Por Jaime Rosemberg - Todavía sorprendidos por la magnitud y la difusión
de las irregularidades detectadas en la cesión de planes de empleo, los
movimientos sociales cercanos al Presidente dejaron en claro ayer que
resistirán la decisión del fiscal Guillermo Marijuan (e inicialmente también de
la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz) de dar de baja
“inmediatamente” los cerca de 250.000 planes Potenciar Trabajo que manejan esas
agrupaciones y que poseen “alguna incompatibilidad”, según reveló un informe
suministrado por la AFIP.
“Puede haber irregularidades en un Estado que, sabemos, no funciona
bien. Pero si hay una embarcación, puede ser un bote, si hay una moto, puede
ser de baja cilindrada, si hay gastos en dólares puede ser para pagar Netflix”,
dijo a la nacion el secretario y dirigente del Movimiento Evita Fernando
“Chino” Navarro. “Es toda gente pobre, ¿la vamos a transformar en delincuente?
Si empezamos a buscar brujas, las vamos a encontrar, aunque el que cometió
irregularidades debe ser suspendido. Pero no pueden caer 50.000 justos por diez
pecadores”, abundó el funcionario.
“No se pueden dar bajas totales a un plan sin explicación, eso lo haría
(Mauricio) Macri. Hay que escuchar a los beneficiarios y ver qué explicaciones
dan”, afirmaron a la nacion fuentes del Movimiento Evita, cuyo titular, Emilio
Pérsico, maneja desde la Secretaría de Economía Social los planes que quedaron
bajo la lupa por numerosas inconsistencias.
La semana pasada, al difundirse la noticia, Tolosa Paz afirmó que “todo
aquel plan social que haya sido utilizado para la compra de dólares va a ser
suspendido inmediatamente”, e insinuó que otras irregularidades (cobrar el
plan, de unos $29.850, siendo a la vez propietario de un inmueble o una
embarcación) serán penadas del mismo modo. Ayer, en declaraciones a Radio Con
Vos, Tolosa Paz relativizó esos dichos al afirmar: “No vamos a permitir una
doble estigmatización sobre la pobreza y sobre la administración del Estado”.
También destacó que desde los medios “hicieron una mala interpretación de una
información”, suministrada por la AFIP.
Desde las organizaciones sociales se mostraron contrariados por el
número (fuentes de la AFIP confirman que se trata de alrededor de 250.000
planes) y afirmaron que en sus registros, y a partir de auditorías internas,
hay “80 personas que compraron dólares y 800 que pagan Bienes Personales”, un
número muchísimo más bajo, en el universo de los 1,3 millones que actualmente
cobran el plan.
El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, dijo la semana pasada: “El
ministro anterior (Juan Zabaleta) nos pidió un informe, que hagamos el cruce de
información, y le hicimos la devolución en forma global”, es decir, sin nombres
propios de beneficiarios en infracción, y sin detallar cuáles eran las
irregularidades detectadas, todo sobre la base de una lista de beneficiarios
enviada por el propio ministerio. En sus declaraciones, Tolosa Paz hizo
hincapié en la información detallada que, espera, suministrarían en las
próximas horas el Banco Central (centrado en la compra de dólares) y la misma
AFIP, vinculada con el patrimonio de los beneficiarios.
“Política de ajuste”
Desde los movimientos sociales cercanos al Gobierno reconocen que hay
casos de “prestanombres”, es decir, beneficiarios falsos de planes. Pero
sospechan que la decisión política, en relación con el ajuste en la
administración que lleva adelante el ministro de Economía, Sergio Massa, es
“bajar la cantidad de planes a un millón en marzo”. Prometen pelear, ya que
–asegura uno de ellos– “acá hay una decisión de poner la discusión de los
planes en el centro de la escena”. En distintas reuniones, los funcionarios
hablan de “reorientar el dinero” de los planes, unos $500.000 millones por año,
para herramientas y emprendimientos productivos. “Van a una política de ajuste
peor que la de Zabaleta”, afirmó a la nacion Humberto Tumini, líder de Libres
del Sur-Barrios de Pie, parte del opositor Frente de Unidad Piquetera.
“Ya sea un solo caso o 50.000, no vamos a admitir ninguna
incompatibilidad. El informe de la AFIP no es nominal, es estadístico. Estamos
trabajando en desagregar los datos para dar de baja a quienes realmente hayan
cometido incompatibilidades”, dijo la ministra Tolosa Paz en una entrevista que
ofreció a La Nacion y que fue publicada el domingo pasado.ß |