Por Laura Serra - Ya es un clásico: en un contexto de aceleración inflacionaria, el Poder Ejecutivo apeló una vez más a un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para cubrir los gastos presupuestarios acumulados a fin de año. Sin embargo, en este último decreto –el 829/2022– el Gobierno no solo aumentó el gasto –en este caso por un total de $1,53 billones–, sino que también dispuso otra importante suba de la deuda pública por poco más de un billón de pesos.

“En pleno Mundial de fútbol y 16 días antes de terminar el año, el Gobierno emite un DNU para subir el gasto y autorizarse a sí mismo a contraer más deuda”, advirtieron los diputados de la UCR encabezados por Mario Negri y Lisandro Nieri, este último, miembro de la Comisión de Presupuesto.

Los opositores se sienten impotentes ante cada decreto del Gobierno: el kirchnerismo, que controla la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo –encargada de supervisar los decretos del Poder Ejecutivo–, solo la convocó una vez en todo lo que va del año, pese a que la ley obliga a esta comisión bicameral –que, por su importancia, es de carácter permanente– a expedirse en plazos perentorios.

Como consecuencia de esta parálisis, ya suman 68 los decretos del Gobierno que todavía no tienen el aval legislativo.

“El gobierno nacional saltea el control del Congreso mientras hace la pantomima de pedir diálogo a la oposición”, despotrican los opositores.

La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) realizó un detalle minucioso del articulado y de las 627 páginas anexas que constituyen este último decreto. Allí da cuenta de que el Gobierno dispuso un incremento en el cálculo de recursos por $406.242,4 millones y un aumento de gastos por $1.513.667,0 millones.

“Esto determina una desmejora en el resultado financiero de la Administración Pública Nacional de $1.107.424,6 millones”, señala ASAP, que detalla que en el mismo decreto las fuentes aumentan en $2,2 billones y las aplicaciones financieras en $1,09 billones.

Detalles de la suba

Entre los principales aumentos presupuestarios figuran:

* Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: se incrementa el presupuesto vigente en $486.961,3 millones, básicamente destinados al pago de prestaciones previsionales, asignaciones familiares, para el programa de Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), entre otros rubros.

* Servicios de la deuda pública: se aumentan los créditos en $426.435 millones.

* Ministerio de Desarrollo Social: se refuerza el presupuesto en $124.975,2 millones, de los cuales $75.519,7 millones son asignados al programa Potenciar Trabajo y $45.561,4 millones a políticas alimentarias. Además, los gastos en personal aumentan en $2.596 millones.

* Ministerio de Seguridad: se aumenta el presupuesto vigente en $114.009,7 millones.

* Presidencia de la Nación: se amplían los créditos por 57.312,6 millones, de los cuales $52.561,5 millones son destinados a la Agencia Nacional de Discapacidad principalmente para la atención de pensiones no contributivas.

* Ministerio de Educación: se refuerzan las partidas en $44.231,1 millones.

* Poder Judicial de la Nación: se amplían los créditos en $17.160,0 millones. Se destinan $15.560,0 millones al Consejo de la Magistratura y $1.600,0 millones a la Corte Suprema, en ambos casos principalmente para Gastos en Personal.

* Ministerio de Transporte: se aumentan los créditos en $16.988,2 millones.

En el articulado del DNU aparecen algunos datos que, para la oposición, son por demás controvertidos. Uno de ellos es el que prorroga el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País por $48.000 millones.

“Este es un monto muy por debajo de lo que las provincias esperaban. Se condena al interior del país a pagar un boleto mucho más caro que en el área metropolitana”, despotricó el mendocino Nieri.

Por otra parte, agregó, el decreto confirma que los planes Soja I y Soja II, por los cuales el Ministerio de Economía subsidió a los exportadores de soja para inducir la liquidación de sus cosechas, serán afrontados con mayor emisión del Banco Central, que tomó títulos de deuda pública del Tesoro.