Por Gabriela Origlia - CÓRDOBA.– Hoy se llevará a cabo una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación por el conflicto que desde hace un mes afecta al puerto de Rosario. La terminal está paralizada, según coinciden diferentes sectores empresarios, que estiman en 1500 los contenedores frenados. La conciliación obligatoria dictada por Trabajo venció ayer, pero las partes acordaron continuar con las negociaciones.

El problema se suscitó entre la concesionaria Terminal Puerto Rosario (TPR) y el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA). “La industria no es parte de esto, sino rehén”, afirmó Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) a la nacion. “Nos preguntamos hasta dónde llega la posibilidad de una medida de fuerza; una cosa es la tensión entre las partes, y otra la afectación y los daños a terceros”, agregó.

El conflicto, que se arrastra desde comienzos de diciembre, se originó por los despidos ordenados por la concesionaria de TPR que, además, descontó del salario días de huelga y subió de 6 a 8 horas la jornada laboral. En las reuniones mantenidas hasta el momento, la empresa reincorporó a algunos agentes, mejoró la oferta salarial y retrocedió con la prolongación de jornada. Hay cinco empleados sin reincorporar aún. Desde el Ministerio de Trabajo indicaron a la nacion que “hubo avances y se continuará negociando”.

En tanto, el diario La Capital de Rosario dio cuenta ayer de que uno de los empleados que figura en la lista de despedidos se encadenó al portón de acceso a la terminal y amenazó con prenderse fuego si la empresa no da marcha atrás con las cesantías decididas. La situación motivó que se desplegara un operativo especial en la zona.

Funes de Rioja insistió en que el conflicto está afectando “seriamente la producción”. La UIA estima en 1500 los contenedores frenados; más de 700 de ellos contiene carga industrial. “Una parte de eso impide que se reanude la cadena de valor de la industria automotriz, farmacéutica, de la alimentación –señaló el directivo–. Por el tiempo que lleva sin solución este conflicto, hay degradación de la mercadería y son fortunas las que se pierden por eso, por el pago de la estadía y también porque se para la producción”.

Otro aspecto que remarcó el presidente de la UIA es que, en algunos casos, la situación obligará a una complicación extra. “En ciertos casos, se necesitará volver a hacer la importación, para lo que, no solo el proveedor debe estar disponible, sino que hay que superar también los trastornos que estamos teniendo para importar”, explicó el directivo de la entidad fabril a este medio.

Por su parte, César Aybar, secretario general del SUPA, planteó que en TPR hay “desidia y falta de inversión” que llevan a que las terminales portuarias que explota no estén en condiciones. “No se puede seguir tolerando esto, puesto que pone en peligro cierto al puerto de Rosario, a sus trabajadores y a la actividad que el sector presta”, afirmó el gremialista.

De la misma manera, Elsa Marinucci, de la empresa de logística y distribución Transmodal, comentó: “Se ha complicado todo. Se generan costos extras muy importantes, que no se pueden absorber”.

Desde el Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro), indicaron que vienen realizando intimaciones a la concesionaria para que cumpla con las condiciones del contrato en lo que hace a inversiones y mantenimiento. A TPR, con quien la nacion intentó comunicarse sin que hubiera una respuesta, le quedan nueve años de concesión de los muelles estatales en Rosario.

Costos extras

Juan Arloro, de la empresa de logística Almar Rosario, dijo que las importaciones y exportaciones están sin operar desde el inicio del conflicto, lo que genera costos extras muy altos. “Por ejemplo, lo que llega desde afuera va a Zárate con costos adicionales, en especial en transporte terrestre, que aumentó un 120% en sólo un año. Un flete terrestre entre Zárate y Rosario cuesta más que desde el norte de Europa a Rosario”, subrayó.

TPR, que da empleo a 600 personas, es una sociedad integrada por el operador chileno Ultramar y por la argentina Vicentin. Los chilenos ingresaron con el 30% del capital y los argentinos, en tanto, se hicieron cargo de la parte comercial. Hubo negociaciones para extender la concesión, pero en 2020 quedaron en la nada. Fuentes privadas indicaron a este medio que la inversión necesaria ronda los US$100 millones.

En la primera semana de diciembre, el Enapro desplazó de su directorio a TPR y la reemplazó por la concesionaria de los muelles VI y VII del puerto, la empresa Servicios Portuarios (Sepor).