios que realicen venta minorista de productos de consumo masivo están obligados a informar en forma diaria para su difusión, los precios de venta al público de productos vigentes en cada punto de venta.

Abarca a todos los almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados, a excepción de las micro, pequeñas y medianas empresas (en este caso, es optativa la incorporación).

Asimismo, mediante una plataforma informática de colaboración ciudadana, los consumidores pueden acceder a la información brindada y comunicar las eventuales inconsistencias respecto a la veracidad, claridad y oportunidad de la información proporcionada por los comercios en el SEPA.

A partir de la información provista al SEPA, la Dirección de Evaluación y Monitoreo de Precios (DEyMP) elabora informes que permiten un monitoreo diario del nivel general de precios de alimentos y bebidas, perfumería y limpieza.

Las autoridades observaron aumentos en los precios de los productos en góndola que se encuentran por encima de la inflación general y de otras variables que afectan a los costos de producción, como materias primas y el tipo de cambio. Por su parte, el seguimiento que hace la Dirección de Análisis de Cadenas de Valor de los principales insumos y costos productivos arroja subas, para el acumulado de doce meses hasta septiembre pasado, de 170,1% en azúcar, 103,6% en vidrio, 103,1% en trigo , 99,0% en energía eléctrica y 95,6% en química básica.

Estas subas superan al incremento interanual del tipo de cambio mayorista - 46,1%- como así también a los salarios 74,2% (en este último caso, datos a agosto de 2022).