Domingo 27 - Por Cecilia Devanna - Advertido por intendentes y dirigentes territoriales, el Gobierno busca evitar que en el inicio de diciembre, un mes históricamente cargado de demandas en la calle, se tense demasiado la situación social. Para eso apunta a volcar fondos por distintas vías, que van desde la suba del salario mínimo y las jubilaciones hasta el incremento del plan Alimentar y la instrumentación de un bono para fin de año. Si bien remarcan que no existen condiciones para que haya una crisis, se producirá que atravesarán un momento sensible por la elevada inflación. 

Con diciembre pocos días antes de comenzar y con los fantasmas que siempre trae aparejados, el Gobierno avanzó esta semana con una serie de medidas económicas en busca de dar respuesta y contener a los sectores más vulnerables ante el temor de un cierre de 2022 caliente. Si bien buena parte de los funcionarios consultados por la nación se mostró optimista de que no habrá conflictividad social, la realidad es que la preocupación sobre todo por la situación en el conurbano bonaerense está presente y mantiene las alertas.

Aumento del salario mínimo, vital y móvil, refuerzo del plan Alimentar y suba en el piso de las jubilaciones mínimas es parte de lo que se activó en los últimos días desde Balcarce 50, mientras continúa en estudio los alcances del bono que anunció Alberto Fernández en su paso por París, a mediados de este mes. “En la emergencia, llegando a fin de año, entendemos que hay salarios más postergados ya ellos vamos a tratar de ir en su auxilio”, dijo el mandatario. Todavía se desconoce el universo que resultará beneficiado y con el monto que lo será. Quedó descartada la propuesta del kirchnerismo para instrumentar una suma fija.

La información sobre lo que sucede en los sectores más castigados llega a Casa Rosada fundamentalmente vía intendentes, que hacen foco en la vulnerabilidad social que muestra en especial el según cordón del conurbano. “Desocupación”, “pobreza” y el impacto profundo de la “inflación” es solo parte de lo que escuchan.

Los relatos hablan de un desmembramiento fuerte del tejido social, que lleva años en una dirección descendente, exacerbado ahora por el impacto de la inflación que aunque muestra signos a la baja, está lejos de un número que muestre un alivio. “La ayuda llega y está, eso contiene y tranquiliza, pero sabemos que es insuficiente”, se sinceran en distintas terminales del Ejecutivo para explicar los motivos por los que creen que no habrá conflictividad, pero sí mayores demandas.

En las últimas semanas, tanto antes como después de su gira por Francia e Indonesia, Fernández se reunió con intendentes, que acercaron parte de esas preocupaciones. Los movimientos sociales cercanos son otros de los que transmiten la difícil situación que se vive en los sectores más vulnerables. A comienzos de este mes, a la salida de la reunión en Balcarce 50 con el mandatario, el intendente Alberto Descalzo, de Ituzaingó, dijo que le hicieron saber al Presidente “las necesidades del conurbano bonaerense, sobre todo en lo que hace a la vulnerabilidad social del segundo cordón”. Esta semana Descalzo fue uno de los que volvió a Casa Rosajeres da. Tras ese encuentro Fernández utilizó su cuenta de Twitter para afirmar: “Recibí a los intendentes Alberto Descalzo, Juan José Mussi y el diputado Julio Pereyra, con quienes repasamos la situación en Ituzaingó, Berazategui y Florencio Varela. Tuvimos una buena reunión sobre lo que estamos haciendo y lo que aún falta para garantizar el bienestar del pueblo”.

En ese sentido, mientras el Gobierno busca definir a quiénes alcanzará y de cuánto será el bono de fin de año, lo que se espera que se conozca en el correr de las próximas semanas, sí logró avanzar esta semana con algunas medidas para los sectores más castigados.

En Casa Rosada se capitalizó el acuerdo al que se llegó, tras una reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el salario mínimo, vital y móvil, para la suba del 20% de la remuneración básica, que pasará de 57.900 a 69.500 pesos en marzo. El aumento será en cuatro tramos, de diciembre a marzo: diciembre, 7%, enero, 6%, febrero, 4% y marzo, 3%. De esta formar, el salario mínimo tendrá un incremento de 110% entre marzo 2022 y marzo 2023.

Confirmaron también un 40% de aumento para la Tarjeta Alimentar, lo que implica que los nuevos valores que percibirán los sectores más golpeados por la crisis económica y social serán de $12.500, para quienes tienen un hijo o hija, sean muembarazadas o personas con discapacidad. En tanto que quienes tengan dos hijos recibirán $19.000 y quienes tengan tres o más, $25.000. El universo de personas alcanzadas por este programa llega a más de 2 millones de familias con un total de 4.046.899 niños.

En el Gobierno explicaban que, con este aumento, los fondos públicos invertidos en la prestación alimentaria pasan de $27.616 millones a $38.519 millones, lo que significa un incremento del 90% al programa en lo que va del año.

El otro pilar sobre el que el Gobierno busca contener la situación es el de las jubilaciones. En ese sentido anunciaron que desde diciembre ninguna jubilación quedará por debajo de los 60 mil pesos y describían que el aumento por movilidad que alcanza a 17 millones de personas que perciben jubilaciones, pensiones y asignaciones que recibirán un aumento del 15,62%.

Tras lo que hacen hincapié en que habrá un refuerzo de haberes para más de 6 millones de jubilados y pensionados que reciben hasta 2 haberes mínimos. Se pagará en diciembre, enero y febrero y será de $10.000 por mes para quienes perciban hasta una jubilación mínima e irá decreciendo progresivamente hasta los $7000 para quienes perciban hasta dos haberes mínimos. Con esas modificaciones, explicaban que “la jubilación mínima alcanzará un aumento anual del 107% en 2022, ganándole a la inflación”. Y agregaban que eso también impacta en quienes cobran Asignación Universal por Hijo (AUH), que pasará a ser de $9.795.

Las medidas que apuntan a contener a los sectores más vulnerables se dan frente a fin de año y la primera parte de 2023, marcado por la antesala electoral, lo que enciende aún más las alarmas.

En Hacienda, por su parte, se enfocan en “bajar la inflación y en que la paritaria contra eso genere recuperación de ingreso”, según detallan. Tras lo que explican que los técnicos del equipo económico de Sergio Massa plantean que “hay una desaceleración de la inflación que se va a empezar a ver en los próximos meses”. Completan asegurando que el índice de octubre “arrojó dos datos positivos: la inflación núcleo fue de 5,5%, bastante menor que la general que fue de 6,3% y la mayorista fue de “solo” el 4,8%, lo que significa menos presión de costos para las empresas”, afirman. Eso, agregan, sin contar el impacto de Precios Justos, lo que confían en que desacelere la inflación.

Se ilusionan así con que la inflación que viene va a tener un 5 adelante. Y en ese sentido no son pocos los que se ponen como objetivo el 3,8% de inflación para cuando concluye el primer semestre. Saben que el número es altísimo, pero aun así creen que si lo lograran tendrán margen de dar pelea en las urnas.