Por Carlos Burgueño - El Gobierno está a días de volver a negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) los lineamientos de lo que debería ser el cumplimiento de objetivos (no metas) dentro del Facilidades Extendidas firmado el 25 de marzo pasado. Saben en el Ejecutivo que el 1,9% de déficit fiscal, el 0,9% de emisión monetaria y el incremento de las reservas en no menos de u$s 4.800 millones, son exámenes que habrá que aprobar. Sí o sí. Sin embargo, saben también en el Palacio de Hacienda que otros capítulos, si se cumplieran las tres metas, pueden ser negociables. Dentro de estos se presume en Buenos Aires que el “revalúo inmobiliario” tampoco podrá ser aplicado durante el 2023.

Tal como adelantó este medio, la aplicación de estas reformas en la valuación de los bienes inmobiliarios de todo el país, y en todas las provincias (sin excepción) tendría que haber sido aplicada desde este mismo ejercicio. Fue lo que se incluyó en el acuerdo de marzo, y que tendría que haber sido ya reglamentado para que al 31 de diciembre próximo estuviera vigente en todo el territorio nacional. Esto hubiera implicado que ya en 2023, cuando se liquide el tributo del presente año, la recaudación aumentara sustancialmente por el alza de uno de los rubros más importantes del impuesto. Sin embargo, por cuestiones políticas y legales (CABA, Mendoza, Córdoba y otras provincias clave se negaron a avanzar en la idea), el compromiso del ex ministro de Economía (el más importante en cuanto a la mejora real de la recaudación sin tomar en cuenta la inflación), no pudo ejecutarse; y durante la última visita de los funcionarios argentinos a Washington el tema se trató, y hubo un nuevo compromiso renovado de volver sobre el proyecto en 2023. Pero, obviamente, dependiendo de la evolución de las hoy muy complicadas relaciones políticas con las provincias manejadas por la oposición que deben aplicar los incrementos en las valuaciones, es que el tema quedó suspendido. Sin embargo se sabe que el FMI volverá a la carga y le exigirá al Gobierno de Alberto Fernández que avance en este capítulo comprometido con la sede de Washington para ser aplicado en el próximo ejercicio. El problema que ya conocen en el Palacio de Hacienda, es que prácticamente ninguno de los gobernantes, fundamentalmente opositores, incluyó el revalúo en sus presupuestos ya aprobados por las legislaturas para el 2023; año que, además, es electoral y en el cual, obviamente, pocos políticos querrán enfrentar un ejercicio con un ajuste inmobiliario. En esta línea se encuentran, entre otras provincias y regiones, CABA, Mendoza, Córdoba, corrientes y Jujuy.

Para el organismo que conduce Kristalina Georgieva, el revalúo inmobiliario es uno de los dos capítulos comprometidos en su momento por Martín Guzmán (el otro es la eliminación de subsidios a las tarifas de luz, gas y agua) al negociar el acuerdo vigente, donde se presumía un real y efectivo incremento de la recaudación real; por fuera del alza de los ingreso que produce la inflación. El incremento del valor de las viviendas de todo el país es además permanentemente reclamado por el Fondo, que viene pidiendo medidas de este tipo desde los acuerdos con la Argentina de los 90.

Para el acuerdo vigente, y según los cálculos que había realizado Guzmán, el revalúo hubiera permitido ingresos por unos $15.000 millones ya este año; pero que se hubieran incrementado en casi $130.000 millones para el 2023 debido al alza de la recaudación en Bienes Personales. Este impuesto obliga a tributar según las posesiones al 31 de diciembre de cada año, con lo que un alza en la valuación inmobiliaria durante este año, hubiera obligado a aumentar la base imponible del impuesto. Finalmente, esto no ocurrió. Al menos en las regiones opositoras.

El acuerdo con el organismo financiero firmado en marzo pasado incluye el siguiente párrafo en el capítulo donde figuran las promesas de mayor recaudación fruto de la política tributaria: “En estrecha coordinación con gobiernos provinciales, a fines de septiembre culminaremos el proceso de actualización de revalúos inmobiliarios a nivel federal (referencia estructural) a fin de que comiencen a regir a partir del ejercicio fiscal 2022. Los rendimientos netos de coparticipación de esta iniciativa podrían alcanzar el 0,1% del PBI para el año fiscal 2022 y un 0,2% adicional del PBI durante los próximos años”.