Domingo 20 - Por Laura Serra - La provincia de Buenos Aires, bastión electoral del kirchnerismo, se convirtió con la llegada del gobernador Axel Kicillof en una descomunal usina de empleo público. En efecto, cuando en diciembre del año próximo finalice su gestión, el mandatario bonaerense habrá incrementado el plantel en 45.755 personas, a razón de 31 empleados nuevos por día. Así, la dotación superará con creces el medio millón de empleados estatales. Una cifra que es mayor, incluso, a la de todo el Estado nacional.
Este crecimiento exponencial del empleo público bonaerense figura, en detalle, en el proyecto de ley de presupuesto que Kicillof envió a la Legislatura el 28 del mes pasado y que fue analizado en un informe por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). Cuando asumió su mandato en diciembre de 2019, el gobernador recibió un plantel de 489.362 empleados.
En esa cifra se incluyen quienes revistaban en la administración central, organismos descentralizados y en las instituciones de previsión social. Este año cerrará con 528.117 trabajadores y, contrario a lo que dispuso el gobierno nacional –que congeló su propia dotación-, Kicillof va por más y prevé sumar otros 7000 empleados públicos en 2023, un año electoral. Así figura en el artículo 11 de la iniciativa.
En resumidas cuentas, cuando Kicillof finalice su mandato en diciembre del año próximo dejará en herencia un plantel con 535.117 trabajadores permanentes y transitorios. Más de 45.000 nuevos empleados desde que asumió. Para dimensionar la magnitud de la cifra, ésta representa al menos tres dotaciones enteras de la ANSES que, con sus casi 14.000 empleados, es uno de los organismos más grandes del Estado por su capilaridad territorial.
A la hora de comparar los datos bonaerenses con los nacionales en
materia de empleo público la sorpresa es mayor. En efecto, con su medio millón
de empleados Buenos Aires superará la dotación de todo el Estado nacional,
incluidos los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos
descentralizados, los entes del sector público (PAMI y AFIP) y las empresas
estatales. Todos ellos totalizan poco más de 428.000 empleados permanentes y
transitorios según se desprende del último informe de ocupación publicado por
el Ministerio de Economía en setiembre pasado.
Habrá que ver si la oposición bonaerense, a la hora de discutir el
presupuesto 2023, le habilitará al gobernador Kicillof el nombramiento de 7000
nuevos empleados públicos durante el próximo año que prevé el artículo 11.
Sería contradictorio con lo que sus colegas en el Congreso le reclamaron al
ministro de Economía Sergio Massa durante el debate del presupuesto nacional:
que el plantel estatal se mantuviese congelado el año próximo.
En el artículo 30, además, Kicillof propone que el año próximo se deje
sin efecto el tope del 60% sobre los recursos financieros que hoy rige para los
gastos de personal. Un combo ideal para cualquier gobernante con ánimos
reeleccionistas: poder nombrar más empleados públicos y subir salarios sin
límite en un año electoral.
Está visto que el gobernador Kicillof goza de mayores licencias
presupuestarias que el ministro Massa, quien está forzado a ajustar el gasto
público de la administración nacional para cumplir con las metas acordadas con
el Fondo Monetario Internacional.
El gasto político, en aumento
En cambio, Kicillof, que abjura de la sola palabra ajuste, no tiene
intención alguna de moderar el gasto; todo lo contrario: el gobernador
bonaerense, que aspira a su reelección, está decidido a abrir el grifo y mandó
a la Legislatura un presupuesto con partidas que, en su mayoría, superan con
creces la inflación promedio del 76% que fijó el presupuesto nacional.
El llamado “gasto de la política” no escapa a este ritmo creciente de
dispendio. Cuando asumió su mandato, Kicillof provocó una verdadera explosión
de puestos políticos en la estructura gubernamental: el gabinete cuenta ahora
con 20 organismos con rango de ministerio y un esquema de 1700 cargos
jerárquicos (subsecretarios y directores), más del doble del número que existió
hace poco más de dos años.
En lo que respecta al área de la gobernación propiamente dicha, el
aumento del gasto llega a porcentajes exorbitantes. La Jefatura de Asesores del
Gobernador, un organismo que Kicillof creó para su amigo personal Carlos Bianco
cuando por orden de Cristina Kirchner se vio obligado a reemplazarlo en el
Ministerio de Jefatura de Gabinete por Martín Insaurralde, tendrá un aumento
del 471% respecto de este año ($1702 millones). Esta dependencia cuenta con
solo 102 empleados, según consta en el presupuesto 2023.
Para no herir susceptibilidades, la dependencia a cargo de Insaurralde,
con una dotación de 1407 trabajadores, también recibirá un fuerte aumento en
2023: $30.088 millones, un 212% de aumento respecto de este año. El triple que
la inflación pronosticada. En tanto la Unidad Gobernador, a cargo de Nicolás
Beltrám, con 182 empleados, contará con una partida de $994,8, un 189% de suba.
Las áreas afectadas
No tendrán la misma suerte, en cambio, otras jurisdicciones sobre las
que llamativamente habrá recorte de gasto en términos reales. Según se observa
en el informe de ASAP, son los casos del Ministerio de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica, que crece apenas 6,8% (nominal) respecto al 2022 y el
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que lo hace en 13,2%
(nominal).
Más allá de estas podas puntuales, el de Kicillof es un presupuesto
expansivo en su gasto público. Lo hace a costa de un mayor déficit: según la
iniciativa, el año próximo se prevén ingresos totales por $6.6 billones y gastos
totales por $6,9 billones.
El rojo fiscal trepará a $249.100 millones, cifra que representa el 3,7%
del total de los ingresos, consigna ASAP.
Si Kicillof puede dar rienda suelta al gasto es porque cuenta con la
enorme espalda del Tesoro nacional que nutre de transferencias las arcas
provinciales.
Además de lo que recibe por coparticipación, Buenos Aires recibirá el
año próximo fondos por poco más de medio billón de pesos ($574.214 millones),
de los cuales casi la mitad proviene del Fondo de Fortalecimiento Fiscal
($200.745 millones). El doble de lo que ha percibido este año.
El favoritismo es claro. En materia de planes sociales (una herramienta electoral clave para captar el voto en los sectores más vulnerables de la provincia), Buenos Aires acaparará el año próximo el 43,4% de esas partidas, convirtiéndose en la jurisdicción más beneficiada. Un privilegio del que no gozan las restantes provincias, tal vez por no llevar el sello kirchnerista.ß |