Por Claudio Zlotnik - Los acuerdos de precios siempre generan polémica.
Más aún cuando se trata de congelar
los precios de una canasta de productos en medio de
una inflación mensual de entre 6% y 7%. Y de poner un tope de aumento del
4% para el resto de los artículos, los que no entran al congelamiento. El
riesgo de que se incumpla el trato es elevado.
La distorsión
de precios en la Argentina es total. La falta de referencias luce endémica. No
se trata de mayor o menor voluntad por parte de quienes firman el acuerdo. Se
trata de incentivos. Ni más ni menos.
El único atractivo para las empresas tiene que ver con la promesa
oficial de que podrán acceder a dólares oficiales (baratos) para las
importaciones de sus insumos y productos terminados que sean críticos para la
producción.
Si la economía está atravesando la actual crisis, mucho se lo debe a las
alteraciones que viene acumulando desde hace mucho tiempo.
El último acuerdo fue anunciado por Sergio Massa con el objetivo de que
se cumpla en las grandes cadenas de supermercados. Durante la
presentación, el ministro hizo una convocatoria a
los autoservicios y almacenes de barrio para que adhieran.
De otra forma, advirtió, esos pequeños comercios podrían perder clientes.
Massa lo sabe: se trata de un fenómeno que ya existe y es pernicioso
para la economía. El consumo
masivo se viene volcando hacia las grandes cadenas en detrimento de los
más chicos porque esas grandes superficies cuentan con los acuerdos (Precios
Cuidados, por caso), de los que quedan marginados los comerciantes más chicos.
Un repaso por el último acuerdo permite intuir que esa dinámica se va a
profundizar.
El primer punto
a tomar en cuenta es que alrededor del 60% de los productos bajo acuerdo
de congelamiento son de "marca propia" en los grandes supermercados.
No hay otra forma de acceder a ellos y beneficiarse de la estabilidad
de precios que yendo a esas cadenas.
Para el resto,
sucede lo siguiente. De acuerdo a un relevamiento de iProfesional, los
pequeños comercios venden los productos
de "Precios Justos" hasta un 76% más caros.
Es lo que sucede con el shampoo de 400 mililitros que aparece en el
acuerdo. Para el resto, las diferencias incluyen a alimentos, bebidas y
artículos de higiene personal y limpieza.
Estas asimetrías tienen que ver con que esos pequeños negocios no son
atendidos por los fabricantes, que van exclusivamente a las grandes
tiendas. Esta realidad conspira contra el éxito del acuerdo, como ya
ocurrió otras veces, con acuerdos de precios similares.
Diferencias de precios entre las grandes
cadenas
Hay un dato que verifica que la distorsión de precios, hoy en día, es
amplia. Se trata del relevamiento "Precios Claros", que administra el
propio Gobierno con el aporte de la información de las cadenas de
supermercados.
Allí se puede constatar que existen diferencias de hasta 39% en los
precios de los productos. Es decir: un
mismo producto de primera marca, con idéntica presentación, cuesta hasta 39% en
un supermercado que en otro.
Es lo que sucede con el paquete de galletitas variedades de 400 gramos,
que cuesta entre $367 y $510 en las diferentes grandes cadenas de
supermercados.
Las diferencias notables atraviesan productos de la canasta familiar:
desde la gaseosa cola de 2,25 litros (con una diferencia de hasta 34,4% entre
un comercio y otro similar); y del 19,1% en el caso de la botella de lavandina
de un litro de una misma marca.
Sin dudas, estas diferencias para productos de la canasta esencial habla
también de una ausencia de referencias de precios en la economía. No se
trata de ofertas eventuales que pueden distinguir a un comercio de otro, sino
de precios permanentes.
Por eso mismo, la puesta en marcha de un programa de precios
"congelados" durante cuatro meses, a lo que se suma la pretensión de
que los demás productos tengan un incremento máximo de 4% mensual hasta que
termine el verano, suena demasiado pretencioso bajo el actual contexto macro.
El objetivo de Masa: ¿quimera o realidad?
Todos los movimientos del ministro de Economía de las últimas semanas
apuntan a una misma cuestión: enviar
todas las señales posibles de que en la Argentina no habrá una
devaluación abrupta.
Massa tomó como una verdadera "política de Estado" evitar
un salto del tipo de cambio. A lo sumo, está abierto a acelerar el
"crawling peg", tal como lo viene haciendo. Pero nada más.
El ministro está convencido de que ese es su límite; que una
devaluación en estas condiciones -con escasas reservas en el Banco
Central- y un Gobierno que hace rato cayó en el descrédito significaría
un desbande total de las expectativas. Y un final inimaginable.
El problema que tiene es que ese planteo tiene cada vez menos adeptos.
Son cada vez más quienes piensan que, bajo las actuales condiciones, la
posibilidad de una devaluación ya no depende tanto de la voluntad del titular
del Palacio de Hacienda.
Ayer, lunes, el Banco
Central vendió u$s100 millones y, así, alcanzó un saldo negativo de u$s813
millones en lo que va de noviembre. Este nivel es similar al volumen de ventas
que había registrado en los primeros diez días de agosto.
En paralelo, las trabas a las importaciones son más notorias, a
juzgar por las quejas de empresarios de distintos sectores, desde industriales
al rubro comercial. Pequeñas y grandes compañías protestan porque les
cuesta acceder a los dólares oficiales. |