Por Hernán Cappiello - La Corte Suprema fallará en los próximos días en
el conflicto por los fondos de la coparticipación federal que la Nación le
recortó a la ciudad de Buenos Aires en 2020 para aumentar los recursos del
gobierno de Axel Kicillof.
Tanto en el gobierno nacional como en la administración porteña dan por
descontado que la decisión es inminente y que favorecería a la Ciudad. En la
Corte Suprema hay hermetismo, pero reconocen que el fallo se conocerá antes de
que finalice el Mundial.
Fuentes judiciales pronostican que el tribunal puede aceptar la medida
cautelar que presentó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y
suspender el recorte que sufre el distrito todos los meses, pero difícilmente
se ordene reintegrar los recursos ya quitados.
En el Gobierno y la oposición están convencidos de que la Corte Suprema
de Justicia fallará de manera inminente en el conflicto por los fondos de la
coparticipación federal que le recortó la Nación a la Ciudad en 2020. En la
Corte hay hermetismo, señalan que el fallo está en la agenda de las próximas
semanas y que se conocería antes de que finalice el Mundial.
En la Ciudad están entusiasmados con un fallo que acepte la medida
cautelar que presentaron contra el gobierno nacional. “Cuando el río suena,
agua trae”, dijo un alto funcionario porteño que sigue el expediente. En la Ciudad
creen que les darán al menos algo de lo que reclaman. No será 100 por ciento,
pero algo será. Si consiguen que les admitan la medida cautelar, lo celebrarían
como una victoria.
De cara a las elecciones presidenciales de 2023, Horacio Rodríguez Larreta
viene prometiendo desde mayo pasado: “Si la Corte nos devuelve la plata de la
coparticipación, yo automáticamente bajo los impuestos”.
En el Gobierno también creen que el fallo de la Corte es cuestión de
horas. El ministro del Interior, Wado de Pedro, se apoyó en trascendidos de
prensa para especular que, en plena guerra del kirchnerismo contra la Corte
Suprema, el máximo tribunal iba a fallar en favor de Horacio Rodríguez Larreta.
Y tuiteó: “Trascendidos periodísticos anticipan un supuesto fallo de la Corte
Suprema a favor de la transferencia discrecional e ilegal de fondos que
@mauriciomacri le dio por decreto a @horaciorlarreta en desmedro del desarrollo
de las provincias y sus habitantes. ¿Fondos en año electoral?”, se preguntó.
Los más optimistas creen que la Corte Suprema finalmente va a admitir la
cautelar que presentó el gobierno de la ciudad y que algo van a recibir. Hay
muchísimas versiones, pero se apoyan en los votos sobre todo de los jueces
Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, federalistas del interior, que han
escrito sobre la coparticipación. Ricardo Lorezentti también trabajó en estas
sentencias.
La coparticipación no era un tema de los tribunales, sino de la
política, hasta que fracasó el diálogo y la Corte Suprema debió resolver las
disputas en los juicios de Santa Fe, Córdoba y San Luis. El problema es el
porcentaje del dinero que reclama la Ciudad, allí los jueces tienen miradas
divergentes. El pronóstico es que le darán la razón a Rodríguez Larreta, aunque
no toda la razón.
Lo cierto es que el camino para dictar un fallo ya quedó allanado porque
venció el plazo que les dio la Corte a la Ciudad y a la Nación para que se
pusieran de acuerdo. Y también porque la propia Corte Suprema ya rechazó
apartar del trámite a su presidente, Horacio Rosatti. El expediente está para
resolver.
Una fuente que sigue los temas jurídicos de la Ciudad, dijo a la nacion:
“Probablemente el fallo se conozca la semana que viene, probablemente no se
logre el 100 por ciento de lo que se reclama”. Son prudentes, pero optimistas.
En Juntos por el Cambio señalan que es probable que la Corte falle hacia
adelante, es decir, que resuelva suspender la quita de fondos hacia adelante
para mantener a la policía, en una medida cautelar, hasta que haya una
sentencia definitiva. No obligaría a devolver lo que ya le quitó el Estado
nacional.
El conflicto se dio luego de que Mauricio Macri dispuso en diciembre de
2015, en su presidencia, aumentar los recursos federales que recibía la Ciudad
por coparticipación del 1,4% al 3,75%, para financiar el traspaso de la Policía
Federal. El 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus,
Alberto Fernández, con la quinta de Olivos rodeada por policías bonaerenses que
se alzaron para reclamar un aumento de sueldos, firmó el decreto 735/2020 para
quitarle ese dinero a la Ciudad y dárselo a la provincia de Buenos Aires, y
retrotraer al 1,4%, pese al traspaso de la policía.
Más tarde, hacia el final de ese año, el Congreso aprobó una ley por la
que se ordenaba una negociación entre las partes y se aumentaba la quita.
Vencido el plazo de la ley para negociar y luego de la que la propia Corte les
dio plazo hasta mediados de mayo para llegar a una solución, sin éxito, la
Corte debe ahora expedirse.
