Por Cecilia Devanna - En 2022, la Argentina no presentó cambios respecto del año anterior en el Índice de Percepción de Corrupción que elabora la ONG Transparencia Internacional (TI): sobre 100 puntos posibles obtuvo 38. La única modificación fue en el puesto que ocupa el país, que pasó del 96 al 94, pero solo por cambios en otros países, no por mejoras propias. Se encuentra en una ubicación semejante a la de Marruecos, Etiopía, Brasil, Moldavia y Colombia.

“Estamos estancados y, como siempre, aplazados”, dijo a la nacion Delia Ferreira Rubio, presidenta de TI. Explicó que se ven “casos de corrupción, denuncias de periodistas, de organizaciones civiles y que sobre ellos hay un gran manto de impunidad. Y eso genera percepción de que la corrupción es muy alta en la Argentina”. Ubicó como “telón de fondo” para la corrupción el “deterioro de la calidad de las instituciones, ataques a la independencia judicial y falta de seguridad jurídica”.

En la misma línea se expresó Marcelo Bermolén, director del Observatorio de Calidad Institucional y profesor de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Consideró que “la Argentina vuelve a ser aplazada en la lucha anticorrupción en un marco de estancamiento, anomia y luchas internas de poder”.

Bermolén agregó que con la ubicación en la que quedó en el ranking, “la Argentina se mantiene en el pelotón de países latinoamericanos relegados, junto a Colombia y Brasil, muy por debajo de los líderes de la transparencia latinoamericana, que siguen siendo Chile y Uruguay; solo Venezuela y Paraguay muestran peores resultados”.

Entre 2020 y 2022, la Argentina retrocedió 18 casilleros en el índice anticorrupción de TI y quedó ubicada en el puesto 96 entre 180 países. A su vez, en 2020 ya había perdido 12 puestos en el ranking mundial.

El índice, donde la mejor puntuación es 100 y la peor, 0, califica a los países según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público, construido a partir de datos de siete fuentes externas: encuestas y evaluaciones realizadas por varias instituciones que incluyen a especialistas en la materia, empresarios y consultoras.

En la Argentina no se observan cambios durante los últimos años “producto de que no se han llevado adelante políticas innovadoras en materia de lucha contra la corrupción, y el tema no está dentro de la agenda pública del gobierno”, señala Pablo Secchi, de la ONG Poder Ciudadano.

En su análisis, Secchi indicó que “se podría destacar como positivo el avance en políticas de integridad del Ministerio de Obras Públicas, especialmente lo relacionado con el Mapa de Inversiones, y el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE) impulsado por la Oficina Anticorrupción (OA) con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para contribuir al desarrollo y mejora de los programas de integridad, el intercambio de buenas prácticas y la promoción de ambientes transparentes en negocios y mercados”.

Ante la consulta de la nacion por la ubicación del país en el ranking, no hubo respuesta oficial del gobierno de Alberto Fernández.

Oficina sin jefe

El rol de la Oficina Anticorrupción (OA), dependiente del poder de turno y caracterizada por no emitir más que recomendaciones frente a sospechas de corrupción, no está exento de la mirada de los expertos. “Fracaso coronado con la reciente salida de Félix Crous como titular de la OA, en la práctica una institución dependiente del poder que se reduce a formalizar meras recomendaciones”, resalta Bermolén. El especialista destacó: “Mientras la energía del Gobierno está puesta en sitiar a la Corte Suprema y propiciar la exoneración de sus dirigentes, la sociedad mantiene a la corrupción en el podio de los problemas más severos que afectan a la Argentina, detrás de la inflación y la situación económica del país”.

Mientras que la OA está acéfala desde la salida de Crous, a finales de 2022, el avance contra la Corte suma capítulos en el Congreso. “Es un aspecto preocupante el enfrentamiento constante entre el Gobierno y la Justicia que terminó con el pedido de juicio político a la Corte”, destacó Secchi. También subrayó como otro aspecto que atenta contra la situación local en materia de corrupción el hecho de que el Congreso no haya avanzado “con la prometida reforma de la ley de ética en el ejercicio de la función pública, ni con la de obras públicas”.

Ferreira Rubio sí destaca como un punto positivo el hecho de que se haya logrado una veredicto condenatorio en la causa Vialidad, que llevó a Cristina Kirchner a juicio oral y público.

Bermolén también consideró que, en materia de calidad institucional, “los avances son esporádicos, vinculados a exigencias internacionales, crisis políticas, escándalos o tragedias que exponen las debilidades y falencias de un sistema que facilita la impunidad”.

Los primeros de la lista

A nivel global, el ranking es encabezado por Dinamarca, con 90 puntos, seguido por Finlandia y Nueva Zelanda, con 87 puntos cada uno. Las peores posiciones fueron de Venezuela, con 14 puntos; Siria y Sudán del Sur, con 13, y Somalía, con 12. En el top ten de países con los mejores estándares en lucha anticorrupción están Noruega, Singapur, Suecia, Suiza y los Países Bajos. Estados Unidos se ubica en el puesto 24, y el Reino Unido, en el 20.

Ferreira Rubio introdujo como punto central en el ranking “la diferencia en cómo reaccionan ante la corrupción” los distintos países y los niveles de tolerancia que presentan las sociedades frente a esos hechos. Como ejemplo, señaló lo que sucedió en el Reino Unido y la Argentina frente a las fiestas que en plena cuarentena por Covid-19 encabezaron sus líderes, Boris Johnson y Fernández, respectivamente, y las consecuencias que tuvieron cada uno. Para el primero marcaron el principio del fin de su gestión, mientras que para el segundo la crisis derivó en el pago de una multa.