Las pymes exportadoras e importadoras criticaron ayer la resolución 2144 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que modifica el Código Aduanero al imponer un piso de $ 300.000 en ventas brutas o una garantía de 30.000 para formar parte del Registro de Importadores y Exportadores, lo que es indispensable para realizar esas actividades. Para la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), eso "es discriminatorio e injustificado".

La reglamentación ejecuta lo estipulado por el decreto Nº 1214 del 27 de septiembre de 2005, que lleva las firmas del presidente Néstor Kirchner; del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y del entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna. La norma, al modificar el artículo 12 del Código Aduanero, establece que esos montos servirán para "acreditar solvencia" y modifica un decreto de 1991 que había eliminado las garantías.

Desde el 1º del mes próximo, entonces, para figurar en el Registro de Importadores y Exportadores las empresas deberán demostrar ese volumen de ventas durante 2005 u obtener una garantía, ya sea mediante el depósito de $ 30.000 o un aval bancario, para lo cual será necesario abrir un plazo fijo por ese monto. Consultado por LA NACION, el presidente de Apyme, Francisco dos Reis, afirmó que la resolución "limita a las pymes, las desalienta; es una agresión hasta estúpida".

Dos Reis también preside la Central de Entidades Empresarias (CEEN), que agrupa a las cámaras de los distintos sectores y que ayer se encontraba reunida analizando la medida. "Hay 6000 pymes exportando y esto es una sorpresa, nadie esperaba que nos hicieran una cosa así", manifestó el dirigente empresarial.

Quejas

Otro que participó de esa reunión fue el vicepresidente de la Asociación de los Importadores y Exportadores de la República Argentina (Aiera), Luis Duarte. "Ya recibimos a diario quejas de empresas, aunque esta resolución comenzará a regir en diciembre. El reempadronamiento tiene que existir, pero no debe ser para indignar a las pymes", expresó.

En un comunicado dirigido al jefe de la AFIP, Alberto Abad, el presidente de la Aiera, Horacio Consolo, dijo que la medida "presenta una exigencia imposible de cumplir por el grueso de las pymes".

El director general de Aduanas, Ricardo Echegaray, afirmó en otro comunicado que las medidas tienen por objeto "depurar de manera dinámica el Registro de Importadores y Exportadores" y que ellas no son obstáculo para los empresarios: "Desde el 20 de octubre se vienen incrementando los trámites de inscripción al Registro entre el 20 y el 25%", destacó.

Según pudo saber LA NACION, ese organismo, que depende de la AFIP, no considera los montos en cuestión obstáculos para las empresas que se dedican a exportar e importar.

Dos Reis sostuvo lo contrario. "Esperamos una nueva respuesta del Gobierno, porque todavía no encontramos respuestas lógicas; no sabemos quién mueve los piolines para este castigo", dijo.

Para Duarte, "esto no afecta a las grandes empresas ni tiene como objetivo prevenir el contrabando, porque depositar 30.000 pesos es irrisorio para los que contrabandean".

Una empresa que se siente perjudicadas es Condimentos Argentinos, una SRL constituida el año pasado que exporta a Chile y Paraguay. "Exportamos sin recibir créditos, sin apoyo, estamos habilitados y no debemos nada. ¿Qué es lo que tenemos que garantizar?", manifestó, indignado, Guillermo Polack, uno de sus socios.

Polack contó que en la pyme trabajan dos socios y siete empleados. "El año pasado facturamos $ 290.000, por lo que tendríamos que depositar los 30.000 para seguir exportando o perdemos los mercados, a pesar de que este año ya llevamos más de 500.000 de facturación. Y la verdad, prefiero poner ese dinero en mi empresa y no en un depósito", dijo.

Duarte afirmó que "la Fundación Exportar y la Sepyme [la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa] están tan preocupadas como nosotros". Son los organismos gubernamentales que fomentan la actividad exportadora de las pymes.

Esteban Rafele