El monto de dinero que la Ciudad calcula que en un año perdió por la
quita de coparticipación son unos 122.000 millones de pesos, equivalentesal 11%
del presupuesto por te ño.
En septiembre de 2020, cuando se dispuso la reducción de fondos, la
Ciudad dejó de recibir 15.000 millones de pesos. A lo largo de todo 2021 no
recibió 85.000 millones de pesos. La proyección completa para 2022 es de
122.000 millones.
“Yo no me quiero hacer los rulos, pero si admiten la cautelar de la
Ciudad ya es una victoria”, resumió un funcionario porteño, frente a la
perspectiva de la sentencia.
El pronóstico es que le darán la razón al gobierno porteño, pero sin
reintegrar los fondos ya recortados
tura de fiscales y de defensores de Santa Cruz. Sosa no fue nombrado en
ninguno de los dos cargos. En la provincia nunca cumplieron el fallo de la
Corte Suprema con la excusa de que el cargo de procurador ya no existía como
tal.
Ahora el kirchnerismo fue más allá. No solo Claudia Ledesma Abdala de
Zamora, presidenta provisional del Senado, firmó el decreto para designar a
Doñate como consejero, sino que lo hizo refrendar por una votación en el
recinto durante la sesión del pasado miércoles, de la que Juntos por el Cambio
se ausentó. Así, la senadora santiagueña buscó convertir el decreto en una
decisión del Senado y no en un alzamiento de Cristina Kirchner contra la Corte.
En ese momento, la vicepresidenta reemplazaba a Alberto Fernández en la
presidencia.
El constitucionalista Alejandro Carrió prefiere no hablar de
desobediencia, sino que apunta al delito de violación de deberes de funcionario
público, que condena con hasta dos años de prisión y el doble de tiempo de
inhabilitación a quien “no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le
incumbiere”. Es una descripción casi literal de la conducta de los senadores
que refrendaron el decreto legislativo firmado por Ledesma Abdala.
Cristina Kirchner redobló la apuesta y colocó la situación en el terreno
de la confrontación entre dos poderes del Estado. En la Corte prefieren ponerle
paños fríos al asunto, porque creen que el conflicto recién empieza y se
agudizará en los tiempos por venir.
La Justicia suma malas noticias para Cristina Kirchner: desde el fallo
en la causa Vialidad, que se encamina a una condena, según evalúan oficialistas
y opositores, a la reapertura del caso Hotesur y Los Sauces, donde la
vicepresidenta está acusada junto a sus hijos, Máximo y Florencia. También el
caso del dólar futuro está nuevamente bajo análisis.
En medio de esta pelea, el Senado puede quedarse sin una silla en el
consejo de la Magistratura, al menos en lo inmediato y sobre todo luego del
amparo que planteó el senador Luis Juez, pidiendo que los tribunales impidan la
asunción de Doñate. Basta un fallo de primera instancia para dejar a Doñate
fuera de la próxima ceremonia de jura. En ese enfrentamiento individual con la
Corte, Cristina Kirchner embarcó a todo el Senado. Dos poderes enfrentados.
Más allá de que la concepción que prima en el kirchnerismo es ubicar al
voto popular por encima del marco constitucional, aun en un contexto de
derrotas electorales, la presunción en los tribunales es que este desafío a las
decisiones de la Corte pretende deslegitimar los fallos por venir. Estiman que
se trata de esmerilar al Poder Judicial para devaluar sus sentencias.
El kirchnerismo ve al Poder Judicial como el brazo de Juntos por el
Cambio o de Pro. Probablemente en unos días no lo vea de la misma manera porque
la Corte trabaja en algunas sentencias que pueden afectar intereses opositores.
En rigor, la Corte buscó con sus decisiones de los últimos años
fortalecerse como poder del Estado. Sustraerse del influjo de la política,
sortear la influencia de los operadores y el submundo del espionaje, y
demostrarles a los jueces que pueden tomar sus decisiones más allá de las
presiones. Pero un Poder Judicial fuerte e independiente es un riesgo y por eso
la tensión para desacreditarlo.
El caso del Consejo de la Magistratura es la ocasión de la Corte Suprema
para reafirmar su autoridad, aunque los tiempos son casi tan importantes como
los argumentos a la hora de analizar los fallos del máximo tribunal.
Por eso, el mantra de la Corte Suprema es “somos árbitros, no
adversarios”, y “paciencia, convicción y coraje”.
Horacio Rosatti preside la Corte y el Consejo de la Magistratura. El
organismo contará con el regreso de un kirchnerista de paladar negro, el
diputado Rodolfo Tailhade, quien -tras su paso por la AFI- ya fue consejero: es
recordado por sus malos modos y su estilo de confrontación. En el Consejo saben
diferenciar. Tailhade es Cristina Kirchner y lo que diga será oído como si
saliera de boca de la vicepresidenta. Contrasta con el consejero por el Poder
Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, hermano de Eduardo de Pedro y un dialoguista con
todos y por todo, negociando hasta el final. “Es la calma antes de la tormenta”,
exageró un funcionario judicial, previendo un fin de año caliente y un 2023 de
conflictividad. |