Por Claudio Zlotnik - Los acuerdos de precios siempre generan polémica. Más aún cuando se trata de congelar los precios de una canasta de productos en medio de una inflación mensual de entre 6% y 7%. Y de poner un tope de aumento del 4% para el resto de los artículos, los que no entran al congelamiento. El riesgo de que se incumpla el trato es elevado.

La distorsión de precios en la Argentina es total. La falta de referencias luce endémica. No se trata de mayor o menor voluntad por parte de quienes firman el acuerdo. Se trata de incentivos. Ni más ni menos.

El único atractivo para las empresas tiene que ver con la promesa oficial de que podrán acceder a dólares oficiales (baratos) para las importaciones de sus insumos y productos terminados que sean críticos para la producción. 

Si la economía está atravesando la actual crisis, mucho se lo debe a las alteraciones que viene acumulando desde hace mucho tiempo.

El último acuerdo fue anunciado por Sergio Massa con el objetivo de que se cumpla en las grandes cadenas de supermercados. Durante la presentación, el ministro hizo una convocatoria a los autoservicios y almacenes de barrio para que adhieran. De otra forma, advirtió, esos pequeños comercios podrían perder clientes.

Massa lo sabe: se trata de un fenómeno que ya existe y es pernicioso para la economía. El consumo masivo se viene volcando hacia las grandes cadenas en detrimento de los más chicos porque esas grandes superficies cuentan con los acuerdos (Precios Cuidados, por caso), de los que quedan marginados los comerciantes más chicos.

Un repaso por el último acuerdo permite intuir que esa dinámica se va a profundizar. 

El primer punto a tomar en cuenta es que alrededor del 60% de los productos bajo acuerdo de congelamiento son de "marca propia" en los grandes supermercados. No hay otra forma de acceder a ellos y beneficiarse de la estabilidad de precios que yendo a esas cadenas.

Para el resto, sucede lo siguiente. De acuerdo a un relevamiento de iProfesional, los pequeños comercios venden los productos de "Precios Justos" hasta un 76% más caros.

Es lo que sucede con el shampoo de 400 mililitros que aparece en el acuerdo. Para el resto, las diferencias incluyen a alimentos, bebidas y artículos de higiene personal y limpieza.

Estas asimetrías tienen que ver con que esos pequeños negocios no son atendidos por los fabricantes, que van exclusivamente a las grandes tiendas. Esta realidad conspira contra el éxito del acuerdo, como ya ocurrió otras veces, con acuerdos de precios similares.

Diferencias de precios entre las grandes cadenas

Hay un dato que verifica que la distorsión de precios, hoy en día, es amplia. Se trata del relevamiento "Precios Claros", que administra el propio Gobierno con el aporte de la información de las cadenas de supermercados.

Allí se puede constatar que existen diferencias de hasta 39% en los precios de los productos. Es decir: un mismo producto de primera marca, con idéntica presentación, cuesta hasta 39% en un supermercado que en otro.

Es lo que sucede con el paquete de galletitas variedades de 400 gramos, que cuesta entre $367 y $510 en las diferentes grandes cadenas de supermercados.

Las diferencias notables atraviesan productos de la canasta familiar: desde la gaseosa cola de 2,25 litros (con una diferencia de hasta 34,4% entre un comercio y otro similar); y del 19,1% en el caso de la botella de lavandina de un litro de una misma marca.

Sin dudas, estas diferencias para productos de la canasta esencial habla también de una ausencia de referencias de precios en la economía. No se trata de ofertas eventuales que pueden distinguir a un comercio de otro, sino de precios permanentes.

Por eso mismo, la puesta en marcha de un programa de precios "congelados" durante cuatro meses, a lo que se suma la pretensión de que los demás productos tengan un incremento máximo de 4% mensual hasta que termine el verano, suena demasiado pretencioso bajo el actual contexto macro.

El objetivo de Masa: ¿quimera o realidad?

Todos los movimientos del ministro de Economía de las últimas semanas apuntan a una misma cuestión: enviar todas las señales posibles de que en la Argentina no habrá una devaluación abrupta.

Massa tomó como una verdadera "política de Estado" evitar un salto del tipo de cambio. A lo sumo, está abierto a acelerar el "crawling peg", tal como lo viene haciendo. Pero nada más. 

El ministro está convencido de que ese es su límite; que una devaluación en estas condiciones -con escasas reservas en el Banco Central- y un Gobierno que hace rato cayó en el descrédito significaría un desbande total de las expectativas. Y un final inimaginable.

El problema que tiene es que ese planteo tiene cada vez menos adeptos. Son cada vez más quienes piensan que, bajo las actuales condiciones, la posibilidad de una devaluación ya no depende tanto de la voluntad del titular del Palacio de Hacienda.

Ayer, lunes, el Banco Central vendió u$s100 millones y, así, alcanzó un saldo negativo de u$s813 millones en lo que va de noviembre. Este nivel es similar al volumen de ventas que había registrado en los primeros diez días de agosto.

En paralelo, las trabas a las importaciones son más notorias, a juzgar por las quejas de empresarios de distintos sectores, desde industriales al rubro comercial. Pequeñas y grandes compañías protestan porque les cuesta acceder a los dólares oficiales.