Por Jaime Rosemberg - Todavía sorprendidos por la magnitud y la difusión de las irregularidades detectadas en la cesión de planes de empleo, los movimientos sociales cercanos al Presidente dejaron en claro ayer que resistirán la decisión del fiscal Guillermo Marijuan (e inicialmente también de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz) de dar de baja “inmediatamente” los cerca de 250.000 planes Potenciar Trabajo que manejan esas agrupaciones y que poseen “alguna incompatibilidad”, según reveló un informe suministrado por la AFIP.

“Puede haber irregularidades en un Estado que, sabemos, no funciona bien. Pero si hay una embarcación, puede ser un bote, si hay una moto, puede ser de baja cilindrada, si hay gastos en dólares puede ser para pagar Netflix”, dijo a la nacion el secretario y dirigente del Movimiento Evita Fernando “Chino” Navarro. “Es toda gente pobre, ¿la vamos a transformar en delincuente? Si empezamos a buscar brujas, las vamos a encontrar, aunque el que cometió irregularidades debe ser suspendido. Pero no pueden caer 50.000 justos por diez pecadores”, abundó el funcionario.

“No se pueden dar bajas totales a un plan sin explicación, eso lo haría (Mauricio) Macri. Hay que escuchar a los beneficiarios y ver qué explicaciones dan”, afirmaron a la nacion fuentes del Movimiento Evita, cuyo titular, Emilio Pérsico, maneja desde la Secretaría de Economía Social los planes que quedaron bajo la lupa por numerosas inconsistencias.

La semana pasada, al difundirse la noticia, Tolosa Paz afirmó que “todo aquel plan social que haya sido utilizado para la compra de dólares va a ser suspendido inmediatamente”, e insinuó que otras irregularidades (cobrar el plan, de unos $29.850, siendo a la vez propietario de un inmueble o una embarcación) serán penadas del mismo modo. Ayer, en declaraciones a Radio Con Vos, Tolosa Paz relativizó esos dichos al afirmar: “No vamos a permitir una doble estigmatización sobre la pobreza y sobre la administración del Estado”. También destacó que desde los medios “hicieron una mala interpretación de una información”, suministrada por la AFIP.

Desde las organizaciones sociales se mostraron contrariados por el número (fuentes de la AFIP confirman que se trata de alrededor de 250.000 planes) y afirmaron que en sus registros, y a partir de auditorías internas, hay “80 personas que compraron dólares y 800 que pagan Bienes Personales”, un número muchísimo más bajo, en el universo de los 1,3 millones que actualmente cobran el plan.

El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, dijo la semana pasada: “El ministro anterior (Juan Zabaleta) nos pidió un informe, que hagamos el cruce de información, y le hicimos la devolución en forma global”, es decir, sin nombres propios de beneficiarios en infracción, y sin detallar cuáles eran las irregularidades detectadas, todo sobre la base de una lista de beneficiarios enviada por el propio ministerio. En sus declaraciones, Tolosa Paz hizo hincapié en la información detallada que, espera, suministrarían en las próximas horas el Banco Central (centrado en la compra de dólares) y la misma AFIP, vinculada con el patrimonio de los beneficiarios.

“Política de ajuste”

Desde los movimientos sociales cercanos al Gobierno reconocen que hay casos de “prestanombres”, es decir, beneficiarios falsos de planes. Pero sospechan que la decisión política, en relación con el ajuste en la administración que lleva adelante el ministro de Economía, Sergio Massa, es “bajar la cantidad de planes a un millón en marzo”. Prometen pelear, ya que –asegura uno de ellos– “acá hay una decisión de poner la discusión de los planes en el centro de la escena”. En distintas reuniones, los funcionarios hablan de “reorientar el dinero” de los planes, unos $500.000 millones por año, para herramientas y emprendimientos productivos. “Van a una política de ajuste peor que la de Zabaleta”, afirmó a la nacion Humberto Tumini, líder de Libres del Sur-Barrios de Pie, parte del opositor Frente de Unidad Piquetera.

“Ya sea un solo caso o 50.000, no vamos a admitir ninguna incompatibilidad. El informe de la AFIP no es nominal, es estadístico. Estamos trabajando en desagregar los datos para dar de baja a quienes realmente hayan cometido incompatibilidades”, dijo la ministra Tolosa Paz en una entrevista que ofreció a La Nacion y que fue publicada el domingo pasado.ß